Ť No hay acuerdo sobre quién pagará más por la pesificación
Marchas y huelgas en Argentina, la víspera de otro cacerolazo nacional
AFP, REUTERS Y DPA
Buenos Aires, 24 de enero. En vísperas de un cacerolazo nacional, marchas, huelgas y protestas volvieron a multiplicarse este jueves en toda Argentina, contra el atraso en los pagos de los salarios estatales, la bancarrota de los servicios sociales y el congelamiento de los depósitos o corralito bancario.
Las protestas fueron a toda hora, en todo lugar y diversas. En Buenos Aires una familia con atuendos playeros se instaló en un local del banco británico HSBC, simulando pasar sus "vacaciones", porque al tener los ahorros congelados no pudo viajar a ninguna parte.
Las movilizaciones apuntan también contra los políticos. Una de ellas, realizada anoche frente a la casa de la diputada Mira Rubi, del oficialista Partido Justicialista (PJ-peronista), terminó violentamente con un manifestante herido por un tiro de escopeta disparado desde esa residencia, la cual fue incendiada.
En el balneario bonaerense de Mar del Plata hubo manifestaciones de jubilados y desocupados que exigen el pago de pensiones y empleos, así como de agentes inmobiliarios y contra el corralito. También hubo cacerolazos en la ciudad de Rosario, y miles marcharon en la provincia de Neuquén para pedir la liberación de cuatro dirigentes sindicales, trabajadores estatales de la provincia de San Juan ocuparon edificios públicos en reclamo de sus salarios adeudados, entre otras protestas.
Centenares de personas volvieron a reclamar la renuncia de la cuestionada Corte Suprema de Justicia en el centro de Buenos Aires, con un cacerolazo frente a los tribunales porteños que continuó en los domicilios de dos de sus jueces, mientras que en el populoso barrio bonaerense de Mataderos unos 200 vecinos clausuraron simbólicamente un banco con fajas que decían "chorros" (ladrones).
El gobierno de Eduardo Duhalde, entre tanto, jaqueado por la convulsión social, y las exigencias del Fondo Monetario Internacional para darle apoyo financiero, y de la banca, que no está dispuesta a ceder en sus ganancias, continuaba estudiando cómo acabar con el corralito.
Funcionarios del gobierno citados por Reuters indicaron que la intención de Duhalde es desarmar esta "bomba de tiempo" lo antes posible para evitar una crisis como la que en diciembre terminó derrocando a dos presidentes, mientras la recesión se agudiza con 20 mil comercios que cerraron sus puertas en las últimas semanas, la caída en la recaudación de impuestos ante la congelación de depósitos, y la semiparalización del sector de la construcción.
Sin embargo, estos funcionarios admitieron que en el gabinete no logran ponerse de acuerdo sobre quién pagará el mayor costo de la pesificación de la economía: los bancos o la mayoría de los argentinos, incluidas pequeñas empresas hasta grandes negocios.
Desde que el gobierno eliminó la paridad de uno a uno del peso con el dólar -que hace 11 años acabó con una hiperinflación, pero al costo de la productividad y del empleo-, la polémica es cómo se devolverán los depósitos en dólares, congelados ya desde diciembre para evitar una fuga de fondos.
Para el sector de gobierno que teme la ira popular, los depósitos deberían devolverse al precio del dólar oficial (1.40), lo que obligaría a dar un bono a los bancos para compensarlos por la diferencia cambiaria. Sin embargo, los que temen a los bancos afirman que los ahorros se deben pesificar, y la compensación sería para los ahorradores, pero que las deudas en dólares se deben mantener en esa divisa.
En tanto, el Banco Central aprobó excepciones al corralito. Entre las personas que podrán hacer uso de sus depósitos sin restricciones figuran los mayores de 75 años, quienes cobraron indemnizaciones por despido, seguro de accidente, y las personas que deben someterse a operaciones quirúrgicas, mientras el Senado aprobó un proyecto de ley que suspende por seis meses las ejecuciones de bienes por incumplimiento de pago.
En este contexto, desde Chile, el ex presidente argentino Carlos Menem salió una vez más a criticar al gobierno, al afirmar que está cometiendo un "error garrafal" al pesificar la economía en lugar de dolarizarla, en lo que coincidió con el diario estadunidense The Wall Street Journal, que consideró que la pesificación y las medidas que pudieran afectar a las empresas extranjeras muestran a Argentina como una "república bananera".