LA PGR Y EL 68: FALLO POSITIVO

El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar una averiguación previa sobre la masacre del 2 de octubre de 1968, y a dar con ello curso a una demanda presentada 30 años después de esa fecha, en 1998, por un grupo de participantes en el movimiento estudiantil que terminó aplastado a sangre y fuego por la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

En su momento, la PGR encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar archivó la denuncia y se negó a darle seguimiento, argumentando que los delitos señalados habían prescrito, pese a que, de acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, los crímenes de lesa humanidad --como el que cometió el poder público en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre-- son imprescriptibles.

La negativa de la PGR fue una evidencia más de la continuación de complicidades y encubrimientos que se exhibió a lo largo de los gobiernos priístas de la última etapa, desde Díaz Ordaz hasta Ernesto Zedillo, pasando por Luis Echeverría --principal sospechoso vivo de participar en la organización de la matanza--, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. El gobierno manchado por la sangre derramada en Aguas Blancas y Acteal no vaciló en cuidar la espalda de sus antecesores, los homicidas de Tlatelolco.

La PGR de Zedillo y Madrazo tuvo oportunidad de rectificar en 1999, cuando los quejosos interpusieron y ganaron un amparo que establece la obligación de la dependencia de realizar ciertas diligencias antes de archivar cualquier denuncia. Pero el entonces abogado de la nación se inconformó y el caso llegó hasta el máximo tribunal del país, donde pasó casi tres años hasta que se dio a conocer la sentencia de anteayer, que favoreció a los demandantes.

Se trata ciertamente de una resolución más vinculada al procedimiento que al fondo de la cuestión. Contra lo que pedían los autores de la denuncia, la SCJN no falló a favor de la imprescriptibilidad de los delitos perpetrados en Tlatelolco hace casi 34 años; simplemente establece la obligación de la PGR de iniciar una averiguación. Pero ese solo hecho es un paso en dirección de la justicia.

Sería lamentable que tras este fallo, la institución encargada de procurar justicia en el país se amparara en nuevas argucias legales o realizara un ejercicio de simulación en la integración de expedientes para salir, una vez más, con el alegato de que la responsabilidad penal por lo sucedido ese 2 de octubre ha prescrito.

Si el actual es un gobierno realmente distinto a sus predecesores, y si existe una verdadera voluntad de renovación institucional, es preciso que la PGR --con base en el principio internacional según el cual los crímenes de lesa humanidad no prescriben-- inicie una investigación sólida, transparente y convincente, y finque las responsabilidades penales a que haya lugar contra los culpables aún vivos de la matanza del 2 de octubre.

Y ello, no por un afán de venganza, sino para garantizar que los hechos oprobiosos ocurridos hace 34 años no se repitan nunca más.