Niega haber sido citado para declarar esta semana y califica a la PGJEM de "poco ética"

El edil de Atizapán se dice víctima de una campaña de intimidación

Promoverá procedimientos judiciales contra la dependencia; ésta dice que ignoró segundo requerimiento

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Atizapan de Zaragoza, 1º de marzo. El alcalde panista de esta localidad, Antonio Domínguez Zambrano, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), lo citó en una ocasión a que rindiera su declaración ministerial, en torno a los casos del asesinato de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez y del espionaje telefónico. Consideró que la dependencia estatal ha tenido un desempeño "poco ético" y ha promovido una campaña de intimidación y afectación de la imagen pública de su gobierno.

Pero la PGJEM informó que tanto el edil como los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y de Seguridad Pública atizapense no acudieron al segundo citatorio para ampliar su declaración ministerial sobre los casos referidos. Señaló que elementos de la dependencia fueron asignados al palacio y aeropuerto municipales para custodiarlos las 24 horas.

Entrevistado telefónicamente, Antonio Domínguez Zambrano, informó que prepara procedimientos judiciales contra las acciones emprendidas por la Procuraduría mexiquense y personal de la agencia de noticias Notimex. "Hemos visto a algunos de ellos ?trabajadores de la agencia? entregando panfletos en palacio municipal, en donde advertían de cuevas con grabaciones, haciendo referencia a la casa ubicada el pasado jueves en donde presuntamente se efectuaba espionaje telefónico.

Descarta gestionar amparo

Señaló que no gestionará ningún amparo, porque no teme que se libere alguna orden de aprehensión en su contra.

Indicó que esta semana la PGJEM citó a por lo menos siete funcionarios de su administración, y confirmó que el secretario del Ayuntamiento, Enrique González, acudió este jueves a ampliar su declaración. También asistieron el director de Seguridad Pública, Antonio Vega de la Garza, pero le fue negada la audiencia debido a que era ya muy noche, añadió.

Agregó que la Procuraduría mexiquense ha asegurado que hay órdenes de aprehensión, y sólo seis meses después del homicidio de María de los Angeles Tamez Pérez acudió a la presidencia a revisar líneas telefónicas, a petición del propio gobierno atizapense que con anterioridad había denunciado la posible intervención de las líneas del inmueble público.

Domínguez Zambrano dijo que fue hasta el jueves pasado por la tarde cuando la PGJEM solicitó expedientes del gobierno local, entre éstos la lista de nombramientos oficiales de los servidores públicos. Agregó que su gobierno está dispuesto a colaborar con las investigaciones, y que acudirá al citatorio que se le haga para ampliar su declaración, "pero es falso que esta semana me hayan enviado alguno", dijo.

Narco y venta ilegal de predios

Resaltó que dentro de estas acciones jurídicas analizará la actuación de Pedro Tamez, padre de la occisa, quien es funcionario de la agencia Notimex, debido a que personal de esa empresa distribuía los panfletos. Además, de que habría declarado que el homicidio de su hija estaría relacionado con el narcotráfico y venta ilegal de predios de la localidad.

Se deslindó de cualquier relación con Daniel García Rodríguez, arraigado luego de que se descubrió un departamento ubicado a espaldas del palacio municipal donde presuntamente se efectuaba espionaje telefónico, aunque aceptó que este sujeto laboró como su secretario particular los primeros dos meses de su gestión.

Insistió en que su gobierno es objeto de señalamientos sin bases, y que la Procuraduría estatal tuvo seis meses para esclarecer el crimen de la regidora, y "ahora quiere encontrar algo en palacio municipal y entre funcionarios. Lo que pasa es que se les están acabando las acciones y quien realmente pudo haber cometido este delito ya se les fue", asevero.

Será hasta el próximo lunes cuando regrese a laborar, porque este semana trató de sostener una reunión con el gobernador Arturo Montiel Rojas, que no logró.

Al respecto, la PGJEM informó que hasta las 10 de la noche se esperó en el segundo piso de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla la llegada del edil y de Antonio Vega de la Garza y Enrique González, director de Seguridad Pública y secretario del ayuntamiento, respectivamente, quienes tampoco acudieron hoy a laborar. En tanto, Ernesto Herrmann, secretario particular de Domínguez Zambrano se presentó ante Ministerio Público, a ampliar su declaración sobre el caso de espionaje telefónico a regidores atizapenses.

Luis Olguín, vocero de la Procuraduría mexiquense, precisó que Antonio Vega de la Garza y Enrique González se presentaron el pasado miércoles por la noche a la Subprocuraduría, pero la dependencia determinó citarlos a las 10 horas del jueves para ampliar su declaración ministerial, pero como no acudieron les fue girado un segundo citatorio para este viernes a la misma hora.

Trabajadores liberados

Asimismo, durante la madrugada y tarde de este jueves, Manuel Roldán y Narciso Urbina, coordinador ejecutivo de la presidencia municipal y asistente de logística, fueron puestos en libertad bajo la reserva de ley, luego de que el jueves por la noche fueron detenidos después de que personal del municipio denunciara que ambos sujetos habían sido sorprendidos sacando cajas con documentos oficiales de la secretaría del ayuntamiento y de las oficinas del edil.

Los detenidos estuvieron detenidos en las oficinas de la Subprocuraduría durante más de 15 horas, luego de que el pasado jueves fuera desalojado el palacio municipal por una amenaza de bomba, y ellos aprovecharon la confusión para sustraer documentos de las oficinas del inmueble público.

Narciso Urbina se identificó además como tío de Daniel García Rodríguez, ex secretario particular del alcalde Antonio Domínguez Zambrano, arraigado como sospechoso del homicidio de la regidora, ocurrido el pasado 5 de septiembre.

Narciso Urbina informó que el Ministerio Público le pidió ampliar su declaración, "sólo respecto a la amenaza de bomba, porque alguien denunció que te-níamos información propia del gobierno municipal.

A su vez, Manuel Roldán de 23 años de edad, coordinador administrativo de presidencia, al asegurar que estaba en su oficina durante el desalojo, denunció que fue detenido por agentes judiciales y trasladado a la Subprocuraduría.

En tanto, este viernes agentes judiciales fueron enviados al palacio y aeropuerto municipales en guardias de 24 horas para vigilarlos las 24 horas.

En tanto, la madrugada del jueves, la jefe de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, María Luisa San German, amplió a 48 horas el plazo para definar la situación legal de los seis detenidos, durante el cateo a la vecindad de departamentos, localizada a espaldas del palacio municipal donde presuntamente se efectuaba el espionaje telefónico.

Luisa San Germán informó a La Jornada que "aún faltan muchas diligencias que podríamos concluir, entre el sábado y domingo". Aclaró que "a ninguno de los detenidos se les acusa de algo, todos están sujetos a investigación y será al término de 48 o 72 horas cuando se determine la situación legal".

Precisó que el Ministerio Público no puede declararse "incompetente" sobre el caso, toda vez que las diligencias podrían configurar delitos del fuero común o federal.

La Procuraduría adelantó que este viernes fueron cateadas dos casas en Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, donde habría equipo de espionaje similar al detectado en Atizapán de Zaragoza.