Ť El banco embargó 688 hectáreas por un adeudo de $460 millones de un crédito

Legisladores de Chihuahua ofrecen mediar en el conflicto de Banobras y el gobierno estatal

Ť El asunto, "a todas luces atentatorio al patrimonio de los chihuahuenses", dicen priístas

MIROSLAVA BREACH CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 24 de enero. Legisladores panistas y perredistas se pronunciaron este jueves en la tribuna del Congreso local por una solución negociada al conflicto legal entre el gobierno del estado y el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), mismo que embargó 688 hectáreas y cuentas bancarias del Instituto de la Vivienda de Chihuahua (Ivch) para cobrar un adeudo de 460 millones de pesos.

Víctor Hugo Estala Banda, del PAN, y Octavio Perea Lerma, del PRD, miembros de la diputación permanente de la Legislatura estatal, apoyaron la creación de una comisión especial -integrada por diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo- para que sirva de intermediaria entre el Ejecutivo chihuahuense y Banobras a fin de llegar a un acuerdo que permita a la entidad pagar el adeudo basándose "en un cobro justo de intereses".

Perea Lerma llamó al gobernador Patricio Martínez García y a la mayoría priísta del Congreso, así como a los directivos de Banobras y a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para que "asuman posiciones conciliadoras" en el conflicto jurídico.

Dijo que "a pesar de lo improcedente" del embargo, "por otra parte se reconoce" que el gobierno de Chihuahua recibió los créditos otorgados por Banobras y los aplicó en la construcción de vivienda popular, por lo que "deben ser pagados, siempre y cuando se acuerde una cantidad justa".

Por su parte el panista Estela Banda pidió, a nombre de su fracción parlamentaria, que comparezca ante el Congreso el titular del Ivch, Ramiro Arroyos, y solicitó que no se politice el litigio entre la administración que encabeza Martínez García y Banobras.

A su vez, los 18 diputados que integran la bancada del PRI presentaron un punto de acuerdo, en el cual exigieron a la Federación que "cese de inmediato la persecución que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banobras, ha emprendido contra el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua".

De igual modo se pronunciaron por la apertura de una mesa de diálogo que aclare las diferentes posturas, a fin de resolver la problemática "a todas luces atentatoria del patrimonio de los chihuahuenses".

Aparte, a nombre del Poder Ejecutivo, el secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza, anunció que las autoridades estatales ya no emitirán más comentarios acerca del litigio que enfrenta la administración de Chihuahua con Banobras, y dejarán "que el proceso continúe el curso normal en los tribunales".