Impunidad militar
La impunidad de que gozan los miembros de las fuerzas armadas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos de civiles, es estructural en México y tiene su origen en una "noción expansiva" del Código de Justicia Militar sobre "delitos y faltas contra la disciplina militar", contraria a la letra y al espíritu de la Constitución, y sobre todo contraria a mecanismos e instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos ratificados por México. Tal es la principal conclusión a la que llegó Human Rights Watch en su último informe sobre Injusticia militar, presentado en días pasados en Washington, en el que lamenta que el actual gobierno no haya dado hasta la fecha ningún paso importante para abordar el problema más grave de derechos humanos heredado del pasado: la persistente reticencia de México para investigar y sancionar los abusos del Ejército.
Para la organización internacional, el actual sistema de justicia militar es en esencia inadecuado para tramitar casos de derechos humanos, y es por ello preocupante que la Procuraduría General de Justicia Militar tienda a descargar la responsabilidad de la impunidad en la población civil, en lugar de reconocer las fallas del propio sistema. Por ello la principal de sus recomendaciones es que, en consonancia con las promesas de campaña, el gobierno de Fox se comprometa a adoptar pronto leyes que garanticen que todas las investigaciones y procesos judiciales de presuntas violaciones a los derechos humanos por personal militar sean conducidos bajo la estricta jurisdicción civil, y a que los investigadores militares no interfieran en las investigaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos, llevadas a cabo por sus colegas civiles.
"No existe la necesaria independencia cuando son las autoridades militares las que investigan los abusos cometidos por el personal militar y los procesan en tribunales militares", dice con toda razón Human Rights Watch, coincidiendo con las organizaciones no gubernamentales mexicanas. "Los organismos internacionales de derechos humanos -añade, refiriéndose al quinto de los Principios básicos sobre la independencia judicial, adoptados en el séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trato del Delincuente- han rechazado sistemáticamente esta práctica y han apelado a los Estados para que la jurisdicción de los casos de derechos humanos sea transferida de las autoridades militares a las civiles".
"El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -dice también-, que supervisa la aplicaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados, ha pedido repetidamente a los Estados parte que sometan a la jurisdicción civil a aquellos miembros del ejército que presuntamente hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en 1997 exhortó al gobierno colombiano a que tomaran 'todas las medidas necesarias para conseguir que los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía acusados de violaciones de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles independientes', recomendando específicamente 'que la jurisdicción de los tribunales militares con respecto a las violaciones de derechos humanos fuera transferida a los tribunales civiles'" (UN Doc. CCPR/79/Add. 76-3 de mayo de 1997. Párrafo 34).
"El comité -concluye- ha hecho recomendaciones similares a los gobiernos de Chile y Perú, basándose en que la 'jurisdicción amplia de los tribunales militares para conocer de todos los casos relacionados con el enjuiciamiento de personal militar... contribuye a la impunidad de que goza dicho personal e impide su castigo por violaciones graves de los derechos humanos'". En nota al calce la organización internacional humanitaria recuerda que de forma similar la Corte Interamericana ha mantenido que "en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional", y que "sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar".
Contra toda legalidad y derecho, ¿seguirá el actual régimen defraudando las expectativas de la comunidad internacional y del pueblo mexicano, de acabar con la impunidad de las fuerzas armadas y convertirlas, no en un cuerpo policial más, sino en un instrumento siempre digno de defensa de la soberanía e integridad nacional? Ť