Patricia Volkow

Los resultados de los exámenes de Blanca muestran que la enfermedad sigue progresando. Le pregunto si ha estado tomando los medicamentos adecuadamente. Afirma que sí, aunque con dificultades; recuerda muy bien los nombres de los tres medicamentos que toma contra el virus del sida y los cinco que le da a su hija de seis años, quien cuida a su hermanito de un año afuera del consultorio. Me describe con exactitud los horarios de toma de los tratamientos de ambas. Me pregunta si los problemas personales pueden estar provocando el progreso de la enfermedad, pues los pleitos maritales son frecuentes. Él es campesino --explica--, y culpa a su enfermedad y a su hija de que no progresen: "Dice que me gasto todo el dinero en hospitales. Gana 600 pesos por semana y me da 400 para el gasto, que debo dividir para la comida y los pasajes." Ella vive fuera de la ciudad, y gasta sesenta pesos en pasajes cada vez que viene. En un mes llega a venir hasta cuatro veces a realizarse estudios, a consulta y a recoger medicamentos para ella y su hija en el Hospital Infantil y en Cancerología. "Cuando venimos al hospital, cargo una fruta para cada una y andamos con la barriga vacía todo el día. No sé si esto puede hacernos daño a mi niña y a mí; a ella también se le ha estado subiendo mucho la carga viral", explica.

Blanca es uno de esos casos paradójicos de nuestro sistema de salud. Al igual que la mayoría de las mujeres con VIH en México, se enteró que estaba infectada cuando a su hija le diagnosticaron el sida, poco tiempo después de nacida, precisamente cuando ya no se podía hacer nada para prevenir la transmisión. Lo que resulta trágico es que, a la luz del conocimiento actual, vigente desde 1994, se hubiera podido evitar que su hija naciera infectada. Ahora se cuenta con tratamiento que, administrado durante el embarazo y el parto, reduce notablemente la posibilidad de que una madre VIH positiva transmita el virus a su bebé. El problema es que en nuestro país no existe un programa de prevención de la transmisión perinatal del VIH que contemple realizar la prueba de detección del virus a todas las mujeres embarazadas, de tal forma que se pudiera proporcionar el tratamiento necesario a aquellas que resultaran infectadas y, de esta manera, evitar más casos de sida infantil.

El segundo embarazo de Blanca fue diferente. Como ya sabía que estaba infectada, la remití al Hospital de Perinatología, donde recibió tratamiento preventivo, y gracias a ello su hijo de un año es seronegativo. También, gracias a estas mismas absurdas paradojas, por haberse embarazado tiene acceso al tratamiento que proporciona el fideicomiso Fonsida a todas las mujeres embarazadas VIH positivas; de otra manera, sólo su hija tendría acceso a dichos tratamientos.

Pienso en esos 400 pesos de gasto familiar y miro los ojos de Blanca llenos de lágrimas y su boca donde ya no cabe tanta angustia y desesperación. Me llega la imagen de los encabezados de los diarios: "Recorte al presupuesto de salud", "IVA a los medicamentos", y pienso, además, en el despilfarro de los 8,500 pesos diarios que tiene que gastar el hospital de Cancerología, donde trabajo, por el manejo de su basura, según lo establece la Norma para el manejo de la basura de los hospitales. Dinero que, por supuesto, no va a la basura, sino a incrementar las ganancias de quienes detentan el nuevo negocio de manejar residuos peligrosos y, parafraseando a Sabina, "no tan peligrosos".
 
 

Los intereses detrás de la basura

El caso de los llamados "residuos peligrosos biológico-infecciosos" es algo que irrita sobremanera a quienes practicamos la medicina clínica, porque sabemos lo absurdo e injustificado de las medidas que obligan a los hospitales a realizar gastos onerosos en el manejo de su basura cuando la mayor cantidad de ésta puede manejarse por los propios hospitales, siguiendo recomendaciones mínimas, sin tener que pagar a empresas particulares para ello. No existen bases científicas que justifiquen la costosa regulación impuesta por la Norma 087 para el manejo de residuos biológico-infecciosos, porque la gran mayoría de los desechos hospitalarios no son "residuos peligrosos", como lo establece la Norma, y no hay ninguna prueba que demuestre que la basura hospitalaria pueda ser foco de infección o represente riesgos para la población. Pero resulta aún más absurdo saber que las modificaciones que se hicieron a la Norma 087 por un subcomité plural que sesionó de manera democrática durante tres años para adecuarla a las necesidades reales de los hospitales, y que fueron aprobadas por el comité del Instituto Nacional de Ecología en junio de 2000 no pudieron hacerse efectivas porque su publicación en el Diario Oficial fue obstaculizada por los intereses de las compañías que tratan ese tipo de basura.

Tan sólo con lo que gasta en un solo día una institución como Cancerología para deshacerse de su basura, serviría para proporcionarle a Blanca, o cualquier otra paciente con VIH/sida, un mes de tratamiento antiviral e inclusive cubrir algunas otras de sus necesidades; o tres ciclos de quimioterapia a una mujer con cáncer de mama. Los más de 300 millones de pesos que gasta el sector salud anualmente en dar cumplimiento a esta Norma sobrarían para establecer un programa de prevención de la transmisión perinatal del VIH, o cubrirían el tratamiento curativo de muchas pacientes con cáncer que en la actualidad no tienen acceso a ello.

Ese gasto no se justifica en ningún sentido ni soporta el análisis de costo-beneficio, tan en boga en estos tiempos. ¿Cómo justificarlo cuando no existe ningún beneficio preventivo? Nadie puede contestar cuántos casos ni qué enfermedades se están previniendo manejando de esta manera especial y tan costosa la basura de los hospitales.

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación publicó, en noviembre pasado, el Proyecto de Norma 087 modificada. Durante más de un año prevaleció la intención de proteger los intereses de los empresarios de la basura. Intereses que están tan lejos del dolor y la desesperación de pacientes como Blanca. Un gobierno realmente democrático no puede permanecer impávido ante este problema. Las leyes deben ser para beneficio de la sociedad en general y del medio ambiente. Esperamos entonces que el proceso democrático de normalización no sea nuevamente obstaculizado por intereses ajenos al bien social. La Norma modificada evitará un gasto millonario e injustificado del sector salud, y esos recursos podrán destinarse ahora a programas preventivos, compra de material y equipos de los que están tan necesitados los hospitales y los pacientes.