La percepción ciudadana es que los delitos van en aumento, afirma Espina Reyes

Reclama Coparmex a Creel y Macedo por la creciente inseguridad; inhibe inversiones, señala

Anuncia el procurador que promoverá ante el Poder Legislativo reformas a códigos penales Se crearán nuevas figuras jurídicas para prevenir y combatir "actividades terroristas"

GUSTAVO CASTILLO Y LA JORNADA DE ORIENTE

Tlaxcala, Tlax., 28 de febrero. El líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Espina Reyes, demandó al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, "cambios estructurales en las instituciones de seguridad y justicia para mejorar la acción del gobierno", y advirtió que los empresarios no cejarán en sus demandas de seguridad hasta que "disminuya drásticamente la delincuencia".

Sin embargo, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, y el mismo Creel pusieron de relieve los logros obtenidos en el primer año de gobierno en materia de seguridad pública, aunque coincidieron en destacar que es necesaria la participación social para disminuir los índices delincuenciales en todo el país, así como abatir los niveles de corrupción en las corporaciones policiacas.

En ese marco, Macedo de la Concha dio a conocer algunas de las propuestas de reforma penal que impulsará ante el Poder Legislativo, entre ellas modificaciones a la Ley contra la Delincuencia Organizada y "la creación de nuevos tipos penales relacionados con actividades terroristas".

Amenaza a la paz social

En lo que fue el acto inaugural del Primer Foro Nacional sobre Seguridad Pública, en el cual estuvieron presentes empresarios de todo el país, el presidente de la Coparmex señaló que "el más urgente de los anhelos y exigencias de la sociedad" es tener seguridad pública, ya que "sin certidumbre jurídica que garantice la libertad e integridad física de las personas, así como las propiedades y legítimas posesiones de los ciudadanos, no será posible alcanzar el clima de paz social que se requiere para la inversión productiva".

En su discurso, Espina Reyes expuso que "la impunidad e inseguridad pública, el descrédito social generalizado de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia son elementos que inhiben preocupantemente nuestras posibilidades de competir y atraer inversiones productivas".

Advirtió que "si no avanzamos a fondo en la justicia, no tendremos mejor seguridad", y señaló que "la Coparmex mantendrá la exigencia para con los tres niveles de gobierno hasta lograr que se apliquen medidas más eficaces para prevenir el delito, combatir las raíces de la impunidad y disminuir drásticamente la delincuencia".

Agregó que el organismo empresarial mantendrá su exigencia de que "las autoridades de los estados rindan cuentas, ya que la mayor parte de los delitos que aquejan al ciudadano y al empresario común son generalmente competencia de los fueros locales".

Espina Reyes dijo que "el tiempo transcurre y el problema de la inseguridad crece, la percepción de los ciudadanos es que la inseguridad y la comisión de los delitos, principalmente en materia de secuestro, robo de autos y homicidio, van en aumento, y en el país falta mucho para lograr reconstruir la confianza en los órganos de seguridad pública".

Y agregó: "México no puede seguir preso de la ilegalidad y la impunidad. México no quiere vivir con miedo, sino con seguridad, justicia y paz".

En tanto, Humberto Alba Lagunas, dirigente de la Coparmex en Tlaxcala, se refirió así a la situación de seguridad pública: "la sociedad se encuentra secuestrada por las redes de organizaciones criminales que han encontrado en la falta de capacidad, de organización o de determinación de los cuerpos policiacos el campo fértil para desarrollar sus actividades ilícitas".

Expuso la posición de los empresarios ante las autoridades en la materia: "en la Coparmex nos pronunciamos por vivir el pleno estado de derecho, que promueva la defensa y real protección de las víctimas, por el respeto a la vida.

"Decimos no a la pena de muerte, pero creemos en penas severas que inhiban la proliferación de la delincuencia, castigos ejemplares para servidores públicos que protejan y sean cómplices de los delincuentes". Pidió a las autoridades "erradicar de nuestro entorno la impunidad".

Expuso que "el problema de la seguridad publica representa hoy un asunto de la más alta prioridad en la agenda nacional", y agregó que a la seguridad pública se le debe mirar "como una necesidad para la gobernabilidad democrática del país con un carácter de reforma del Estado, y asimismo la tenemos que abordar como una política social, igual que la educación y la salud, en la medida en que está destinada a preservar la vida de los ciudadanos, y no sólo como un asunto de seguridad policiaca".

Por su parte, Creel Miranda respondió que a un año del gobierno del presidente Vicente Fox "tenemos un entramado institucional con el cual antes no contábamos", y ese tiempo, mencionó, "ha servido para afianzar la coordinación entre los poderes federales y también la relación con los poderes de las entidades federativas".

El secretario de Gobernación les dijo a los empresarios que la seguridad pública "es un ejercicio de responsabilidad compartida que nos impone un enorme reto de coordinación con las entidades federales y ésta se está dando con mucha mayor eficacia".

En tanto, Macedo de la Concha refirió que el problema de la corrupción es un asunto de seguridad nacional, porque ha puesto en riesgo la convivencia social, el estado de derecho y la seguridad y existencia del Estado.

El titular de la PGR hizo un recuento de los logros alcanzados en lo que va de su gestión: más de 25 mil delincuentes detenidos; decomiso de drogas que de haber sido consumidas hubieran proporcionado más de 67 millones de dosis, con un valor aproximado de 267 millones de dólares.

El procurador hizo un llamado para que las competencias jurisdiccionales no sean un obstáculo para "enfrentar con fortaleza a la delincuencia", y se dijo convencido de la necesidad de transformar el marco jurídico actual que "rige la actuación de las autoridades, para conjuntar eficacia en la investigación de los delitos y, desde luego, garantizar el ejercicio pleno de las libertades públicas".

Fue entonces cuando dio a conocer el proyecto de reformas jurídicas que el gobierno del presidente Fox pretende promover ante el Poder Legislativo, modificar los códigos Penal y de Procedimientos Penales en el ámbito federal para perfeccionar lo relativo a las investigaciones sobre lavado de dinero, y crear nuevos tipos penales relacionados "con actividades terroristas, para prevenir y combatir su comisión".

Asimismo, reformas que permitan actuar con mayor eficacia en contra de la piratería que afecta a los industriales; reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir en ella delitos como pornografía y prostitución infantiles; la regulación de precursores químicos que son empleados para la elaboración de drogas sintéticas, y "determinados delitos contra el medio ambiente, como la tala de árboles".

Por otra parte, en su participación en el primer Foro Nacional sobre Seguridad Pública, el abogado Ricardo Franco Guzmán expuso la necesidad de contar con un Código Penal único, ya que, dijo, como muestra está el hecho de que el delito de secuestro no es castigado de la misma manera en Hidalgo que en el Distrito Federal o en Baja California.