Ť Lo compró el sindicato que dirigió La Quina

Ejidatarios y petroleros disputan predio de 10 mil hectáreas en Tamaulipas

MARTIN SANCHEZ TREVIÑO CORRESPONSAL

Ciudad Victoria, Tamps., 4 de febrero. Ejidatarios del municipio de Aldama y trabajadores de Petróleos Mexicanos se disputan un predio de 10 mil hectáreas que adquirió el sindicato petrolero cuando lo dirigía Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

Representantes de nueve poblados pidieron al juzgado de distrito con sede en Tampico, Tamaulipas, la suspensión provisional de una orden judicial para despojar del inmueble a sus ocupantes, ya que se ignoró la versión de los campesinos en cuanto a la propiedad del mismo.

Indicaron que los actuales ocupantes se constituyeron en comités particulares acreditados como tales ante la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, dependencia que a su vez les otorgó la posesión de la superficie.

El predio, subdividido en nueve partes, se entregó a 279 ejidatarios el 9 de abril de 1990, mientras que la orden judicial reconoce derechos de los petroleros a partir del 16 de marzo del mismo año, día en que los campesinos recibieron la posesión.

Los comités particulares, identificados como 20 de Enero, Aguila Real, Jarcias, Emiliano Zapata, Laguna Verde, Nombre de Dios, Los Angeles, Mártires de la Revolución Mexicana y 10 de Octubre, argumentaron y "demostraron" ante un visitador judicial tener la posesión de la superficie.

Por el lado de los petroleros, la sección uno del sindicato del gremio, que encabeza Jesús Olvera Méndez, habilitó con personalidad jurídica a representantes de nueve sociedades de solidaridad social creadas en los tiempos en que La Quina era el dirigente nacional de la institución.

Olvera Méndez sostuvo que el gremio petrolero apoya a las empresas denominadas Emilio Portes Gil, Brígido Villasana, Antonio Hernández Abrego, Guillermo Navarrete, Francisco Javier Martínez, Simón Castro y Armando Barragán Camacho, al frente de las cuales se designó como representante legal a Víctor Manuel Saldierna Salazar, quien exige el cumplimiento de un mandato judicial de hace diez años.

El líder petrolero comentó que el sindicato le da seguimiento al caso porque se trata de un patrimonio del mismo, pero que "no se pretende despojar" del mismo a los campesinos.