Ť Postura de Sedena, SG y PGR en audiencia constitucional

Piden se declare improcedente la demanda de Gallardo contra Fox

Ť El general exige al Ejecutivo acatar recomendación de la CIDH de liberarlo Ť El juez deberá resolver antes de 45 días

JESUS ARANDA

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República solicitaron a la justicia federal que declare improcedente la demanda interpuesta por el general José Francisco Gallardo contra el Presidente de la República, para que acate la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de liberarlo inmediatamente.

Informó lo anterior Félix Francisco Garza Martínez, abogado defensor del general, quien dijo que las entidades federales que asistieron a la audiencia se pronunciaron por sobreseer el caso, o bien, se rechace la demanda.

La postura gubernamental fue expuesta en la audiencia constitucional celebrada ayer en la sede del juzgado sexto de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, estado de México, después de la cual el juez de la causa, José Antonio Sánchez Castillo, está en condiciones de resolver en un plazo no mayor de 45 días.

Esta audiencia, programada para mediados del año pasado, y que se había pospuesto porque la Sedena no entregó copia de las averiguaciones previas y de las dos sentencias en contra del militar, constituye el último paso procesal para que sea dictada la sentencia.

En 1996 la CIDH recomendó al gobierno mexicano liberar de inmediato al general Gallardo por considerar que el excesivo número de acusaciones en su contra viciaba la impartición de justicia, y además dijo que era preso de conciencia. Sin embargo, el Ejecutivo se niega a acatar dicha disposición con el argumento de que no ha terminado su fase procesal.

La parte acusadora sostuvo que la recomendación de la CIDH es obligatoria para el Presidente, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, que señala que los convenios internacionales firmados por México -en este caso el Tratado de San José- son ley vigente y debe ser acatada.

Es decir, explicó el abogado defensor, el debate en este asunto se centra en que el juez determine si la recomendación de la CIDH es vinculatoria o no para el gobierno mexicano.

"Nosotros consideramos que lo es", sostuvo Garza Martínez, quien añadió que al no cumplirse la recomendación de liberar al general Gallardo se incurre en un vicio de origen en los procesos militares seguidos en su contra -que culminaron en dos sentencias acusatorias a más de 28 años de prisión.

Por su parte, la Sedena sostuvo que no procede la demanda y se debe sobreseer, en razón de que Gallardo "no está privado de su libertad por el incumplimiento de la recomendación de la CIDH, sino por las dos sentencias de sendos consejos de guerra, mismas que fueron ratificadas por el Supremo Tribunal Militar".

En la audiencia, los oficiales entregaron al juez de la causa las copias certificadas de las dos sentencias condenatorias y de las 17 averiguaciones previas que inició en diferentes años la Procuraduría General de Justicia Militar en contra del general Gallardo.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación negó la procedencia de la demanda, aunque no exhibió documentación alguna, y lo mismo hizo la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, Garza Martínez se refirió al compromiso público que hizo en su momento el presidente Fox respecto a que fuera el Poder Judicial el que resolviera el asunto. Entiendo, dijo, que el discurso y la postura del Ejecutivo es que respetará el fallo de primera instancia, incluso en caso de que no le sea favorable.

Aunque dejó en claro que tanto el Presidente como la defensa de Gallardo están en posibilidad de apelar a una segunda instancia el fallo del juez de distrito.