MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
EN UN APARENTE ARREBATO en contra de la autoridad que lo representa y protege, el combativo sector privado mexicano, agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha dicho no al Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional. No, en tanto los compromisos no se traduzcan en acciones tangibles, dijo su presidente, Claudio X. González Laporte.
NO LO SUSCRIBIRA, PUES, hasta que no se concrete, por ejemplo y en primerísimo lugar, la reforma energética que garantice el libre acceso del capital privado a ese estratégico renglón de la actividad económica nacional. Así, el aparente arrebato del CCE en contra del mencionado acuerdo y de su promotor -el inquilino de Los Pinos- parece desdibujarse para convertirse en un nuevo elemento de presión del sector empresarial de primerísimo nivel para lograr, en breve, la total apertura de ese sector que el gobierno del cambio, "por enésima ocasión", se ha comprometido a no privatizar.
RENOVADO Y COMBATIVO, Claudio X. González Laporte aparece como representante del gran capital autóctono, que a final de cuentas será el único, junto con sus asociados extranjeros, con capacidad económica para "invertir", de inmediato y ampliamente, en la privatización del sector energético mexicano. Ahora aparece liberado de la férrea "dependencia" -business is business- mostrada en pasados y tricolores sexenios, especialmente si de firmar "acuerdos" y "pactos" se trataba.
EL ACUERDO POLITICO para el Desarrollo Nacional se presentó en sociedad el pasado 7 de octubre, y su recetario de buenas intenciones ha sido firmado, hasta ahora, por el gobierno federal, el Congreso de la Unión, los partidos políticos y buen número de gobernadores estatales, entre otros. El sector patronal no ha querido sumarse a este esfuerzo, porque hasta el momento no ve resultados concretos.
PARADOJICO, PUES, QUE LA cúpula de cúpulas de la iniciativa privada mexicana exija pruebas -como Schulenburg a Juan Diego- a un gobierno que abiertamente se ha declarado de, por y para los empresarios (Fox dixit). Todo indica que hay ciertos aspectos en el personal estilo de gobernar del cambio que los han dejado insatisfechos.
EL HECHO ES QUE AYER Claudio X. González Laporte se reunió con el secretario de Gobernación, el bombero Santiago Creel, para hablar sobre el acuerdo y su condicionada "disponibilidad" para firmarlo. Probablemente el líder empresarial le dijo al funcionario del gobierno del cambio que "por enésima ocasión" el sector por él representado no veía claro en lo que a cumplimiento de promesas se refería. "Lo que pedimos -dijo- es que haya compromisos y que se vean acciones; nosotros creemos que debe haber un acuerdo, pero con compromisos, por lo que tenemos que seguir dialogando."
COMPROMISOS Y DIALOGO también se traducen en situaciones concretas: la necesidad, a juicio del presidente del CCE, de alcanzar consensos que concreten una reforma energética "que abra las posibilidades que se requieren para crear más empleos y riqueza... En casos como el de la petroquímica no se hace nada ahorita, porque estamos estancados con una ley en la que no se puede invertir por parte del sector privado, pero tampoco hay los recursos necesarios por parte del sector público... A causa de ello, México importa petroquímicos cuando debería exportarlos, lo cual traería al país un enorme potencial en la creación de empleos... Si se da una reforma energética positiva para el país y no se embrolla en asuntos meramente partidistas, entonces sí, ya tendremos un acuerdo de ir para adelante, pensando en el país".
A LO LARGO DE LOS últimos tres sexenios tricolores, en los que Claudio X. González Laporte participó -desde su trinchera- activa y decididamente, los acuerdos y las acciones tangibles exigidas por el sector empresarial y obsequiadas por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se tradujeron en el desmantelamiento de la planta productiva propiedad de la nación a favor del capital privado, y en el subsecuente rescate multimillonario con recursos públicos -que en algunos casos está vigente- de muchos de los sectores por él adquiridos y controlados. Las acciones tangibles se tradujeron en la privatización de alrededor de mil empresas del Estado en menos de 18 años, empezando por las líderes en los sectores estratégicos, y en la pérdida de miles de empleos. Por ello, más allá de la ocurrencia del presidente del CCE, el concepto "pensar en el país" utilizado por los dueños del gran capital resulta por demás perverso.
EL PROPIO SECRETARIO del Trabajo, monseñor Carlos Abascal Carranza, ex presidente de la Coparmex, ya había señalado que la negativa del sector privado a firmar el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional no es síntoma de rechazo a esa fórmula. Simplemente, dijo, se requiere un esfuerzo adicional para alcanzar el consenso y lograr que todos los sectores suscriban los compromisos: firma el que quiere firmar, en un ejercicio democrático.
NO HAY QUE OLVIDAR que como representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carlos Abascal Carranza, al igual que Claudio X. González Laporte, participaron activamente en la suscripción de pactos y acuerdos en aquellos oscuros tiempos tricolores. El ahora secretario del Trabajo aseguró que entonces los "consensos" y las firmas eran obligadas, impuestas por el gobierno. Ahora que esas prácticas ya no se registran (monseñor dixit), sería por demás ilustrativo que ambos empresarios explicaran las causas -Ƒbusiness is business?- por las cuales no denunciaron esas arbitrariedades en el momento apropiado.
Las rebanadas del pastel:
EL COMERCIO EXTERIOR de México dejó de percibir 14 mil millones de dólares en 2001 debido principalmente a la recesión económica que enfrentó Estados Unidos, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Manuel Muñoz Martínez. A pesar de ello, se espera que las exportaciones de productos nacionales superen los 165 mil millones de dólares en 2002... El viceministro de Economía de Argentina, Jorge Todesca, aseguró hoy que su país necesitaría recursos entre 22 y 23 mil millones de dólares para superar la crisis financiera, aunque negó que ese sea el monto que su gobierno negocia con los organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. "Si hacemos una comparación con las crisis financieras como la de Turquía o las del sudeste asiático, normalmente demandan alrededor de 12 por ciento del producto interno bruto, lo cual en nuestro caso representa 22 o 23 mil millones de dólares."
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