Hacienda debe revocar la autorización al banco para que el instituto intervenga

Costará Banca Quadrum al fisco 800 millones de pesos, informó el IPAB

Acuerdan en asamblea genaral disminuir el capital social para absorber las pérdidas

ANTONIO CASTELLANOS

La Secretaría de Hacienda, a más tardar el 11 de este mes, deberá revocar la autorización a Banca Quadrum para que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inicie el proceso de liquidación. Según proyecciones, la operación tendrá un costo para los contribuyentes de 800 millones de pesos.

De acuerdo con la información enviada ayer por la intermediaria a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, la asamblea general ordinaria y extraordinaria en segunda convocatoria se llevó a cabo y en ésta se aprobó una disminución de su capital social para absorber las pérdidas acumuladas al 30 de noviembre.

Consecuentemente, dice el reporte, se cancelaron la totalidad de las acciones emitidas y en circulación. De igual manera se decidió no capitalizar a la institución de crédito y por lo tanto la sociedad quedará sujeta al procedimiento legal establecido en la Ley General de Instituciones de Crédito y demás leyes aplicables.

Durante la asamblea se aprobaron los actos realizados por el consejo de administración y se ratificó la obligación de la institución de indemnizar a los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, al director general y demás funcionarios de la institución, respecto de cualquier demanda formulada en su contra por terceros, dentro o fuera de la República mexicana, como consecuencia de actos u omisiones de la intermediaria.

Las autoridades del IPAB informaron estar en espera de la revocación de la autorización para que deje de operar como banco. Banca Quadrum tiene una cartera de 2 mil millones de pesos. Los recursos disponibles ascienden a mil 200 millones y se tendrán que cubrir con recursos fiscales los 800 millones de pesos restantes.

Por lo pronto Banca Quadrum sigue operando; fue intervenido el 21 de agosto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que juzgó inaceptables los estados financieros entregados por el director general John Destmont y el presidente del consejo de apellido Warnholz.

De momento no hay denuncia en contra de quien resulte responsable, pero se harán las investigaciones necesarias y si procede, se hará la denuncia correspondiente para que se aplique todo el rigor de la ley a quien sea responsable del quebranto.

Los otros bancos intervenidos son Banca Unión, Banca Cremi, Banco Obrero, Banco Interestatal, Banco Capital, Banco Industrial, y Banco del Sureste entre otros. Capital, Anáhuac y Sureste mantienen operaciones marginales, y es posible que sean entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al IPAB en los próximos tres meses, para su enajenación.

En el caso de Banco Unión y sus fideicomisos ya no es responsabilidad del IPAB. Ahora, indicó el IPAB, es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación que deberá hacer una auditoría por mandato de la Cámara de Diputados, para saber qué pasó con los recursos que presuntamente se entregaron para campañas de candidatos del PRI.