Ť Falta de presupuesto para mantenimiento predictivo y preventivo, un pretexto: SME

Afán privatizador, robos y acuerdos políticos causan la ruina de la LFC

Ť Invertir mil 800 millones para ponerla al día, exhorta la comisión técnica del sindicato

LAURA GOMEZ FLORES

Los "acuerdos políticos" que han evitado que algunas dependencias del sector público y privado cubran sus adeudos estimados en 24 mil 115 millones de pesos; los robos de energía y la intención de las autoridades federales de privatizar el sector eléctrico mantienen a Luz y Fuerza del Centro en "virtual estado de quiebra y a la zona metropolitana al borde de apagones mayores a los registrados en las últimas semanas".

Tratando de ocultar esa situación, se ha pretextado falta de presupuesto para dar mantenimiento predictivo y preventivo a los transformadores, para crear nuevas plantas generadoras y "repotencializar" las existentes, que en su mayoría cumplieron su ciclo de vida o están próximas a ello.

Sin embargo, las autoridades federales han permitido "pérdidas técnicas" que en 2002 llegaron a 4 mil millones de pesos (23 por ciento de la demanda atendida por LFC), ocasionadas por 400 mil personas ubicadas en asentamientos irregulares o que "trabajan" en la vía pública y por adeudos por cuentas especiales, según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Hasta el 18 de diciembre, LFC tenía adeudos por 24 mil 115 millones de pesos -21 veces más que el subsidio a la tarifa aplicado en 2000-, y entre los principales deudores del sector público en sus tres niveles de gobierno están algunos municipios de los estados de Hidalgo y México, el Tribunal Superior de Justicia, las secretarías de Educación Pública y Salud, el Servicio Postal Mexicano, Ferrocarriles Nacionales y el Gobierno del Distrito Federal.

En el sector privado le adeudan grandes consorcios como Teléfonos de México, Bienes de Capital Quantum, Club de Golf Pachuca, Compañía Real del Monte y Pachuca, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Fábricas de Loza El Anfora, Fraccionadora San Diego, Grupo Bursátil Mexicano, Operadora Unefon, Gas Tollocan, Contratistas Unidos Mexicanos, Inmobiliaria Piscis y la Fábrica de Papel San Rafael, entre otros.

La crítica situación de la empresa no termina ahí: sólo produce 2 por ciento de la energía que distribuye, compra a la Comisión Federal de Electricidad 98 por ciento de ella, a 58 centavos por kilovatio, cifra superior al costo que pagan los permisionarios -productores independientes, cogeneradores y abastecedores-, que la adquieren en 36 centavos y la producen en 46.

Ante ese panorama, el coordinador de la comisión técnica del SME, Mario Govea Sanzón, dijo que se deben invertir mil 800 millones de dólares en los próximos años, casi un tercio de lo que plantea el gobierno federal, para incrementar la capacidad instalada y atender el crecimiento de la demanda anual de 2.3 por ciento; no de siete por ciento, como se ha argumentado para mantener a la empresa "en un estado de quiebra latente, con miras a abrirla a la participación privada".

En entrevista, señaló que para la simple recuperación de costos en LFC se deberían incrementar las tarifas: doméstica, 80 por ciento; agrícola, 90 por ciento; industrial y comercial, 40 por ciento, y de servicios, 20 por ciento; pero si se quiere hacer autofinanciable para su expansión y modernización, se tendrían que duplicar esos porcentajes.

Además, hay que revisar los subsidios, que en el servicio doméstico llegan a 2 mil 470 millones de pesos, entre 5.2 millones de usuarios que reciben anualmente 536 pesos; en el agrícola, 33 millones de pesos, para mil 402 usuarios, que reciben 23 mil 537.80 pesos cada uno; el comercial, 396 millones de pesos, para 578 mil 872 usuarios, es decir, 2 mil 411 pesos para cada uno, y servicios, con 742 millones de pesos, para 3 mil 398 usuarios, que reciben 218 mil 363.75 pesos al año.

El sector industrial, sin embargo, tiene una característica especial, pues absorbe 60 por ciento de los subsidios (6 mil 686 millones de pesos), distribuidos entre sus 10 mil 816 usuarios, que reciben en promedio 618 mil 158.30 pesos, equivalente a mil 152 veces los usuarios domésticos, por lo que habría qué preguntarse: "Ƒa quién verdaderamente se está apoyando?", inquirió.

El área abastecida por la LFC -Distrito Federal, 81 municipios del estado de México, 48 de Hidalgo y dos de Puebla y Morelos- es la más compleja del mundo, y para justificar su venta se ofrece una mala imagen de servicio a los usuarios, quienes desconocen la situación en que laboran los más de 35 mil trabajadores del SME, que reutilizan equipos y elaboran sus propias herramientas para mantener el servicio.

Riesgo de alzas

Por eso, mientras una falla de suministro de la CFE impacta a 50 personas, una de LFC afecta a 250, lo que representa cinco veces de tiempo más para reparar los daños, y riesgo de que la interrupción anual por usuario supere los 190 minutos.

La participación de la iniciativa privada en el sector significaría eliminar 38.5 por ciento de descuento a los usuarios domésticos y aumento de 200 por ciento; mientras los usuarios agrícolas deberían desembolsar cuatro veces, y los comerciales, de servicios e industriales, el doble de lo que pagan a la fecha.

Por ello, el representante del SME solicitó que antes de "desaparecer" a la empresa, se le otorguen los mil 800 millones de dólares que requiere para la creación de nuevas plantas generadoras en Zumpango, Tenancingo y Berinstáin; y repotencializar la de Cuautitlán, Necaxa, las de turbo gas y las hidroeléctricas, a fin de mejorar el servicio a los usuarios sin un aumento de tarifas exorbitantes y evitar consecuencias nefastas a corto plazo, por la imposición de una política globalizadora.