Alberto Aziz Nassif

Reforma del Estado: mandato y votos

Hace un año el presidente Fox anunció la intención de su gobierno de impulsar una reforma del Estado, una reforma integral a la Constitución para resolver la contradicción de tener "una sociedad democrática y muchas instituciones autoritarias". También señaló: "La sociedad votó por un cambio en las normas, en las instituciones y en los objetivos, no sólo por un cambio en el grupo en el poder" (La Jornada, 6/2/01). Al correr de los meses los datos duros cuestionan el sentido del mandato, pero sobre todo muestran los problemas de que el gobierno foxista sea minoritario en el Congreso de la Unión, así como en los congresos locales.

Uno de los aprendizajes políticos más relevantes de 2001 fue la nueva relación de fuerzas entre los poderes: un presidencialismo minoritario que no tiene los votos para sacar adelante ninguna reforma constitucional; un Legislativo sin mayorías, que se mueve dentro de un espacio complejo para el consenso, y un Poder Judicial que se ha convertido en el gran árbitro nacional que dirime, en última instancia, las controversias de intereses. No sólo cambió el grupo gobernante y el partido, sino la dinámica entre las partes y su composición, que son producto de la competitividad electoral y de la necesaria autonomía que requieren los poderes públicos para funcionar. Lo que no ha cambiado de forma integral y sustantiva son las reglas.

En un proceso democrático, como el que existe hoy en México, en el que la alternancia electoral ha generado cambios políticos importantes, pero también limitaciones nada despreciables para construir consensos nacionales y pactos, la reforma del Estado está asentada en un espacio de incertidumbre. La ciudadanía emitió un voto para que el Presidente de la República fuera de un partido de oposición, pero no le dio los votos suficientes para que tuviera mayoría en el Congreso. De esta manera, el mandato quedó marcado por un gobierno dividido y un presidencialismo en condición de minoría. Ya hemos visto en 2001 lo que significó esta condición: una reforma indígena sustancialmente distinta de la que presentó el presidente Fox al Congreso, una reforma fiscal completamente modificada respecto al proyecto presidencial.

ƑCómo se forman hoy los consensos? De entrada se puede ver que la competencia y la falta de una mayoría parlamentaria propician una situación frágil en torno a los proyectos legislativos y debilitan los resultados. Los ejemplos de la ley indígena y de la reforma fiscal son claros, sobre todo el segundo, que se presentó en abril y se aprobó sólo a fin de año con un esquema completamente distinto al original, lleno de errores e incongruencias. Al mismo tiempo, la línea directa entre las decisiones del gobierno y la política partidista contamina permanentemente la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Por ejemplo, en el caso de peculado en Pemex, el PRI amenazó con rechazar todas las iniciativas del Ejecutivo. Por otra parte, en el Congreso hay una cantidad enorme de iniciativas en materia de reforma del Estado: en la 57 Legislatura fueron 170 y en la 58 van 133, lo que nos da un total de 303 iniciativas. En el transcurso de 2000 se hicieron diversos foros sobre la reforma del Estado que convocaron a más de mil ponentes. La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que reunió a más de 160 especialistas, presentó a fin de año un proyecto amplio. Además, el gobierno logró la firma de un Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que es un listado de casi todos los buenos deseos que necesita el país. En síntesis, hay múltiples insumos, agendas, iniciativas, proyectos, consultas e ideas para la reforma del Estado; sin embargo, el clima reformador del país se encuentra medio paralizado, sobre todo después de las experiencias de 2001. La dificultad para lograr los consensos es una realidad muy complicada.

Mientras sigamos con un gobierno dividido y un Presidente en condición de minoría, la reforma del Estado, en cualquiera de sus versiones, seguirá como un proyecto necesario, pero completamente incierto. Una transición democrática basada en la alternancia electoral necesita pactos y reformas para pasar a la fase de consolidación. Paradójicamente, en la medida en que se instale la lógica de las elecciones intermedias de 2003, los partidos incrementarán su nivel de confrontación y bajará más la ya débil actitud de cooperación con el Presidente. Así, sin incentivos para cooperar y con escenarios de mayor confrontación -si se profundiza la lucha en contra de la corrupción-, la reforma constitucional tendrá que esperar el resultado de 2003. Tal vez entonces sea más claro el mandato y se acompañe de los votos necesarios.