Ť Partido Verde Ecologista

Imposible corregir por decreto errores de la reforma fiscal

ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México aseguró que realizar las modificaciones a la reforma fiscal aprobada en diciembre sólo será posible mediante una iniciativa de ley que incluya todos los cambios fiscales y no con un "simple decreto", como pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El caso "más escandaloso", dijo el coordinador de los verdes, Bernardo de la Garza, se refiere a disminuir de 60 a 45 por ciento el impuesto especial sobre producción de servicios (IEPS) sobre las bebidas alcohólicas. Sobre el particular, el Diario Oficial de la Federación publicó que ese gravamen -presuntamente aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados- sería de 45 por ciento, hecho que no correspondía a la realidad, porque horas antes los legisladores habían acordado que sería de 60 por ciento.

"Si se quiere modificar lo que aprobamos en diciembre pasado se debe presentar una iniciativa que se someta al proceso legislativo, y no que mediante un decreto ilegal quieran cambiar lo que, con todo y las confusiones, se aprobó con apego a la Constitución."

Al presentar un análisis elaborado por su partido sobre el contenido del Diario Oficial del día 2 de enero de 2002 y la reforma aprobada por los legisladores, De la Garza explicó que en su instituto político "votamos, en lo general, en contra del dictamen del IEPS, porque para apoyar todo lo demás propusimos que el gravamen fuese de 60 por ciento, y nos la cambiaron".

El coordinador verde dijo que otro de los problemas que el pleno no previó durante la discusión del paquete económico fue que la Ley de Ingresos de la Federación abrió la puerta para que las entidades federativas cobren hasta 3 por ciento de impuesto al consumo final para todos los productos que no estén exentos. Tal es el caso de alimentos y medicamentos.

Incluso en el ámbito del régimen de pequeños contribuyentes, los estados también tienen la posibilidad de reformar las legislaciones locales sobre la materia para cobrar hasta 5 por ciento de impuesto sobre la renta.