El programa nacional del ramo comprende líneas de crédito por 650 mdd

Advierte Usabiaga que no se subsidiará al sector azucarero

MATILDE PEREZ U.

Para reactivar la industria azucarera, de la que dependen directamente unos 3 millones de personas y ordenar el mercado interno de ese producto, el gobierno federal aplicará 16 medidas, entre ellas la creación de una asociación cooperativa exportadora, para lo cual se plantea establecer líneas de crédito por 650 millones de dólares, así como un esquema de financiamiento para los inventarios de dulce.

El Programa de Política Azucarera Nacional 2002-2006 -que dieron a conocer conjuntamente los secretarios de Agricultura (Sagarpa), Economía y Trabajo- también establece la mecanización del campo cañero, la reducción de la superficie cultivada y la diversificación productiva de dedrivados como carburantes, químicos o papel, y la posibilidad de que los ingenios generen energía. En cuanto a las relaciones laborales, en los ingenios habrá un ajuste al contrato ley de la industria azucarera, alcoholera y similares, y en el caso de los productores se revisará el decreto cañero, ya que se promoverá el establecimiento de un sistema de individualización de pagos.

Al dar a conocer los lineamientos de esta política, el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, puntualizó que en esta estrategia "no habrá ningún subsidio ni recurso público. Esto es un negocio de particulares y así se tratará, los recursos tendrán que surgir de la propia industria. No habrá fondos fiscales para subsidiar la producción", insistió.

A su vez, el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, aclaró que las negociaciones en Washington no están encaminadas a eliminar el impuesto de 20 por ciento a las industrias refresqueras que utilicen fructosa y menos a aceptar la importación sin arancel de 250 mil toneladas de ese producto a cambio de la exportación de 350 mil toneladas de azúcar mexicana. La negociación está apegada a lo que marca el Tratado de Libre Comercio, expuso a lo largo de la conferencia de prensa.

El secretario de Trabajo, Carlos Abascal Carranza, explicó que los cambios al contrato ley de la industria azucarera y alcoholera no llevan consigo la pérdida de fuentes de empleo; "la compactación de plazas o disminución de categorías no implica la reducción de personal, sino la descripción de las actividades de los trabajadores y sus remuneraciones".

Entre los cambios propuestos por el gobierno para dicho contrato están: eliminar cláusulas mediante "su liquidación o monetización" para terminar con la rigidez que impide un trabajo más eficiente y productivo, y lograr que se convierta en un ordenamiento marco para que en cada ingenio se pueda actuar de acuerdo con su situación. De esta manera cada ingenio podrá realizar convenios individuales y resolver "a fondo" el problema de jubilados y pensionados mediante el pago directo a los trabajadores. El programa no establece la situación de los 27 ingenios expropiados ni su posible reprivatización, tampoco los plazos para que industriales y productores accedan a los créditos sugeridos para "dar certidumbre" a la industria y al sector primario que la abastece.

Usabiaga Arroyo destacó que la asociación cooperativa exportadora será la única vía para comercializar los excedentes de azúcar; será la encargada de vender a Estados Unidos 650 mil toneladas de azúcar que se calcula son los excedentes de la zafra 2000-2001, además de buscar otros mercados para el dulce. En esa figura participarán los industriales con 53 por ciento de las acciones y el gobierno con 47 por ciento, por lo que la administración estará a cargo de los accionistas mayoritarios.

Agregó que el azúcar que se exportará será preferentemente el producido en los 27 ingenios administrados por el gobierno. En tanto, los particulares podrán recurrir a la aplicación de swaps (cambio de deuda por acciones) si así les conviniera en el proceso de exportación.

El programa plantea el establecimiento de un sistema de información con balances exactos, inventarios y consumo nacional; incentivar el consumo nacional -que se calcula en 4.2 millones de toneladas anuales- y continuar con las gestiones para obtener los volúmenes de cuota libres de aranceles al mercado estadunidense.