¤ Riesgo de conflictos por desalojos masivos, reconoce el perredista Edgar Torres

Por negligencia del PRD entraron en vigor las reformas a la ley inquilinaria, acusan panistas

¤ No hay iniciativas sobre el tema de las rentas congeladas, argumenta López Villanueva

MARIA ESTHER IBARRA

Al confirmar que el lunes entró en vigor la reforma a la ley inquilinaria por la cual se pueden efectuar desalojos masivos de habitantes en viviendas con renta congelada, el diputado perredista Edgar Torres Baltazar aseguró que la falta de resolución por parte de la Comisión de Vivienda de la ALDF provocará que se multipliquen los conflictos inquilinarios, y lamentó que no se hubiera emitido una nueva ley para dar solución a este problema.

En tanto, el presidente de dicha comisión, el también perredista Adolfo López Villanueva, negó que hubiera habido omisión o irresponsabilidad de su parte al no haber citado a los integrantes de dicha instancia legislativa para evitar que entraran en vigor las modificaciones de la reforma aprobada en 1993.

A su vez, los diputados panistas Rolando Solís Obregón y Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez manifestaron que la negligencia del PRD en la ALDF hará que 510 mil familias sean desalojadas en estos días, principalmente quienes viven en la delegación Cuauhtémoc.

Al concluir el periodo ordinario del primer año de sesiones de la ALDF, el asunto no fue abordado, por lo que entran en vigor las reformas contenidas en el Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Edgar Torres precisó que de enero de 1999 a la fecha, en los juzgados civiles se presentaron unos 35 mil juicios inquilinarios en sus diferentes categorías: terminación de contrato, controversia de arrendamiento y, en especial, de desahucio, lo que significa que igual número de familias corren el riesgo de ser desalojadas, pacífica o violentamente.

Explicó que a partir del 21 de julio de 1993, cuando se emite una nueva iniciativa de modificaciones y reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles en materia de arrendamiento, el contenido de dichas enmiendas implicaba la cancelación del derecho de los inquilinos y la creación del llamado derecho de preferencia, así como la jurisdicción voluntaria; es decir, notificación al inquilino de que el propietario ya no le quiere rentar y por tanto iniciará un juicio civil por terminación de contrato, controversia de arrendamiento o de desahucio.

Sobre este último punto, las reformas derogaron el juicio especial de desahucio, con lo que esta tipificación, al no existir se sumaría al juicio por terminación de contrato o al de controversia de arrendamiento.

También, señaló el diputado Torres, se libera el monto de las rentas, lo cual permite al propietario definirlas al libre arbitrio, e incluso se autoriza a los caseros a fijar la renta en moneda extranjera.

No obstante lo anterior, López Villanueva argumentó que la ALDF tendría que abordar un dictamen en torno a las rentas congeladas, pero que a la fecha "ni en la Comisión de Procuración de Justicia ni en la de Vivienda hay iniciativas referentes a este problema". Por eso, aseguró que mientras no haya una iniciativa, él en su calidad de presidente de la Comisión de Vivienda no puede dictaminar al respecto.

Entonces, "queremos dejar en claro que no hay omisión de nuestra parte, pues no existe iniciativa en torno a las rentas congeladas", agregó López Villanueva, y dijo que la posición del PRD es que en el periodo en que se revise el Código Civil pelearán para que se mantengan las rentas congeladas.

"No es el momento ni la obligación de la Comisión de Vivienda dictaminar, porque no existe tal iniciativa", insistió López Villanueva. Al respecto, Solís Obregón y Gutiérrez Yáñez aseguraron que el PAN revisará los amparos correspondientes y apoyará a las familias que lo requieran, a través de sus módulos de atención ciudadana y en sus propias oficinas de la ALDF.