Sergio Valls Hernández
Defensoríapública
Una de las metas esenciales de la sociedad contemporánea es lograr una convivencia más justa y armónica, que sea capaz de satisfacer las necesidades de servicios, tales como justicia, salud, educación, vivienda, esparcimiento y trabajo, fundamentalmente; lograrlo depende de múltiples factores, pero uno, que es común a éstas, lo constituyen las leyes, pues no es posible escindir dichas necesidades de los ordenamientos legales que direccionan, norman, ejecutan y vigilan el actuar de los servidores públicos a quienes el Estado encomienda estas tareas.
De ahí que la sociedad debe colocarse en un nivel de pensamiento en el que privilegie la observancia de las normas, ya que el grado de validez de éstas no sólo depende de que reúnan los elementos técnicos que permitan presumir su perfección jurídica, que sin duda darían cuenta de la destreza legislativa utilizada en su creación, sino que la eficacia de la ley resulta también de la medida en que sea cumplida por sus destinatarios, pues el objetivo no es contar con leyes de notabilidad jurídica a toda prueba, sino más bien que sean acatadas y aplicadas plenamente, pues éstos son los efectos que a la sociedad le interesan.
Ahora bien, para garantizar el "cumplimiento" efectivo de la norma, es necesario que a su vez se actualicen ciertas condicionantes que permitan a los sujetos pasivo y activo de la relación jurídica obedecer las disposiciones aplicables. Entre tales condicionantes podríamos citar un conocimiento elemental de sus derechos, de sus obligaciones y de la sanción a que se harían acreedores al situarse en las hipótesis de incumplimiento que la ley establece, pero ante esta exigencia que todo ciudadano debe saldar instruyéndose en aspectos legales, no está aislado, toda vez que existen órganos públicos encargados de asesorar, orientar y representar al ciudadano ordinario en los casos en que sea parte de un litigio.
Para este efecto, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un órgano auxiliar encargado de defender en materia penal y asesorar en las demás ramas del derecho a todos aquellos ciudadanos que requieran de defensor público o de asesor jurídico en forma gratuita, siendo éste uno de los múltiples aspectos en que el Consejo de la Judicatura Federal es útil a la sociedad, y si ustedes me lo permiten, en sucesivas entregas me referiré a otros aspectos donde radica la utilidad social del consejo.
Que lo adviertan los ciudadanos, que lo sepan los justiciables: el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, proporciona, de manera gratuita, defensores públicos en asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, y provee asesores jurídicos en asuntos de orden no penal.