Emilio Pradilla Cobos

Conflictividad y ambulantaje

Durante las fiestas de fin de año se agudiza la conflictividad del comercio en la vía pública que conocemos como ambulantaje. Los comerciantes formales suben el tono de su exigencia de "erradicar" la actividad, recurriendo a exageraciones sin fundamento como la afirmación de la Canaco-DF de que este sector concentra 55 por ciento del mercado del Distrito Federal, con ganancias de 250 mil millones de pesos (La Jornada, 26-XII-2001). Los enfrentamientos con las fuerzas del orden, encargadas por las autoridades de limitar su presencia en sitios como el Centro Histórico o áreas centrales de delegaciones y municipios conurbados, o atacar el contrabando y la piratería, se incrementan llegando a la violencia. Por la recesión económica que vive México, este año fue particularmente difícil.

En el tratamiento del problema han dominado visiones unilaterales que llevan a callejones sin salida. El ambulantaje creció rápidamente en las grandes ciudades desde la crisis de 1982, por el aumento del desempleo y la caída de los salarios e ingresos de los trabajadores. Lejos de disminuir el fenómeno, las políticas neoliberales aplicadas desde 1983 lo han hecho estructural, en particular el libre comercio y la inserción subordinada en la globalización, al reducir la masa de trabajadores formales necesarios (hablamos del desempleo real y no la increíble ficción del "desempleo abierto" reseñada por el Inegi), por el cambio tecnológico y la destrucción de pequeñas y medianas empresas no competitivas "globalmente", al contraer en más de dos tercios la capacidad de compra de los asalariados, y sumir en la pobreza o la miseria a más de la mitad de la población mexicana y metropolitana.

Las calles de la ciudad de México no sólo reciben a los capitalinos que buscan resolver en la venta callejera su necesidad de trabajo e ingresos; un tercio de los ambulantes proviene de los municipios mexiquenses conurbados, con mayores índices de pobreza. Los compradores también forman parte de la masa empobrecida, cuyos ingresos son insuficientes para pagar los altos costos y ganancias monopólicas del comercio formal, por lo que corren todos los riesgos que tiene el comprar en la cale.

Sobre las espaldas de los vendedores callejeros se construyó una trama de intereses y corrupción de líderes, policías y funcionarios, y también de empresarios capitalistas informales como grandes contrabandistas globalizados, distribuidores e intermediarios, fabricantes piratas y comerciantes formales que usan a una parte de los ambulantes como desdoblamiento de los negocios. Son ellos los que obtienen la mayoría de los beneficios y nadie los ataca ni golpea, mientras los ambulantes obtienen una mísera subsistencia y son blanco de todos los ataques. La venta callejera está ligada a la producción industrial nacional y trasnacional cuyas mercancías comercializa, independientemente de las condiciones en que lo haga.

Desde los años 90 se han aplicado muchos programas de "reordenamiento" y erradicación, que han fracasado por no responder al problema de fondo: el empobrecimiento generalizado. Se construyeron plazas y mercados que permanecen semivacíos, pues su ubicación y operación no corresponde a la lógica de la venta callejera; los lugares dejados por los que se "formalizan" son ocupados por otros ambulantes. Se desalojan temporalmente áreas centrales o nodos de transporte, pero surgen nuevos puntos de concentración en toda la ciudad, donde existan flujos importantes de trabajadores como clientela. Los intentos de volver contribuyentes a los comerciantes informales, algunos realmente pueriles, fracasan por la naturaleza y movilidad de la actividad, y por las prácticas de evasión de los proveedores formales e informales. El uso y control de los ambulantes por los partidos políticos de gobierno u oposición, es otro factor de ineficacia de los programas de reordenamiento.

Lo obvio es que la solución del problema y sus efectos urbanos nocivos será a largo plazo y supondrá resolver problemas estructurales: reconstruir la base productiva y el mercado interno; reducir notoriamente el desempleo real; reponer el salario y los ingresos perdidos por los trabajadores; desmantelar las redes empresariales ilegales o evasoras; erradicar la corrupción administrativa y política; imaginar soluciones urbanas más acordes con la realidad de vendedores y compradores, etcétera. Es decir, cambiar el patrón económico y social vigente. Mientras no cambiemos la óptica represiva y focalizada de enfrentar el ambulantaje y no avancemos en la solución de sus causas y condiciones estructurales, seguirán fracasando los programas de erradicación o "reordenamiento". Además, no todo comercio en vía pública tiene que ser combatido; una parte es necesario para la vida urbana y parte de su identidad. En la situación actual la dramática disyuntiva podría ser: ambulantes o delincuentes.