Martes 26 de febrero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Por incumplimiento de requisitos para nombrar magistrados, señala
Las deficiencias en la integración del TSJE, responsabilidad del Ejecutivo: Mendieta

Raúl Jiménez y Juan Luis Cruz n
Las diferencias irreconciliables que pudieran existir entre los magistrados Hugo Morales Alanís y José Rufino Mendieta Cuapio, ambos aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), tienen sus puntos de convergencia en la integración del Poder Judicial de Tlaxcala, pues hay serias irregularidades debido al incumplimiento de al menos siete magistrados propietarios, y otros nueve suplentes, de los requisitos estipulados para poder desempeñarse como tales, mismas que podrían dejar sin efecto cualquier resolución que tuvieran respecto a la impartición de la justicia en la entidad.
Estas deficiencias no estriban ni con mucho en el número de magistrados que deben integrar al TSJE y tampoco en la forma como deberá realizarse la elección del presidente, coincide Mendieta Cuapio con su homólogo y principal opositor de sus aspiraciones para mantenerse en la titularidad de este Poder, sino en las deficiencias con las cuales el Ejecutivo estatal, que encabeza Alfonso Sánchez Anaya, integró -en diciembre pasado- aquella convocatoria para examinar, calificar y proponer a quienes debieron integrarse al Poder Judicial a partir del pasado 15 de enero.
Pero, a pesar de que dichas irregularidades están a la vista de los tres poderes, ni el Legislativo, a través de alguna de sus fracciones parlamentarias, ni el Ejecutivo han iniciado algún procedimiento de acción de inconstitucionalidad para desconocer los nombramientos de algunos de los magistrados, titulares y por lo menos nueve suplentes, pese a que sólo les quedan -a ambos poderes- 49 días para presentar una acción de esta índole, pues "ellos son los únicos facultados para presentar un recursos así. Debe combatirse desde la naturaleza misma del nombramiento, porque si no se cuestiona se irá al término de su función y será una cuestión completamente ilegal", apuntó Medieta Cuapio.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Mendieta, quien asumió la presidencia del TSJE el 6 de febrero de 2001 en sustitución del magistrado Ricardo Eulalio Pérez Zárate, reconoce que el problema que vive el Poder Judicial de Tlaxcala no se reduce a tan sólo la forma de cómo y quiénes deben participar en el proceso de sucesión del presidente, sino en el nombramiento y asignación irregular que se dio a los siete nuevos integrantes de este Poder y elección de los magistrados suplentes.
Mendieta Cuapio aseguró que la responsabilidad al respecto es única y exclusiva del Ejecutivo, quien además de no verificar que todos los aspirantes cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, también se extralimitó al convocar las salas en donde deberían trabajar los nuevos magistrados.
"Tendríamos que ver el procedimiento que se llevó para dichos nombramientos, ya que no sólo es facultad del Congreso, sino que deriva de la facultad y obligación que tiene el titular del Ejecutivo para integrar las ternas, de esa facultad que tiene para sólo abrir la posibilidad para que presentaran un examen de oposición quienes reúnen los requisitos. Entonces desde el procedimiento mismo de selección y nombramiento de magistrados derivan de origen los problemas, pero esta ya no sería una situación o aspecto de responsabilidad para el Poder Judicial".
Pese a que todos los integrantes de este Poder conocían las irregularidades con las que se habían dado tales designaciones, Rufino Mendieta sostuvo que cada uno de los 14 magistrados que desde el 15 de enero integran el Tribunal, así como el supernumerario, aprobaron y validaron dichos nombramientos y las respectivas asignaciones de salas. "Con la presencia de los 14 magistrados, vino la otra fase, cada uno de ellos pidieron que se les respetara su asignación, entonces estamos consintiendo una acción que de origen -en el Congreso del estado y en el Ejecutivo- es irregular. Si bien es cierto que no debieron asignarse las salas en donde deberían funcionar los magistrados, en la primera sesión hubo un reconocimiento expreso y una legitimación del acto del Congreso del estado, por irregular que éste haya sido".
Abundó que de tal situación se desprende la necesidad de que el Ejecutivo estatal o alguna de las fracciones parlamentarias en el Congreso del estado puedan iniciar una acción de inconstitucionalidad para enmendar las irregularidades en la conformación del Tribunal.
