Vacío legal impide castigar a promotores que actúan de manera clientelar, señala

Deterioradas por su mala calidad, 500 mil viviendas en unidades habitacionales: Prosoc

Urge otorgar a la dependencia mayores facultades, dice la procuradora Ruiz Anchondo

BERTHA TERESA RAMIREZ

La procuradora social del GDF, Patricia Ruiz Anchondo, denunció que por mala construcción o falta de mantenimiento 500 mil viviendas de interés social en unidades habitacionales están en riesgo de perderse, y alertó sobre la necesidad de meter al orden a quienes construyen casas que en pocos años se deterioran.

Por su parte, el director general de Vivienda del DF, David Fernández, advirtió que la problemática de los condominios es compleja y se podría agravar, porque en los próximos cinco años se sumarán a este régimen de propiedad 60 mil nuevas viviendas, sólo en lo que corresponde a las financiadas por el Invi.

La titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Ruiz Anchondo, dijo que el problema se agrava por el vacío legal que impide a esa dependencia sancionar a promotores de vivienda que actúan con fines clientelares y ofrecen casas que a los pocos años se deterioran; "tenemos viviendas que a los cinco años ya no funcionan, porque se construyeron para atender de manera inmediata la demanda, pero se edificaron con irresponsabilidad", aseveró.

Es importante exigir a esos promotores que tengan en cuenta que ahí van a vivir personas, que van a compartir una propiedad y que se tienen que organizar para su mantenimiento, expuso.

Agregó que el problema de la vivienda no se va a resolver con la construcción de edificios "donde podamos meter familias; tenemos que pensar en términos integrales y resolver el problema de largo plazo. Una vivienda es un patrimonio y es necesario garantizarlo", expresó la funcionaria durante el primer foro de análisis y consulta para la reforma de la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal.

Señaló que aunada a esa problemática está la falta de una cultura para el mantenimiento de las unidades habitacionales y el desamparo en que está la mayoría de éstas por parte de los gobiernos; "los vecinos ignoran la necesidad de mantener sus viviendas, en las que el gobierno invirtió; que le costaron a toda la sociedad, porque se financiaron con recursos producto de nuestros impuestos, y que se pagaron con ahorros y trabajo diario".

Por ello planteó la necesidad de que la Procuraduría Social cuente con mayores facultades para atender el problema de la morosidad. "Este es un asunto que preocupa a la mayoría de los condóminos que quieren organizar adecuadamente su unidad y a quienes preocupa, fundamentalmente porque sin cooperación vecinal el deterioro físico de los inmuebles es inminente".

Expuso que en las unidades donde se tiene mayor participación, apenas 20 por ciento de los condóminos pagan sus cuotas de mantenimiento; "no es posible que éstos estén subsidiando a 80 por ciento de los condóminos que no cumplen con sus cuotas". Agregó que la procuraduría requiere también más facultades respecto a la invasión de áreas comunes, pues si bien puede sancionar con multas de hasta 300 veces el salario mínimo por este tipo de faltas, nada puede hacer en términos del Reglamento de Construcción, que debe ser aplicado por las delegaciones políticas, las cuales no han tenido una actuación significativa para clausurar obras que día a día invaden más áreas comunes.

Manifestó que espera que los diputados tengan la sensibilidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en régimen de condominio. Dijo que la dependencia que encabeza es modesta y no tiene visos de crecer, por lo que es necesario sumar esfuerzos entre todos los ámbitos de la sociedad, dejar atrás los objetivos clientelares y generar una cultura de respeto al espacio público común, "una cultura de la conservación y mantenimiento de la vivienda".

Durante el foro, Adolfo Kunz Bolaños, del Instituto Administrativo del Inmueble AC, dijo que la ley de condominios constituye "un problema gravísimo" desde sus antecedentes, sin embargo "políticamente no era redituable y siempre la soslayaron".

Refirió que la ley sobre el régimen de propiedad en condominio vigente desde 1954, aunque era "técnicamente excelente, tenía una gran limitante", ya que el juicio ejecutivo civil, único procedimiento judicial que contemplaba, resultaba sumamente formal para resolver los pequeños conflictos, lo cual, aunado a la lentitud de los juzgados de la época, hacía que todo juicio resultara interminable. Es decir, prácticamente no existía un procedimiento para dirimir conflictos, sobre todo los "del eterno vividor que no paga las cuotas y su actitud es: háganle como quieran, mientras que otros vivales han techado los jardines o se han apropiado de las áreas comunes".