¤ Luces y sombras en el trato entre las dos instituciones desde las reformas de 1991

Tras 10 años de experimentos, concluye la "etapa de aprendizaje" en la relación Estado-iglesias

¤ La educación religiosa en escuelas y la promoción de la tolerancia, temas de la nueva agenda

¤ El marco juridíco que rige los nexos entre las dos entidades es ya insuficiente: expertos

JOSE ANTONIO ROMAN

Marcadas por las históricas reformas constitucionales en materia religiosa de hace diez años, las relaciones entre el Estado y las iglesias parecen haber llegado al final de una "etapa de aprendizaje". A partir de ahora, ante un panorama totalmente distinto, el uso de los medios masivos de comunicación, la educación religiosa en las escuelas públicas, el tratamiento fiscal y el pleno respeto a la libertad y a la tolerancia religiosa serán los temas de la agenda.

En esta década, Estado e iglesias han tenido que aprender a tratarse dentro un marco legal que para algunos resulta "ya insuficiente" y requiere, cuando menos, algunas adecuaciones. También se han dado momentos de "crisis", como el vivido con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; pero también los ha habido de encuentros, como las visitas recíprocas de los presidentes de México y el papa Juan Pablo II.

En medio de todo esto, se escucha con frecuencia el reclamo de las congregaciones protestantes ante los distintos niveles de gobierno por una marcada preferencia hacia la iglesia mayoritaria, que se refleja no sólo en los encuentros regulares de los políticos y la jerarquía católica, sino en los casos de intolerancia religiosa, los cuales se presentan casi siempre a partir de la negligencia de las autoridades civiles.

Con constantes cambios de los hombres que han tenido la responsabilidad directa de mantener las relaciones con las iglesias y sus líderes (en diez años son nueve los funcionarios que han pasado por la Oficina de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación), el gobierno parece no haber definido una política de Estado en la materia, adecuándose a las coyunturas y a los principios constitucionales que quedaron en pie tras las reformas impulsadas por el presidente Carlos Salinas, como la laicidad y la separación Estado-iglesias.

También en estos años se ha dado una importante renovación en el Episcopado Mexicano. El nuncio Girolamo Prigione ya no está, tampoco aquellos obispos que crecieron en un ambiente "hostil" o "tolerante" hacia la Iglesia católica. Muchos de los obispos de hoy se replantean la tarea evangelizadora a través de los medios y de la impartición de religión en las escuelas.

Por cierto, estos ofrecimientos, entre otros, fueron los que planteó el presidente Vicente Fox a las iglesias durante su campaña electoral. Pero a un año de gobierno parecen haber quedado lejos esas expectativas de cambio que sus promesas generaron.

El camino de lo secreto a lo público

Aprobado en lo general por la 55 Legislatura de la Cámara de Diputados, en su sesión del 17 de diciembre de 1991, el dictamen de las reformas y adiciones de los artículos tercero, quinto, 24, 27 y 130 constitucionales marcó el inicio de la "modernización" de las relaciones entre el Estado y las iglesias, anunciada por el presidente Carlos Salinas desde el mismo día de su toma de posesión.

Cinco de los seis partidos políticos que en ese momento conformaban la Cámara -PRI, PAN, PRD, PARM y PFCRN- avalaron con sus votos las reformas, en tanto el PPS se opuso férreamente a dichos cambios por considerarlos una "contrarreforma" que atentaba contra la historia de México.

Cuatro días después, el 21 de diciembre, el Senado de la República aprobaba los cambios; semanas más tarde, el 27 de enero de 1992, el jefe del Ejecutivo y principal impulsor de los históricos cambios firmaba en su despacho, con un enorme cuadro de Benito Juárez a sus espaldas, los decretos promulgatorios. Terminaban así 130 años de indefinición en las relaciones Estado-iglesias.

A partir de entonces estas últimas, que fueron denominadas asociaciones religiosas, gozan de personalidad jurídica; tienen facultad para poseer y administrar bienes; los ministros de culto pueden votar, y tras previa separación de su ministerio también pueden aspirar a un cargo de elección popular, además de que en las escuelas particulares se permite la impartición de catecismo, entre muchas otros derechos que les fueron reconocidos.

Para el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Abelardo Alvarado Alcántara, y el director general de la Sociedad Bíblica de México, el pastor presbiteriano Abner López, en estos primeros diez años de las relaciones tanto el Estado y como las iglesias han vivido un "proceso de aprendizaje" para saber cómo tratarse mutuamente. Hasta ahora, coinciden los religiosos, el balance es "positivo", aunque debe avanzarse en ese camino.

Lo que alguna vez fueron encuentros "secretos" y "casi ocultos" entre los hombres del poder político y los ministros de culto, sobre todo de la Iglesia católica, han pasado a "ser y verse normales". Las relaciones entre el Estado y las iglesias son vistas ya como algo cotidiano por una sociedad cada vez más plural, también en lo religioso. Además, las declaraciones de los jerarcas, con mucha frecuencia vinculadas con temas sociales e incluso políticos, también tienden a tolerarse.