"Tiene que cuestionarse la naturaleza del nombramiento, porque no se está ejerciendo una función a titulo personal, sino un cargo que deriva de un nombramiento que emana de otro poder, como lo es el Legislativo. Quienes están desempeñándose como funcionarios lo hacen no porque ellos así lo hayan decidido, sino porque tienen un nombramiento, por lo que aquí debería combatirse la naturaleza de la designación misma, porque sí no se cuestiona se irá al término de su función y será una cuestión -la integración del Tribunal- completamente ilegal".
Empero, Mendieta Cuapio enfatizó que los integrantes del Tribunal no están facultados para iniciar un proceso de este tipo y mucho menos son cómplices de la ilegalidad en la que paradójicamente funciona el Poder Judicial de Tlaxcala, porque este es un caso no previsto que requiere de una transformación de las normas. "Nosotros no somos legisladores, entonces son ellos -los diputados- los responsables de la creación de la norma jurídica que nos rige y nuestras acciones son sólo acatar la ley".
Pero las irregularidades en la conformación del TSJE, así como las supuestas contradicciones que existe entre la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11 y la Constitución local, artículo 79, respecto de la integración del Tribunal no habrían salido a la "luz pública" sino no se hubiese desatado el conflicto interno por la renovación de la presidencia, reconoce el magistrado.
Sin embargo, Mendieta Cuapio reiteró que la postura del grupo de siete magistrados que encabeza Hugo Morales Alanís de que existen antinomias entre la Constitución local y la norma secundaria que rige la operatividad del Tribunal respecto de que son 13 y no 14 los magistrados que deben integrar el TSJE, es parcial y obedece a una interpretación numérica del precepto, que no concuerda con la realidad. "La regulación, organización y funcionamiento es acción propia de la Ley Orgánica de este Poder y si en ésta se nos plasma con toda claridad cuántos magistrados integran el pleno, no hay contradicción con la norma constitucional que sólo establece el número de salas y de los integrantes de éstas".
Más aún, refiere que en virtud de que los siete nuevos magistrados tuvieron que integrarse al pleno del Tribunal, porque "técnicamente este Poder jamás dejó de existir", legalmente "estamos en lo correcto, ya se llevó a cabo la elección del presidente. Si existiera la certeza jurídica de que nosotros actuamos en la ilegalidad, ellos -el grupo inconforme- no nos perdonaría, así como han interpuesto diversas acciones legales, hubiesen ejercido la propia para impugnar el cargo. Jurídicamente no hay cuestionamiento alguno, por lo que creemos que estamos en el rumbo correcto y tendríamos que ver, vía acercamiento con los magistrados, para ir resolviendo esas diferencias".
-Una de las cosas que se vislumbró en este proceso es que su homólogo Hugo Morales llegó con toda la intención de ser presidente. Sí se planteara en términos de negociación para salvar la institución habría la posibilidad de llegar a conciliar que se retiren Hugo y Rufino de esta contienda, ¿usted aceptaría?
"Habría que considerar esa posibilidad, porque en este momento no significa el posicionamiento personal de Rufino Mendieta, significa el posicionamiento de un grupo de magistrados que luchan por el fortalecimiento de la carrera judicial y por la independencia del Poder Judicial. Entonces, de este lado, el grupo que respalda mi posición es gente que toda su vida se ha desempeñado en el poder Judicial, por lo que habría que ver qué opinan. Aquí lo importante es salvaguardar las instituciones, y si mis compañeros me retiraran esa confianza, acataría ese mandamiento y dejaría la presidencia".
-Finalmente, la solución de este problema está en manos del Congreso del estado.
-En parte, habrá que ver qué puntos concretos son de competencia de ese poder.
-¿Cuáles serían las otras partes que debería plantear la solución?
Lo que pasa es que requiere de una revisión jurídica, porque es un conflicto al interior de un poder, que no se previó, y no hay una instancia a la que se puedan remitir esos actos. Este es un problema interno que tiene que resolverse por los integrantes del Tribunal, jurídicamente. Aunque es necesario que intervenga el Legislativo o el Ejecutivo.