Las escuelas públicas afrontan carga financiera anual superior a $100 mil millones

"Bomba de tiempo", problema de pensiones en universidades

Los sindicatos proponen crear fondos con aportaciones de instituciones, trabajadores y gobierno

JOSE GALAN

Con una carga financiera superior a los 100 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones al año, las instituciones del sistema público de educación superior no han encontrado aún un modelo que les permita resolver satisfactoriamente esta prestación contemplada dentro de los contratos colectivos de trabajo.

Para los sindicatos, las instituciones deben crear fondos de pensiones y jubilaciones, a través de aportaciones tripartitas trabajadores-universidades-gobierno. Pero no hay solución, y se trata de "una bomba de tiempo", afirma el Frente Amplio de Sindicatos Universitarios (FASU).

Por su parte, las 134 casas de estudios afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han comenzado a elaborar su propio diagnóstico, pero fuentes de la asociación revelaron que dicho estudio no estará listo antes de junio o julio, debido a la diversidad de estrategias utilizadas por las instituciones para afrontar el problema.

Un mal esquema pondría en riesgo a las propias instituciones

En el análisis Las jubilaciones y pensiones universitarias, problemática y soluciones, elaborado por Domingo Acuña Pardo, secretario general de la Asociación Nacional de Sindicatos de Personal Académico Universitario (Anaspau), se advierte que un mal diseño de los sistemas de pensiones puede poner en riesgo la estabilidad económica "no sólo de los fondos, sino de las propias universidades".

El establecimiento de estos mecanismos ha servido como herramienta de negociación por parte de los sindicatos universitarios, tanto de administrativos como de académicos, porque se trata de una de las principales cláusulas de los contratos colectivos de trabajo, con base en las garantías que al respecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero es un tema que las autoridades universitarias han evadido o pospuesto ante la carencia de estrategias propias, de recursos y de consenso con las diferentes instancias gubernamentales, a pesar de que involucra, según cifras conservadoras del propio FASU, a más de 60 mil trabajadores de escuelas públicas de educación superior en todo el país, incluyendo los sistemas de enseñanza tecnológica.

"Este es un problema que puede estallar en cualquier momento. En las negociaciones salariales y contractuales que hemos observado, y que se han desarrollado con dificultad, el tema de las pensiones y las jubilaciones ha estado muy presente. Y las autoridades universitarias y educativas no saben qué hacer", señala León Gutiérrez Navas, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), una de las tres ramas del FASU.

Para Acuña Pardo, debido al incremento en la esperanza de vida de los trabajadores, es necesario revisar y modificar los sistemas formales de pensiones universitarias. Y considera en su estudio que ya no hay tiempo para discutir las modificaciones a los esquemas de la mayoría de las universidades. Más bien, dice, "debe ser un hecho". Pero advierte que para cambiar o instalar un sistema de jubilaciones "es necesario considerar el aspecto económico, social y jurídico.

"La ANUIES podría contactar profesionales para asesorar a las universidades sobre la evaluación de su sistema de pensiones con el propósito de hacer la modificación, o bien, la instalación de un nuevo sistema formal en el sector, y la asociación también puede coordinar la homologación futura de los esquemas de jubilaciones universitarias, que hoy se encuentran repartidos en una gran variedad de formas", añade.

La ANUIES informa que ya se contrató a un grupo de asesores que, precisamente, trabajan en el estudio de esa gran variedad de formas de jubilación de todas las universidades, a fin de poder presentar un diagnóstico sobre un tema que, anticipa, formará parte importante de las discusiones en el Congreso de la Unión sobre el presupuesto de la educación superior pública del país, el próximo otoño.

Sin duda alguna, el impacto financiero de las jubilaciones y las pensiones universitarias "ocupará gran parte de la discusión de este año sobre la educación superior pública del país", afirma David Villarruel, miembro del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la dirigencia de la Federación Nacional de Sindicatos de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Fensuies), otra de las corrientes del FASU.

Acuña Pardo considera que ante las diversas formas de entender el problema, algunas universidades rechazan los cambios a sus esquemas de pensiones; otras están en favor de hacer modificaciones sobre el sistema de "beneficio definido", y algunas piensan cambiar en pro del sistema de cuentas individuales.

Pero cree saber con exactitud en qué consisten los esquemas de aportaciones y el de beneficio definido. En el primer caso, el trabajador sólo conoce el monto de sus aportaciones, no el de los beneficios, pues éstos dependen del capital constitutivo acumulado en su cuenta individual a la fecha en que se otorgue la pensión.

Las cuentas individuales tienden a beneficiar al patrón

"Se puede concluir que el esquema de cuentas individuales tiende a beneficiar al patrón, pues éste no correrá peligro de desequilibrio financiero, pero podría perjudicar al trabajador, ya que no necesariamente le garantiza una pensión digna, ya que su monto dependerá del total de las aportaciones, los años de cotización, la tasa real de rendimiento y la edad de jubilación".

En el esquema de beneficio definido, el empleado conoce el monto de los rendimientos a que tendrá derecho desde que ingresa a trabajar. Es el caso de aquellas universidades en las que se otorgan pensiones por jubilación a los 25 o 30 años de servicio, sin importar la edad del trabajador, como sucede en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.

El esquema de beneficio definido tiende a sobreproteger al trabajador y su familia, y perjudica directamente al patrón e indirectamente al mismo empleado, ya que éste corre el riesgo de no recibir su pensión y, además, de perder su trabajo.

Para universidades, sindicatos y gobierno, la discusión, pues, está abierta.