Sin experiencia alguna, durante esta década el gobierno mexicano ha tenido que montar sobre la marcha las diferentes oficinas que se han hecho cargo en forma oficial de mantener la relación con las iglesias, siempre dentro del organigrama de la Secretaría de Gobernación (SG). En ese tiempo, estas oficinas han cambiado frecuentemente su nombre, desde una simple subdirección de área hasta una subsecretaría, pasando por una dirección y una coordinación general.

Hay que recordar que todavía en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid la instancia gubernamental que atendía las cuestiones religiosas se llamaba Subdirección de Armas de Fuego, Explosivos y Asuntos Religiosos, dependiente también de la SG.

Y si las diferentes instancias de gobierno han cambiado de nombre y rango de forma radical, también ha variado el número de funcionarios que han pasado por esas oficinas. En estos diez años, nueve han sido los encargados de llevar la relación con las iglesias, casi todos desconocedores del tema, que han tenido que aprender sobre la marcha.

Así, han pasado por esas oficinas Antonio Quintana, Nicéforo Guerrero, Javier Urbina, Andrés Massieu, Gabino Fraga, Guillermo Jiménez Morales, Rafael Rodríguez Barrera y Humberto Lira Mora. En esta nueva administración, el presidente Fox designó a Javier Moctezuma Barragán como nuevo subsecretario de Asuntos Religiosos, pero hace algunos meses el cargo se fusionó con otras áreas de la SG y hoy se llama Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Tres temas muy complejos e importantes para el país. Muchos religiosos y laicos se refieren a ella como la "supersubsecretaría".

En este tiempo, el promedio de estancia de los funcionarios en esta área es de poco más de un año. A juicio de Fred Alvarez, quien entre 1994 y 1997 fue director de área y asesor para asuntos religiosos, los constantes cambios demuestran que el gobierno mexicano carece de una real política de Estado hacia las iglesias, y que gran parte del trabajo se ha sacado sobre la marcha. No ha habido interés alguno en la profesionalización del cargo y varias veces fue "premio de consolación" o refugio para algunos políticos.

Otra prueba, señala, es que en todo este tiempo el gobierno no ha emitido el reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, legislación secundaria del artículo 130 constitucional que entró en vigor el 15 de julio de 1992. Este reglamento, agrega Alvarez, ha sido la "banderita" de casi todos los directores y subsecretarios de Asuntos Religiosos, quienes han elaborado varios proyectos, que siempre se quedan en el cajón de los pendientes. Todavía hoy en la SG se discute si es conveniente emitirlo.

De lo rescatable, Nicéforo Guerrero, actual subsecretario de Energía, organizó desde mediados de 1992 la entonces Dirección General de Asuntos Religiosos de tal forma que todavía, a ocho años de distancia, opera esencialmente igual. Guerrero estuvo en el cargo casi dos años.

El asesinato de Posadas, el punto más bajo

Marcadas históricamente por tensiones y acercamientos, las relaciones entre el Estado y la iglesia católica tuvieron en 1993, con el asesinato del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el momento más difícil desde la aprobación de las reformas constitucionales.

En tanto, la visita que el presidente Carlos Salinas hizo al Vaticano en 1991; las múltiples deferencias que tuvo con la jerarquía eclesiástica, incluyendo desde luego al papa Juan Pablo II, y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el 21 de septiembre de 1992, fueron las acciones que marcaron el clímax de esta relación.

Para Manuel Olimón Nolasco, catedrático de la Universidad Pontificia de México y especialista en el tema, la muerte del cardenal Posadas marcó una "crisis" en las relaciones entre ambas instituciones, pues nunca antes, ni siquiera durante la llamada Guerra Cristera, que cobró miles de muertes en los años veinte, se había atentado contra la vida de un obispo.

"De esa crisis, me parece, todavía no hemos salido totalmente", considera el catedrático, quien entre 1988 y 1994 asesoró al entonces presidente del Episcopado Mexicano y arzobispo de Monterrey, Adolfo Suárez Rivera. Señala que con la muerte del cardenal Posadas afloró la "mentalidad cristera" no sólo de una parte de la jerarquía eclesiástica, sino de algunos grupos radicales ligados a la Iglesia, que responsabilizaron al gobierno de todo lo malo.

Además, el sucesor del cardenal Posadas, el también cardenal Juan Sandoval Iñiguez, pese a la versión del gobierno mexicano de que el homicidio se trató de una confusión entre dos bandas rivales de narcotraficantes, no ha dejado de insistir en fue en realidad una ejecución en la que podría estar involucrada gente del gobierno. Denunció también que en lo personal ha sido objeto de un intento de homicidio por envenenamiento.

