Ť Avanzan las investigaciones con información aportada por CNBV e Interpol
El dinero desviado de Pemex llegó rasurado al PRI; los operadores se "guardaron" una parte
Ť Dirigentes del sindicato petrolero aprovecharon la situación para beneficio personal
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El dinero desviado de Pemex llegó rasurado al PRI. Las indagatorias señalan que una parte de los mil 100 millones de pesos procedentes de Pemex no se entregó a su destinatario, informaron fuentes de alto nivel de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo explicaron: los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) "se guardaron" un tanto y otra tajada se quedó en manos de los operadores financieros del Revolucionario Institucional, tres de los cuales están arraigados -como adelantó La Jornada en la edición del pasado 20 de enero- desde diciembre del año pasado.
En las últimas horas se lograron importantes avances sobre el movimiento del dinero. La PGR recibió información fundamental tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como de agencias internacionales -entre las que destaca la Interpol-, gracias a la cual pudo ya documentar las transferencias de los 460 millones de pesos restantes.
Inicialmente la denuncia del desvío de recursos hecha por la Secretaría de la Contraloría había sido por un monto total de mil 100 millones. Sin embargo, hasta este miércoles, de acuerdo con declaraciones del procurador Rafael Macedo de la Concha, sólo habían logrado detectar irregularidades en el manejo de 640 millones de pesos del cheque número 0008648 de la cuenta 00102135752 de Scotia Bank-Inverlat, librado a favor del sindicato petrolero el 8 de junio de 2000.
Gracias a estas pesquisas ya se le sigue el rastro al cheque 15185 de la anterior cuenta que por 460 millones de pesos se giró el 19 de octubre de 2000 a favor de la organización gremial.
En el curso de la investigación se ha-bían registrado serias diferencias entre la información que sobre los montos manejaban la Contraloría y la PGR. También ayer, y al parecer por orden superior, ambas dependencias emitieron un comunicado conjunto en el que ratifican su intención de trabajar coordinadamente. Incluso el procurador Macedo de la Concha aclaró que no hubo ningún enfrentamiento con la dependencia encabezada por Francisco Barrio.
El comunicado precisa que "con base en las pruebas que se recaben y de las varias líneas de investigación que procedan se establecerá la existencia o inexistencia de delitos y, en su caso, los responsables de los mismos".
Momentos antes de que se divulgara la información oficial, el procurador Macedo de la Concha declaró en entrevista que su dependencia "no se prestará para que se realicen acciones que pongan en duda el esfuerzo que realizan las instituciones".
Dijo que habrá que esperar el desarrollo la investigación para determinar si procede o no que el Instituto Federal Electoral (IFE) intervenga e investigue si hubo uso de recursos ilícitos en la campaña electoral de Francisco Labastida.
En una charla con los reporteros de la fuente aseguró que "de ser necesario" se citará a todas las personas que se requiera e insistió en que actuará con toda transparencia y conforme a derecho.
Por otro lado, las fuentes de la PGR revelaron a La Jornada que tanto la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) como la Especializada en Lavado de Dinero (UELD) están en busca de datos que "confirmen el tránsito a pa-raísos fiscales -como Islas Caimán- de una parte del dinero desviado desde la dirección de Pemex -cuyo titular era el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy- por medio del sindicato petrolero".
Otros beneficiarios de las triangulaciones
Los entrevistados aseguraron que las lí-neas de investigación han empezado a dar resultados en la llamada Operación Crudo: los tres arraigados, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Veraza fueron además de operadores de triangulaciones del capital, beneficiarios de una parte de esos recursos desviados de Pemex.
La Secodam, según la información obtenida, señala en la denuncia que interpuso en la PGR el pasado 10 de diciembre que durante la auditoría practicada a Pemex había hallado indicios de la participación de Cázares, Heredia y Veraza.
Sin embargo, la dependencia que dirige Francisco Barrio Terrazas omitió mencionar que los tres habían trabajado en el equipo de campaña presidencial del PRI -Cázares y Heredia, en la Secretaría de Finanzas, y Veraza en el área administrativa de la Secretaría de Elecciones-, y que la presunción era que las transferencias se hacían a ese partido.
A partir de la segunda quincena de diciembre y gracias a las declaraciones ministeriales recabadas, la UEDO comenzó a registrar que las irregularidades del movimiento de dinero apuntaban al PRI y solicitó el arraigo de Cázares, Heredia y Veraza.
Antes, el 11 de diciembre, la PGR solicitó a la CNBV, de manera "urgente y confidencial", mediante el oficio UEDO/1230/01, que le proporcionara todos los datos que tuviera sobre las cuentas bancarias de funcionarios de Pemex y de dirigentes sindicales.
Se descubrió que los tres arraigados no sólo "habían sido elementos fundamentales para las triangulaciones en efectivo, sino que se quedaron con una parte de los recursos".
Las indagatorias han determinado que el sindicato, a su vez, efectuó algunas transferencias que permitieron que varios de sus dirigentes aprovecharan la situación para su beneficio personal. Los recursos pasaron de mano en mano hasta llegar rasurados al PRI para su posterior depósito como parte del financiamiento externo.
Luego vinieron las rifas de dinero y autos organizadas por ese partido, en las que supuestamente los premios en efectivo se entregaron a los ganadores.
Veraza, Heredia y Cázares tuvieron además la encomienda de acompañar a los premiados a los bancos para que inmediatamente después del cobro recogieran el dinero obtenido y éste fuera devuelto a las arcas del partido.
Las declaraciones ministeriales de varias mujeres, todas ellas esposas de empleados y dirigentes priístas, señalan que cuando se enteraron de que habían resultado premiadas "hubo alegría", pero ésta desapareció cuando en las sucursales bancarias eran enteradas de que su dinero tenía que ser devuelto para financiar las actividades proselitistas. La mayor parte de ese capital no se colocó en instituciones bancarias. Su traspaso y traslado se hizo en efectivo para evitar cualquier sospecha.
Hasta el momento, aseguraron las fuentes consultadas, "no se ha podido determinar qué cantidad quedó en manos del STPRM, qué porcentaje de los mil 100 millones de pesos fue para los intermediarios y operadores y cuánto en realidad llegó a la campaña labastidista".