Ť Las lesiones, resultado de la fuerza para rescatar a funcionarios: Herrán Salvati

Rechaza el gobierno de Chiapas recomendación de la CEDH sobre tortura y violencia

Ť Los hechos, durante la retención de burócratas en Marqués de Comillas en julio de 2001

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 31 de enero. El gobierno de Chiapas rechazó la recomendación que le remitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la cual se le pedía la reparación de daños causados por presuntos actos de tortura y exceso de violencia perpetrados por cuerpos policiacos durante un operativo de rescate de servidores públicos que retuvieron campesinos en el municipio de Marqués de Comillas durante julio anterior.

"Las lesiones que sufrieron algunos detenidos -quienes pedían se realizaran en la demarcación proyectos productivos- fueron resultado del uso de la fuerza necesaria para el rescate de los plagiados", sostuvo el procurador de Justicia estatal, Mariano Herrán Salvatti, ante los hechos, reclamados por habitantes de la comunidad San José.

Los argumentos de la recomendación "carecen de pruebas y razonamientos lógicos y jurídicos", manifestaron en conferencia de prensa conjunta el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa; el de Seguridad, Mauricio Gándara, y el procurador de Justicia.

De entrada, Zebadúa aseveró que con su recomendación el ombudsman estatal, Pedro Raúl López Hernández, intentó "politizar los derechos humanos", debido a la publicidad que dio a la recomendación días antes de emitirla formalmente. Añadió que el documento se enmarca en las diferencias que sostuvieron recientemente funcionarios del gobierno estatal y el titular de la CEDH.

Mariano Herrán dijo que las evidencias planteadas por la CEDH en su recomendación "las recaba de un organismo no gubernamental denominado Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y en los elementos y pruebas que dicho centro le proporciona se advierte que no fueron constatados y verificados en su totalidad por los visitadores (de la Comisión)".

Abundó que la CEDH "se concretó a hacer una recomendación sui generis de los datos y pruebas que la autoridad, en tiempo y forma, le envió a ese organismo, y algunas de ellas ni siquiera fueron valoradas".

Del mismo modo, las autoridades estatales rechazaron que se hubiera torturado a alguna de las 69 personas detenidas en esos hechos, 11 de las cuales aún permanecen detenidas. También negaron que se secuestrara días antes del operativo a Noé Jiménez Pablo, líder de los campesinos que se manifestaron para exigir proyectos de desarrollo en su zona.

Igualmente refutaron que en el desalojo se usara fuerza excesiva, que de acuerdo con la CEDH ocasionó destrozos en viviendas, robo de bienes y otros ilícitos. "El gobierno del estado de Chiapas no acepta las recomendaciones específicas, ya que en base al estudio de fondo del citado documento, no se acredita la existencia de elementos que presuman (sic) la violación de derechos humanos", aseveró Zebadúa.