Cuando reabra el instituto se procederá: Gallardo
Prolifera la venta de amparos falsos a taxis irregulares
LAURA GOMEZ FLORES
La directora del Instituto del Taxi, Julieta Gallardo Mora, informó que una vez concluidas las investigaciones de la Contraloría interna y que reinicie labores el organismo se procederá contra todas las unidades que prestan el servicio de manera irregular, bajo la protección de amparos sin validez, pues representan competencia desleal para los taxistas autorizados y un riesgo para la seguridad de los usuarios.
El cierre del instituto y de los centros de verificación vehicular ha provocado "la entrega a diestra y siniestra de amparos apócrifos, que no sólo representan un delito sino un engaño para muchas personas que necesitan trabajar, por lo cual las exhortamos a denunciar ante la procuraduría capitalina" a quienes venden esos documentos, señaló.
Precisó que se tiene conocimiento de una empresa denominada Asociación de Taxistas 12 de Octubre, sin reconocimiento ante el instituto, que ofrece amparos y otros trámites. En este momento, reconoció la funcionaria, "no se actúa como debe ser, pero cuando se reabran las oficinas se procederá pues esos taxis no pueden circular, están violando la Ley de Transporte y no lo vamos a permitir". Se estima que en la ciudad circulan 16 mil taxis irregulares, con conflictos de titularidad o amparos apócrifos.
De acuerdo con la Asociación de Taxistas 12 de Octubre, cuyo representante legal es Manfredo Sosoaga, los interesados en prestar el servicio sólo requieren una unidad modelo 1990 o más reciente, pintada con los colores oficiales, comprar un amparo por 3 mil pesos, con cobertura anual, y pagar semanalmente 200 pesos, para ser apoyados en cualquier circunstancia.
En sus oficinas, ubicadas en la calle Artículo 123, se pide además copia de la factura del vehículo, póliza de seguro, tarjetón-licencia y tarjeta de circulación, para tramitar en dos días el amparo ante las instancias correspondientes y con "el compromiso de que no serán remitidos al corralón, pues tenemos un convenio firmado con las secretarías de Transporte y de Seguridad Pública y el instituto, para que no paren a nuestros agremiados".
Vanessa Ruiz, encargada de dar información, aseguró que la situación es "totalmente legal" y por ello cuentan con el apoyo de diversas autoridades. Mencionó que la agrupación funciona desde hace 10 años, con "el visto bueno de las autoridades locales, no como otras organizaciones que han desaparecido por las demandas interpuestas por sus agremiados, que fueron engañados, situación que aquí no se presenta. Si no compruébelo usted misma al adquirir un amparo para prestar el servicio".
