¤ La lucha por preservar la protección a los creadores se remonta a 1996

Cambios legislativos al ISR pondrían en riesgo la gestoría cultural alternativa a la del Estado

¤ Asociaciones civiles, bibliotecas y espacios museísticos, entre los posibles afectados

¤ El artículo 77 fracción XXX condiciona la tasa cero a ingresos hasta $28,400 anuales

RENATO RAVELO

Con la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el apartado dedicado a la exención autoral, es de esperarse que se afecte a más de un área de la promoción cultural, como pueden ser las asociaciones ''organizadas con fines culturales, las bibliotecas y museos abiertos al público'', así como aquellas autorizadas para recibir donativos con fines culturales y científicos, con lo que se sentarían las bases para desmantelar el frágil apoyo a la gestoría cultural alternativa a la del Estado con la que se cuenta en el país.

Mientras los legisladores se dirigieron a sus estados respectivos, las oficinas de ambas comisiones culturales, la de Diputados y la de Senadores, no pudieron confirmar si la modificación a la exención autoral, que es la base de la creación, afectó el artículo 70, fracción XI, según la cual ''las asociaciones y sociedades civiles organizadas con fines culturales, las bibliotecas y museos abiertos al público, se consideran personas morales no contribuyentes de dicho impuesto, por lo que no pagan el mismo''.

La tendencia de falta de atención al apoyo a los procesos culturales, en su eslabón básico que es el autor, haría prever que también el impulso a estas instancias de cultura quedaran sin el apoyo que hasta el momento les permitía ''tener menos obligaciones que las personas morales contribuyentes'', como señala el documento Tratamiento fiscal de la industria cultural y los autores que editó la 56 Legislatura de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en 1996.

Hasta el momento sólo se sabe que la fracción XXX del artículo 77 de la ley condicionó a 28 mil 400 pesos anuales la tasa cero en el impuesto sobre la renta, porque el diputado Uuc-Kib Espadas se percató de la eliminación de la exención autoral, pero otras disposiciones relacionadas con la cultura de manera no tan directa podrían haberse visto afectadas en el espíritu recaudador de la iniciativa de ley.

Tratamiento a la cultura

La Comisión de Cultura de la 56 Legislatura fue una de las primeras que a mediados de la década pasada, cuando se desprendió de la Comisión de Educación y Ciencia, empezó a realizar trabajos sobre la relación entre apoyos fiscales y cultura.

El antecedente político lo había marcado, en una legislatura anterior, el casi nulo papel que la recién creada Comisión de Cultura había desempeñado en la lucha por los derechos autorales, que emprendió El Colegio Nacional lidereado por Gabriel Zaid, en contra justamente de la supresión de esta exención autoral.

Cuando la lucha de distintos sectores intelectuales derivó en triunfo parcial (hasta este fin de semana la exención autoral abarcaba ocho salarios mínimos como límite), la Comisión de Cultura que encabezaba Dulce María Sauri (quien luego fue sustituida por Florentino Castro) decidió publicar un volumen que orientara a los autores sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El volumen de medio centenar de páginas explica que hasta esa legislatura contaban con posibilidad de ser considerada asociación con fines culturales:

''Las instituciones o asociaciones dedicadas a la restauración y el mantenimiento de inmuebles declarados o catalogados monumentos arqueológicos, artísticos e históricos'', aquellas asociaciones cuya actividad consista en la promoción de las bellas artes, y las que se organizaran con fines tecnológicos y científicos.

En el espíritu de las limitantes de apoyo fiscal, que se deriva de la decisión de los legisladores de eliminar la exención autoral, estas podrían haber perdido un importante apoyo para su labor no lucrativa.