Ť Legisladores: el presupuesto 2002 "viola la Constitución"

Interponen recurso contra el gobernador y el Congreso de Sinaloa

JAVIER VALDEZ CARDENAS Y JAVIER CHAVEZ CORRESPONSALES

Diputados locales de Sinaloa interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra el gobernador Juan Sigfrido Millán y el Congreso del estado, en el cual argumentan que el presupuesto estatal viola la Constitución federal.

En tanto, en Quintana Roo, el dirigente empresarial Víctor Zapata, miembro del Patronato de la universidad de esa identidad, aseveró que el gobernador Joaquín Hendricks no ha respetado el decreto 41 del Congreso local, que obliga al Ejecutivo de la entidad a canalizar a la casa de estudios 38 por ciento de lo recaudado por concepto de impuesto sobre nóminas.

Legisladores de las fracciones del PAN, PRD, PT y Partido Barzonista Sinaloense, opositores al mandatario priísta, dieron a conocer que en su querella ante la SCJN -interpuesta el viernes pasado- indican que en el artículo 29 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa para 2002 se da margen para que el Ejecutivo "maneje discrecionalmente" los recursos extraordinarios que se obtengan sobre lo presupuestado.

Según los 19 diputados firmantes -de 40 que componen la Legislatura sinaloense-, se busca acotar la "discrecionalidad" y "libre albedrío" con que Millán "maneja una parte del presupuesto".

Los coordinadores del PAN, PRD y PT, Alejandro Camacho, José Antonio Ríos y Gerardo Rosete, respectivamente, así como el diputado barzonista Marco Antonio Camacho, detallaron en conferencia de prensa que ofrecieron este miércoles, que el segundo párrafo del citado artículo "es violatorio de los artículos 16, 116 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Mientras, Víctor Zapata, líder empresarial e integrante del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, aseveró en entrevista que el decreto 41 del Congreso local, publicado el 31 de diciembre de 1991, "es letra muerta desde hace mucho tiempo", porque se canaliza a la casa de estudios un monto menor a 38 por ciento de cuanto recauda la administración de Joaquín Hendricks por impuesto sobre nóminas, como especifica el edicto.

De acuerdo con Zapata, el gobierno de Quintana Roo se embolsó en 2001 casi 160 millones de pesos por el impuesto de 2 por ciento sobre nóminas, y pretende entregar a la universidad 44 millones, que corresponderían a 27.5 por ciento de lo recaudado.