Ť Se irá hasta las últimas consecuencias, advierte el procurador fiscal de la Federación

Pide AN mantener en el ámbito jurídico el caso de Petróleos

ROBERTO GARDUÑO Y PATRICIA MUÑOZ

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que la investigación por el presunto desvío de fondos en Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá mantenerse en el ámbito estrictamente jurídico y del estado de derecho, no en el político, y además "no deberá influir en la eventual reforma energética"

En tanto, el procurador fiscal de la Federación, Juan Carlos Tamayo Pino, advirtió que el proceso irá hasta las últimas consecuencias, e incluso se podría investigar a la Secretaría de Hacienda, si así procede.

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente de la 58 Legislatura del Congreso de la Unión, el tema obligado fue la demanda que interpuso la Secretaría de la Contraloría contra diversos funcionarios de Pemex por la supuesta malversación de fondos de la paraestatal. El vocero del PRI en la Cámara de Diputados, Ney González, aseguró que en el manejo que se dio a este caso, los secretarios de Gobernación y de la Contraloría "perdieron credibilidad como interlocutores del Ejecutivo, porque tuvieron el gusto de presentarse ante cámaras y micrófonos para anunciar lo que no les consta, lo que están investigando, se imaginan y les parece".

A su vez, Felipe Calderón expuso que esta no es una guerra política, ni es contra el PRI, y mucho menos "una acción del gobierno o del PAN contra personaje político alguno". Invitó a no aventurar ningún juicio o calificativo hasta que se completen las investigaciones y a que quien guíe el caso sea el Ministerio Público o el juez correspondiente, es decir, que se mantenga en el ámbito jurídico, y que no sea el criterio que mueva la acción de los legisladores y del gobierno en una eventual reforma del sector energético.

"Si en el asunto de Pemex hay delitos que perseguir y hay quien responda por éstos, la acción de la justicia debe darse sin condicionamiento alguno, se apruebe o no la reforma energética, influya o no en el proceso legislativo de discusión de dicha reforma, y se debe actuar conforme a la ley", planteó, y reconoció que tal vez no hay delito que perseguir, y eso también debe ser resuelto por los jueces, independientemente de los procesos legislativos que ocurran en el Congreso.

El compromiso del gobierno de Vicente Fox es limpiar la actuación del sector público, y espero que así continúe, porque se trata simple y sencillamente de una lucha contra la corrupción y del cumplimiento de la ley, que no debe tener el perfil de una "batalla entre partidos", acotó el legislador.

En esta sesión fue ratificado Juan Carlos Tamayo Pino como nuevo procurador fiscal de la Federación, quien se comprometió a que todos los procesos se investigarán con firmeza, y no se detendrán por el cambio de mandos en esta dependencia. Sobre el caso de presuntos desvíos de fondos en Pemex, aclaró que las indagatorias irán hasta el fondo, que no serán por "encimita" y que se harán a todas las dependencias que puedan estar involucradas, incluso en la Secretaría de Hacienda, "si es que aplica nuestra intervención".

Aclaró que no habrá "terrorismo fiscal" en este gobierno, ni ninguna práctica que lastime a los contribuyentes o a las instituciones.

El vocero del PRI en la Cámara de Diputados, Ney González, se pronunció porque no haya impunidad en éste ni en ningún otro caso, pero que tampoco haya "intenciones ocultas ni manoseo de la ley para que el gobierno pueda eludir responsabilidades de otro orden, como encubrir la falta de resultados que le ha mostrado a la sociedad en el combate a la corrupción".

No debe haber "cortinas de humo", como acostumbra el Ejecutivo federal, dijo el legislador, y anotó que no son nuevas las técnicas de distracción que el Presidente ha utilizado, y que tienen que ver con un "ánimo de revancha" y con tratar de presionar las decisiones no sólo de un partido, sino de sus bancadas. Confió en que los desvíos a que se hace referencia nunca hayan existido, pues la de 2000 fue una de las campañas más austeras, por lo que las acusaciones tendrán que probarse, pues está en riesgo la credibilidad de los secretarios de Gobernación y de la Contraloría.