Investigará el IFE recursos privados que reportó el PRI
Ť El caso, al MP si hay presunción de responsabilidad penal
RENATO DAVALOS
La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) abrirá una indagatoria para determinar, en otra vertiente de las presuntas irregularidades del PRI en las campañas de 2000, si remite al Ministerio Público la eventual responsabilidad penal derivada del tope del financiamiento privado que reportó ese partido en su momento, rebasado en más de 500 por ciento con base en declaraciones del senador Eduardo Bours.
En el informe que el PRI entregó al IFE correspondiente a 2000, las aportaciones de "militantes y simpatizantes" a los ingresos "ordinarios" partidistas sumaron 163.4 millones de pesos en efectivo, mientras que Bours declaró que tan sólo él consiguió para la campaña presidencial de Francisco Labastida 890 millones.
Y todavía más. En el apartado de las campañas de ese partido, el documento revela que las aportaciones en efectivo de "militantes y simpatizantes" para la elección presidencial fueron de "cero pesos y cero centavos". Sólo se consignan "aportaciones en especie" por 3.4 millones de pesos. El dinero referido por Bours no fue reportado al IFE.
Además, el PRD promoverá en la Cámara de Diputados la integración de una comisión legislativa para que se sume a las pesquisas, informaron Pablo Gómez Alvarez, representante ante el IFE, y Amalia García, presidenta perredista.
Gómez Alvarez también señaló: "Todavía estamos a la espera de que el tribunal electoral dictamine sobre el recurso que interpuso el PRD contra la decisión del IFE de no insistir al gobierno para que proporcione la información que permita determinar si el presidente Fox recibió o no recursos del extranjero para financiar su campaña".
Integrante de la Comisión de Fiscalización, el consejero Jaime Cárdenas envió al presidente de ese órgano, Alonso Lujambio, una misiva en la que le remite tres notas periodísticas y una videocinta.
En ellas se da cuenta de las declaraciones de Bours, de las que "eventualmente se podrían derivar consecuencias legales competencia de la comisión", por las diferencias que hubo respecto al financiamiento privado que el PRI informó al IFE.
La responsabilidad de la comisión, comentó Cárdenas, es investigar y deslindar si hubo o no delitos a partir de las diferencias entre los gastos reportados y los que refirió Bours.
En rueda de prensa, Pablo Gómez y Amalia García informaron de la queja que el primero presentó por la mañana en el IFE. En 2000, recordó Gómez Alvarez, el tope del gasto para la elección presidencial fue de 491.8 millones de pesos.
El PRI reportó en su informe al instituto 473.3 millones de pesos para la elección presidencial; 309.3 millones para las campañas de senadores, y 120 millones para las de diputados. En total, las erogaciones por estos conceptos sumaron 902 millones de pesos.
"Aquí alguien miente ?comentó Pablo Gómez?. Mintió Bours o lo hizo el PRI. Los recursos referidos por Bours no fueron reportados al IFE."
Los 163.4 millones de pesos vía financiamiento de "militantes y simpatizantes" estuvieron integrados por 78.5 millones en el primer caso y 84.9 en el segundo. Ese año el PRI tuvo un financiamiento público que alcanzó los 921 millones de pesos.
El PRD, explicó Gómez Alvarez, presentó la queja para que la Comisión de Fiscalización del IFE abra una investigación y determine si hubo transgresiones al código electoral.
Al respecto, explicó que el hecho de que el Consejo General del IFE haya aprobado el dictamen sobre los recursos reportados por el PRI en 2000 no quiere decir que el asunto se encuentre cerrado.
La Comisión de Fiscalización puede hacer la auditoría en cualquier caso, pues los documentos contables no pueden destruirse sino hasta cinco años después del ejercicio auscultado.
Si el instituto electoral encuentra indicios suficientes constitutivos de un delito, tendrá que remitirlo al Ministerio Público, instancia responsable de determinar las responsabilidades penales.
Las sanciones para el PRI en este caso podrían ir de la multa a la cancelación definitiva del registro, según el código electoral en vigor, manifestó el perredista. La exigencia es que se esclarezca este asunto y se determinen responsabilidades, que el gobierno cumpla la ley, dijo a su vez García Medina.
Pablo Gómez aludió también a la denuncia que ventiló recientemente el IFE sobre los gastos de campaña de Fox. Con "respuestas chabacanas", refirió, Hacienda negó la información para constatar las eventuales irregularidades en la campaña de Fox.
Es inaceptable, comentó García Medina, que en la "cultura de la investigación" se aduzca que hay motivos de persecución con tintes partidistas.
"¿La declaración que hizo Eduardo Bours fue para hundir al PRI?", se preguntó Gómez Alvarez con ironía.
Y si los 890 millones referidos por Bours no se aplicaron sólo a la campaña presidencial, sino a las tres campañas, también hay irregularidades, porque el PRI recibió del IFE 921 millones de financiamiento y el senador declara que él consiguió 890 millones. ¿Dónde quedó el dinero del Estado?