Olimón, quien conoció de cerca las negociaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno salinista, se refiere al entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, al presidente Salinas y a su asesor José María Córdoba como los tres personajes esenciales sin los cuales no pueden entenderse las reformas constitucionales que terminaron con uno de los "tabúes" más grandes del México posrevolucionario.

Relata que en una conversación personal, en los tiempos más intensos de las negociaciones en la misma nunciatura, Prigione le comentó: "el hombre de mayor confianza es Córdoba", lo cual demuestra que en este tema el asesor presidencial también "manejaba los hilos políticos". Olimón confiesa que sin la decisión de Salinas y de Córdoba el proyecto de reformas "seguramente habría quedado congelado" y las relaciones hubieran permanecido tal como hasta entonces: de buena voluntad, pero sin marco jurídico y sin reconocimiento de la personalidad legal de las iglesias.

El presidente Miguel de la Madrid, recuerda, nos lo dijo varias veces: "conmigo no habrá cambios legales, pero no se preocupen, aquí no habrá persecución ni nada de eso". La historia hubiera sido igual a la de los últimos gobiernos. Todo bien, pero en privado; encuentros "nicodémicos", a oscuras y en secreto, que se sintetizan en una palabra: simulación.

Los temas de la nueva agenda

Aunque las reformas constitucionales significaron un "avance significativo" en las relaciones Estado-iglesias, hoy el "chaleco parece haber quedado chico". A diez años de distancia, en medio de un panorama nacional e internacional totalmente distinto al de entonces, las iglesias se plantean otras exigencias para ampliar la libertad religiosa.

El uso de los medios masivos de comunicación, la educación religiosa en las escuelas públicas y el tratamiento fiscal son los temas de la agenda en la futura relación con el Estado.

No podemos negar que hubo avances importantes para su momento, pero las reformas necesitan nuevos cambios y con ello dar otros pasos hacia la plena libertad religiosa, señala el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, quien señala que la jerarquía católica aceptó aquellas reformas porque era lo posible y lo que estaba al alcance de la mano.

Sabemos, agrega, que la historia no da saltos, que primero se tenía que consolidar lo que ya se vivía de hecho, y la presencia de la Iglesia católica era una verdad innegable, pero hoy ya es necesario dar otros pasos que conduzcan al pleno respeto de la libertad religiosa de los mexicanos.

Para ello se alista ya el Episcopado. En su próxima asamblea plenaria, en abril próximo, el tema que durante una semana reunirá a los más de cien obispos de todo el país será precisamente la libertad religiosa, donde se hará un balance de estos primeros diez años de reformas, pero también se plantearán las futuras exigencias.

Seguramente recordarán al presidente Vicente Fox su decálogo de promesas sobre libertad religiosa, planteadas desde su campaña electoral, pero que hasta el momento no se han abordado. El entonces candidato ofreció cuestiones muy puntuales, sobre todo en el tema educativo y asistencial: pleno respeto al derecho a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, y mayor apertura de los medios de información a las iglesias.

Pero lo cierto es que el tema religioso ha desaparecido del debate y la agenda nacionales. Ni siquiera se le mencionó en el Acuerdo Político Nacional que suscribieron los dirigentes de los partidos políticos en octubre pasado.

El secretario general de la CEM, Abelardo Alvarado, considera que en un futuro próximo los cambios constitucionales realizados hace diez años deben consolidarse en dos direcciones: primero, en una verdadera cultura de la libertad religiosa, que necesariamente implica el reconocimiento de todos los derechos, incluyendo el que tienen los padres de familia sobre la educación de sus hijos, y segundo, en la tolerancia religiosa promovida por el gobierno, las iglesias y la sociedad en general.

A diferencia de la Iglesia católica, las protestantes, sobre todo las evangélicas, no ven en la impartición de educación religiosa en las escuelas públicas algo necesario que deba plantearse a las instancias gubernamentales, pues históricamente han desarrollo las llamadas "escuelas dominicales" como un camino exitoso para la evangelización.

Sin embargo, el pastor Abner López, de la iglesia presbiteriana, destaca que aun cuando ante la ley todas las congregaciones son iguales y deben ser tratadas como tales, lo cierto es que el gobierno, en sus tres niveles, muestra con frecuencia un trato desigual, privilegiando muchas veces a la Iglesia católica.

Pero es en los medios de información, sobre todo la televisión, donde se percibe con claridad el trato desigual. Para el presidente de la Sociedad Bíblica de México los medios "no están educados" para el pluralismo religioso, situación que necesariamente penetra en la sociedad y de manera implícita fomenta la intolerancia religiosa.

La libertad religiosa, dijo, debe darse en el fomento a una verdadera cultura de la tolerancia, para que las iglesias reciban un trato igualitario ante la ley y otras instancias de la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación.