Gilberto López y Rivas

Justicia para Erika Zamora

En la madrugada del 6 de junio de 1998, varios civiles y dos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) murieron como consecuencia de una emboscada que les tendió el Ejército Mexicano en El Charco, Guerrero. Desde entonces, Erika Zamora Pardo, estudiante del CCH Azcapozalco, dedicada a la alfabetización de adultos, permanece presa, acusada de ser integrante de ese movimiento revolucionario.

La única "prueba" que presentó el Ejército para llevarla a juicio es su presencia en El Charco. Según declaró recientemente a La Jornada, ella se encontraba ahí para definir con la comunidad una campaña de alfabetización junto con otro estudiante, Ricardo Zavala, quien perdiera la vida en el operativo castrense. La otra "prueba" de sus acusadores es una declaración firmada en la que se autoincrimina de pertenecer a la guerrilla y de ser la comandante Rosario. Aquí, como en muchos casos de la guerra sucia, se fabrican culpables a partir de confesiones arrancadas bajo tortura infligida por militares que actúan como policía investigadora y ministerios públicos de facto, en violación de la Constitución y con la complicidad del Poder Judicial y de los organismos oficialistas de derechos humanos.

Después de dos amparos perdidos, la alfabetizadora tiene la esperanza de encontrar por fin la libertad mediante un último "amparo directo". En aras de que se haga justicia, esta joven de 24 años comenzó una huelga de hambre el lunes pasado.

En la entrevista que hace unos días concediera a Blanche Petrich, se proyecta una Erika convencida de entregar generosamente sus esfuerzos a una tarea tan loable como la alfabetización. Quienes en algún momento de nuestras vidas alfabetizamos, sabemos que la educación es eficaz medio liberador. A través de la alfabetización se da un proceso de intercambio de saberes en el que las personas adultas aprenden a leer y a escribir y, a su vez, "enseñan" a los alfabetizadores la experiencia de su vida diaria, las injusticias de la marginación y la explotación de la comunidad indígena, campesina o de barrio, según sea el caso, las vivencias del trabajo cotidiano, su mundo festivo y los avatares de sus resistencias. En este proceso de concientización recíproca usualmente se establecen relaciones estrechas que perduran con el paso del tiempo ampliando los horizontes y las sensibilidades de alfabetizadores y población alfabetizada.

Así, la universitaria ha permanecido presa durante tres años y medio por el único "delito" de contribuir a generar las condiciones para que otras personas tengan la oportunidad que ella tuvo de aprender y superarse. Pero en un país como el nuestro, inmensa fábrica de pobres y excluidos, la acción educativa para aquéllos a los que les han sido negados derechos fundamentales es trastocada por el poder en delito y subversión. Por ello, corre el riesgo de ser sentenciada a ocho años y medio de prisión, bajo los cargos de "conspiración e incitación a la rebelión".

Como ella misma reconoce, este caso ha sido utilizado por los aparatos represivos del Estado para dar un escarmiento a la juventud que se resiste a ser arrastrada por la inercia del individualismo, el egoísmo, el oportunismo o la competencia, que desafortunadamente desde hace tiempo vienen influyendo negativamente en la formación ideológica de las nuevas generaciones.

A pesar del juicio lleno de irregularidades, de las torturas a las que ha sido sometida, de la violación cotidiana a sus derechos humanos en los distintos penales adonde ha sido trasladada, la estudiante no pierde el ánimo; lejos de ello, ha luchado, junto con otras compañeras de prisión, por mejorar las condiciones carcelarias. Aun ahí asume responsabilidades colectivas y de denuncia, sin caer en la pasividad y la desesperación.

Erika, quien optó por el arduo camino de la solidaridad y la transformación de su sociedad, es un ejemplo a seguir. Nos congratulamos de la existencia de jóvenes universitarios comprometidos con su pueblo, dispuestos a ver por los demás, sobre todo ahora que la definición de izquierda se asume en el desamparo de una globalización que no reconoce un estado de derecho internacional y con gobiernos "nacionales" que han declarado la guerra a las disidencias reales para proteger los interereses de sus socios y patrones.

Vicente Fox, como el demócrata que afirma ser, tiene hoy la gran responsabilidad de impedir que este tipo de atropellos a los derechos humanos se continúen cometiendo y de terminar de una vez por todas con el fuero militar de la impunidad y el régimen de excepción.

Por el bien de esa patria saqueada y vulnerada, šlibertad a Erika Zamora!