Miércoles 9 de enero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Plazos de 30, 60 o 90 días para liquidar las casas habitación
800 familias, bajo la amenaza de ser desalojadas por Banorte

(Neith Limón) n
Ante la amenaza de ser desalojadas de sus casas mañana por la mañana, por parte del banco Banorte, a través de la inmobiliaria Sierra Michelena, se encuentran alrededor de 800 familias que viven en el Fraccionamiento Real de Guadalupe, luego de imponerles un plazo de 30, 60 o 90 días para liquidar el monto total de las mismas.
Los vecinos del lugar aseguran que la constructora Prova les otorgó créditos muy sencillos para adquirir las casas, pero cuando se presentó la devaluación económica -en 1994- la mayoría de los titulares abandonaron las casas y algunos oportunistas traspasaron, vendieron o rentaron las viviendas.
A decir de la vecina Olga Bello, adquirió la casa en 1992, y el banco le descontaba mensualmente mil 500 pesos, pero en 1994 dejó de pagar porque sus últimos depósitos la institución financiera sólo los tomó a cuenta de los intereses. Ahora, el banco la ha demandado por no liquidar su deuda de 70 mil pesos, misma que deberá pagar en una sola emisión.
Hace tres meses, refieren los afectados, la inmobiliaria instaló una caseta de atención en el fraccionamiento para que aquéllos que tuvieran interés en conservar el inmueble tramitaran un plazo para hacer su liquidación en 30, 60 o 90 días.
Sin embargo, ésta recibió pagos desde 3 mil pesos hasta 20 mil, pues les decían que aceptarían cantidades "de lo que sea, que se vea que realmente tienen interés en conservar su casa", dinero que no fue tomado en cuenta para saldar su deuda, indicó Olga Bello.
Otra problemática distinta prevalece en el fraccionamiento -en el que habitan al menos mil 500 familias-, ya que existen familias que llegaron a ocupar las casas supuestamente rentadas por el titular, pero hace siete años descubrieron que le estaban pagando a quien no lo era; por ello, dejaron de pagar la renta.
Por su parte, el banco ha comenzado a presionarlos para que paguen la casa que habitan, pero como no son los propietarios deben buscarlos y solicitar que les cedan los derechos para así hacerse cargo de la liquidación del inmueble. Sin embargo, ni el mismo banco tiene conocimiento del paradero de éstos.
"Pretendemos que se nos otorgue un programa de crédito noble para adquirir las casas, no queremos invadir, como señalan los bancos, queremos pagar", aseguró Carlos Valdés, habitante afectado, por lo que demandó apoyo de gobernador Melquiades Morales Flores, ya que indicó que han acudido a Casa Aguayo sin obtener una respuesta favorable.