Miércoles 20 de febrero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

 
n Enrique Doger le ofreció al diputado dinero y una plaza de maestro: Méndez Sánchez
Exponen UCEZ y PRD a la PGR que Lozano murió por un atentado, no por un accidente
q La camioneta que lo seguía usaba una tarjeta de prepago de casetas de la Sedena q El atentado pudo ser ordenado por el gobierno del estado, dice la viuda

Fermín Alejandro García n

Integrantes de la Unión de Campesinos Emiliano Zapata (UCEZ) Vive, junto con los legisladores federales del PRD Martí Batres Guadarrama y Miguel Bartoloni, se presentaron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para exponer que hay suficientes elementos para suponer que la muerte del diputado local Teodoro Lozano Ramírez -provocada por una volcadura ocurrida el 5 de agosto del año pasado- fue un homicidio y no un accidente como lo sostiene la PGR.
Alma Delia Méndez Sánchez, viuda de Teodoro Lozano, dijo que existe la sospecha de que el atentado provino del gobierno del estado, tal vez ordenado por el mandatario de Puebla, Melquiades Morales Flores, debido a que Teodoro Lozano se negó a "vender" el movimiento de la UCEZ que se opone al Proyecto Milenium, el cual forma parte de las obras del Plan Puebla Panamá (PPP).
Por primera vez, la cónyuge del ex legislador aseguró que Teodoro Lozano, días antes de su muerte, fue visitado por el rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Enrique Doger Guerrero, y por un profesor de esa casa de estudios, José Luis Cardona Ruiz, quienes iban como enviados de Melquiades Morales para ofrecerle dinero y una plaza de profesor universitario a cambio de que dejara de asesorar a la UCEZ.
Además, que uno de los vehículos que supuestamente provocó la volcadura en la que murió el perredista utilizó una tarjeta de pre pago de casetas de cobro que es propiedad del Ejército Mexicano.
Antes de partir a las oficinas de la PGR, en un acto realizado en el auditorio del sindicato de telefonistas en el que estuvieron unos 400 campesinos de la UCEZ, Martí Batres y Miguel Bartoloni exigieron una investigación de la muerte del diputado imparcial para que no esté influida por los intereses económicos que hay en torno al PPPo que se retrase para que dentro de 30 años se esté exigiendo abrir el expediente judicial, tal como ocurre con los casos de Joel Arriaga y Enrique Cabrera, los dos universitarios poblanos que fueron asesinados por motivos políticos en los años 70.
Teodoro Lozano era diputado del PRD. El 5 de agosto del año pasado, cuando circulaba en el kilómetro 133 de la autopista Puebla-Orizaba, volcó su camioneta modelo Ford Explorer. El legislador murió cinco días después. Su caso fue atraído a la PGR debido a que ocurrió en una vía federal.

Nuevas pistas
La esposa de Lozano leyó un documento con el cual refuta la versión de la PGR de que la muerte del legislador fue por un accidente provocado por una falla mecánica.
Al inicio del documento, se indica que en el parte que se levantó del hecho en que perdió la vida Lozano se aseguró que iba alcoholizado, pero los peritos Edmundo Vázquez Martínez y Roberto Noriega Castro, ambos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), determinaron que el diputado no había ingerido bebidas alcohólicas ni cocaína. Estos exámenes, dijo, fueron ordenados por Rodolfo Igor Archundia, director de averiguaciones previas de la PGJ.
Antes de que el caso fuera atraído a la PGR, el titular de la PGJ, Carlos Arredondo Contreras, aseguró que la posible causa de la volcadura del vehículo era que estaban en mal estado las llantas de la camioneta. Esta versión no fue aceptada por el perito Pedro E. Montes, quien estableció que no encontró indicios de defectos de fabricación en los neumáticos.
En cambio, destacó la viuda, no se ha investigado lo que declaró Miguel Guzmán, quien era el secretario particular de Lozano y lo acompañaba cuando ocurrió la volcadura. ıl aseguró que el día del percance eran seguidos por una camioneta modelo Suburban de color blanca, y desde este vehículo con las luces se hizo señales a un autobús de la línea AU para que le cerrara el paso al legislador y provocara que perdiera el control de la Ford Explorer.
Alma Delia Méndez afirmó que su esposo pasó una caseta de cobro de la autopista a las 15 horas con 36 minutos y 16 segundos, tal como consta en el registro de la garita, y la camioneta en que lo seguían atravesó el lugar 12 segundos después, y pagó con una tarjeta IAVE 3061 que es propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Afirmó que la PGR ya tiene identificados a los presuntos conductores de la Suburban blanca y del autobús AU, pero por razones desconocidas no han sido llamados a declarar por el Ministerio Público federal, indicó en entrevista.
Méndez Sánchez señaló que la PGR insiste que una de las causas de que se volcara la camioneta de Lozano era el exceso de velocidad; sin embargo, se presentó un dictamen de la agencia en donde el diputado compró la camioneta en el que se da cuenta que la Ford Explorer tenía un dispositivo que le impedía correr a más de 170 kilómetros por hora. Se ha comprobado, aseveró, que el diputado, al momento en que dio de vueltas su vehículo, iba a 120 kilómetros por hora, una situación normal en una autopista.
Acerca del supuesto encuentro de Enrique Doger Guerrero y José Luis Cardona Ruiz -quien a principios de la década de los 90 fue candidato a la rectoría de la UAP- con Lozano, aseguró que el diputado se lo contó y también fue una aseveración que hizo Miguel Guzmán.
Lozano Ramírez tenía programada una entrevista con Melquiades Morales Flores para el 6 de agosto del año pasado, pero como no aceptó el trato que le ofrecieron Doger y Cardona, se atentó contra su vida el 5 de agosto, pues el gobierno ya sabía que no iba a "vender" el movimiento de la UCEZ, argumentó la esposa.

Nos alzaremos
en armas
En el acto que se realizó previo a la visita a la PGR, Martí Batres destacó que hasta ahora la UCEZ va ganando la batalla contra el Proyecto Milenium y el Plan Puebla Panamá, ya que ha demostrado que su lucha es por la defensa de su territorio, un bien que debe ser de las comunidades, tal como se plantea en la iniciativa de Ley Indígena de la Cocopa, misma que ayer de nueva cuenta fue presentada en el Congreso de la Unión.
El legislador destacó que la verdadera cara del PPP es contraria a lo que sustenta la Cocopa, ya que busca que las tierras de los campesinos de las regiones de Tepeaca y Tecamachalco pasen a propiedad de inversionistas de Estados Unidos.
Un representante del ejido de Xochimilco pasó a la tribuna del auditorio del sindicato telefonista y advirtió que si los gobiernos de Melquiades Morales Flores y Vicente Fox Quesada insisten en despojarlos de sus tierras, las tendrán "que defender con las armas", tal como lo hacía Emiliano Zapata a inicios del siglo pasado.