Ť Sauri les pidió "enfrentar unidos el embate" del gobierno contra el PRI

Sugieren gobernadores aplazar elección priísta

Ť Una vez que Pemex entregó los recursos al sindicato ya no son auditables, sostienen

ENRIQUE MENDEZ Y ANDREA BECERRIL

La presidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, pidió ayer a los gobernadores priístas "enfrentar unidos el embate contra el PRI", iniciado por la investigación del desvío de recursos de Pemex a la campaña priísta de 2000. En respuesta, los ejecutivos estatales analizaron anoche la posibilidad de aplazar el proceso interno de renovación de la dirigencia, en un intento por unir fuerzas para defenderse ante el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Durante una comida con gobernadores en la Fundación Miguel Alemán, Sauri les pidió hacer "un ejercicio de reflexión y de unidad" ante la andanada contra el tricolor. Más tarde, seis mandatarios priístas discutieron la conveniencia de que la elección de presidente del PRI, prevista para el 24 de febrero -fecha dispuesta por la 18 asamblea nacional- se realice en otra oportunidad si continúan los ataques contra el partido.

El cónclave se dio luego de que el martes Sauri Riancho se presentó, con un grupo de "distinguidos priístas", ante el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a quien advirtió que de no frenarse "la campaña de desprestigio" contra el PRI será, como lo dijo Humberto Roque Villanueva, "la guerra".

Ahí mismo dieron al funcionario un plazo de 72 horas para que frene la campaña propagandística, instrumentada a través de algunos medios de comunicación, en la que se presenta al PRI como ejemplo de corrupción, sobre todo porque la investigación en torno a Pemex no ha concluido.

Discuten alternativas

Ayer los gobernadores del estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Coahuila se reunieron con Roberto Madrazo y el coordinador de campaña de Beatriz Paredes, Rodolfo Echeverría, para discutir la alternativa de aplazar la elección y centrar la atención en la defensa del partido. Trascendió que el más reticente a aceptar fue Madrazo, pero este jueves los mandatarios comunicarán a Sauri el sentido de su decisión.

A ese cónclave se sumó el ex secretario de la Contraloría durante el sexenio zedillista, Arsenio Farell Cubillas, quien proporcionará asesoría legal al partido en la defensa jurídica por las investigaciones del presunto desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida.

Uno de los principales argumentos que los priístas utilizarán en su defensa es que una vez que Petróleos Mexicanos entrega al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) los recursos, éstos ya no son auditables, porque ya no tienen el carácter público.

Presionado por las investigaciones que iniciaron Secodam y PGR sobre los gastos en 2000, el PRI afina desde hace varios días una estrategia para defenderse en dos frentes: el jurídico y la movilización, frente a lo que considera una campaña en su contra. De acuerdo con versiones de algunos senadores, la decisión es ir a la contraofensiva.

La actitud de los priístas, a partir de que se descubrió que la PGR inició la Operación Crudo, cambió radicalmente a la que asumió la cúpula del partido en diciembre pasado, cuando -de acuerdo con distintas versiones- buscaron al presidente Vicente Fox para negociar la reforma fiscal.

Otra parte de la estrategia, detallaron, ha sido reunirse con la dirigencia del sindicato petrolero para definir la defensa, en caso de que se probara que hubo desvío de recursos. El senador Ricardo Aldana Pliego, tesorero del STPRM, ha intentado calmar a los legisladores y a la propia Sauri al sostener que no hay nada ilegal.

El legislador afirmó que, de acuerdo con el contrato colectivo que tienen firmado con Pemex, la empresa está obligada a hacer determinadas aportaciones económicas. Un punto clave, les explicó, es que en el momento en que el STPRM recibe recursos de la paraestatal éstos ya no son públicos y, por tanto, no puede intervenir la Secodam.

La única autoridad que puede hacer una investigación del destino de los fondos sindicales, les recordó, es la Secretaría del Trabajo y sólo en caso de que algún grupo de trabajadores petroleros lo demande.

Aun así, los priístas examinan otras estrategias, entre ellas revivir la demanda que el ahora coordinador de los senadores del PRI, Enrique Jackson, presentó ante la Comisión Permanente en junio de 2000, sobre el financiamiento del extranjero a la campaña presidencial de Fox.

Parte de ese filón es la posibilidad de investigar si Enron Corporation transfirió dinero a la campaña de Fox, como lo hizo con la de George Bush, hipótesis que se sustenta en la participación de la trasnacional en los proyectos de apertura del sector eléctrico.

Los legisladores esperan que en los próximos días la dirigencia del PRI tome una decisión que les permita asumir la contraofensiva en la actual coyuntura a partir de que legalmente la Secodam no tiene facultades para intervenir, porque los recursos del sindicato no son públicos.

Negociación en Los Pinos

Los priístas han asumido que la Operación Crudo -revelada en este diario el sábado anterior- se constituyó a partir del domingo en una "declaración de guerra" por parte de la Presidencia de la República, que tiene su origen en las fallidas negociaciones que la cúpula del tricolor sostuvo en Los Pinos.

En círculos del PRI se manejó ayer que un grupo de priístas distinguidos fue a Los Pinos en diciembre pasado para venderle a Fox la idea de que sacarían la reforma hacendaria y el IVA en alimentos y medicinas, a cambio de impunidad.

Por su parte, el diputado priísta David Penchyna Grub afirmó que su compañero de partido, el senador Eduardo Bours Castelo, debe explicar por qué las cifras que presentó como financiamiento privado para la campaña de Labastida "no cuadran" con el reporte que el PRI entregó al IFE en 2000.

"Esas declaraciones se prestan a confusión y enredan más las cosas. La actitud más prudente de los priístas debería ser remitirnos a cómo se ejercieron esos recursos, el reporte y la rendición de cuentas al IFE", manifestó.

También dijo que los priístas son "víctimas de un embate mercadológico" desde el gobierno de Vicente Fox, pero reconoció que el PRI no respaldará a ningún militante o a ex funcionarios "que hayan torcido el marco legal, pero queremos pruebas".

Reprochó al titular de la Secodam, Francisco Barrio, haber declarado que en diciembre pasado uno de los indiciados por el desvío de recursos de Pemex a la campaña priísta fue a ver al presidente Fox para pedir impunidad.

"Qué lamentable secretario de la Contraloría tenemos. No cabe duda que es contador público, ha de estar cuadrado. Miente, absolutamente miente, y si no, que demuestre lo contrario.