¿AHORRO EN LA MISERIA?

Al dar a conocer ayer los lineamientos para una banca popular, el presidente Vicente Fox ofreció establecer una "red de ahorro y crédito popular" al alcance de los beneficiarios de los programas gubernamentales Progresa y Procampo, los cuales se fusionarán en el nuevo logotipo Contigo. Esta nueva herramienta de política social y la banca popular conformarán, dijo el mandatario, "una sólida pinza para combatir la pobreza extrema".

Cualquier preocupación gubernamental orientada a atenuar la condición de miseria de una gran parte de la población es, sin duda, encomiable; sin embargo, cabe preguntarse si el fomento al ahorro, orientado a los mexicanos más desprotegidos y necesitados, es realmente una manera viable para reducir en alguna medida las lacerantes desigualdades sociales que ostenta --junto al noveno puesto mundial en dimensiones económicas-- nuestro país.

Sin ánimo de incursionar en los terrenos de la teoría económica, es claro que el ahorro es posible cuando existe alguna forma de excedente en el ingreso, pero quienes se encuentran en situación de pobreza extrema --es decir, de miseria-- carecen de cualquier margen monetario para ahorrar. De hecho, su ingreso, si es que tienen alguno, no alcanza para satisfacer las necesidades más elementales de comida, techo y vestido, ya no se diga de salud, educación o esparcimiento.

Pese a la tendencia en boga de imaginar servicios financieros microscópicos y elementales para los sectores de bajos recursos, resulta un tanto extraño exhortar a los miserables a que superen su situación guardando en un banco el dinero que, manifiestamente, no tienen.

Si faltara un ingrediente para el humor negro, ayer mismo, mientras el presidente Fox anunciaba el programa Contigo y el establecimiento de la banca popular, los bancos privados daban a conocer la imposición de nuevos requisitos para abrir cuentas de ahorro, las cuales constituyen prácticamente el único servicio financiero al alcance de los pobres a secas --es decir, de quienes viven una pobreza no extrema-- de este país.

Con el argumento de combatir las operaciones ilícitas, los bancos exigirán a los ahorradores, de ahora en adelante, documentación adicional sobre la procedencia de sus ingresos, además de las consabidas identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio. A las personas morales se les exigirá, además, información sobre los servicios y productos que ofrecen, el número de empleados, activos, pasivos y capital, así como volúmenes de ventas y cobertura geográfica.

Tales medidas --que no parecen concebidas por los banqueros, sino por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-- no acabarán, por supuesto, con el lavado de dinero, pero sí afectarán gravemente a muchas pequeñas y medianas empresas, y cerrarán toda posibilidad de abrir una cuenta de ahorro en los bancos a quienes viven en y de la economía informal, es decir, la mayor parte de la población.