Detecta la Secodam otras entregas al STPRM por 480 millones de pesos

Amplían denuncia por desvíos en Pemex

El dinero fue otorgado como pago de supuestos incumplimientos contractuales

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una ampliación de la denuncia contra ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), después de detectar otros tres desvíos de recursos por 480 millones de pesos, que se suman a los mil 100 millones que se investigan desde diciembre pasado. Estas sumas fueron entregadas de "manera irregular" al STPRM como pago de "supuestos incumplimientos contractuales, pero los trabajadores petroleros no recibieron nada, sólo se beneficiaron los dirigentes".

Los implicados en estos ilícitos son Rogelio Montemayor Seguy, ex director general de Pemex; Juan José Domene Berlanga, ex director de Finanzas, y Carlos Juaristi Septién, ex director de Administración -contra quienes la dependencia ya inició procedimientos administrativos-, así como el secretario general y el tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana, respectivamente, informó ayer el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, Eduardo Romero Ramos.

Para este gobierno, explicó, "el combate a la corrupción va más allá de la simple captura de peces gordos o de actos espectaculares", pues el ejercicio del poder no puede implicar contubernio con la impunidad.

Adelantó que hay otros funcionarios de menor rango y jerarquía involucrados, que fueron quienes operaron los convenios y las salidas de fondos. Insistió en que todos ellos son sujetos a proceso de "responsabilidad administrativa", el cual se abrió ayer y es independiente de las pesquisas de la PGR.

Explicó que la ampliación de la denuncia ante la PGR "involucra un peculado y otros posibles tipos penales".

Las investigaciones por presunto desvío de recursos de Pemex comenzaron el 10 de diciembre de 2001, a partir de la denuncia que presentó la Secodam ante la PGR. Diez días después fueron arraigados tres ex colaboradores de la campaña de Francisco Labastida Ochoa, porque se presume que al menos 500 millones de pesos fueron transferidos al PRI "como apoyo" a las tareas proselitistas que en 2000 realizó ese partido en busca de la Presidencia de la República. Hasta el lunes se hablaba de mil 100 millones de pesos.

Se enjuiciará a responsables

En conferencia de prensa en el auditorio de la Secodam, Romero Ramos explicó cómo se detectó el desvío de otros 480 millones de pesos del presupuesto de Pemex. Dijo que no existe temor de que en este caso pese más la situación política que la legal -en alusión a los personajes implicados-, descartó que la denuncia quede sólo en el papel, y previó que sí se enjuiciará a los culpables. "Estamos haciendo todo lo posible para que este asunto llegue oportunamente a los tribunales y en éstos se proceda en los términos que el aparato de justicia y las leyes establecen".

La ampliación de la denuncia fue presentada el 26 de febrero pasado ante la PGR, y se documentan tres entregas irregulares de dinero, las cuales se ampararon bajo adeudos inexistentes y sin contar con justificación legal ni presupuesto aprobado, en clara violación a toda la normatividad, dijo. Aseguró que las nuevas irregularidades encontradas derivaron de las diversas líneas de investigación que se han seguido, las cuales revelaron que hubo más entregas ilícitas de recursos públicos a favor del STPRM, y se hicieron de la siguiente manera:

En la primera se entregaron al STPRM 95 millones de pesos para cubrir "gastos previos y posteriores a la revisión salarial" de 2000; en la segunda, 35 millones, sin mediar convenio, para cubrir gastos generados por el sindicato en "conceptos diversos", y la tercera, por 350 millones, comprometidos en el convenio 9356 del 8 de mayo del mismo año.

Este último convenio, suscrito por Rogelio Montemayor y otros funcionarios de Pemex con Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, establece la entrega de 350 millones de pesos por aportaciones de carácter social "tanto incluidas en el contrato colectivo, como otras que no lo están", supuestamente rezagadas de las negociaciones colectivas de 1997-1999 y 1999-2000 y salarial de 1998. Pero estos recursos, indicó, "beneficiaron exclusivamente a la dirigencia nacional -del STPRM- y no a la base trabajadora".

Aseguró que el pago, además, fue doble, ya que por medio del convenio 9442 Pemex entregó al STPRM 850 millones de pesos exactamente por los mismos conceptos y periodos, y los funcionarios de la empresa desatendieron la prohibición constitucional de saldar compromisos de años anteriores con recursos del presupuesto de 2000; la determinación de ejercer este compromiso monetario debió ser autorizada por el consejo de administración de Pemex; no había recursos presupuestales establecidos para enfrentar este pago, y pese a todo se hizo.

Las irregularidades no paran ahí, planteó el subsecretario. En los tres nuevos desvíos detectados no existió documentación justificatoria para efectuar los pagos; se liquidaron supuestos compromisos adquiridos de 1997 a 1999, sin precisar cuáles eran y a cuánto ascendía cada uno, y no existe ningún antecedente. También hubo irregularidades en la entrega de los 480 millones de pesos, pues en el convenio 9356 los directivos de Pemex reconocen que los pagos efectuados superan las prestaciones económicas contenidas en el contrato colectivo de trabajo, y lo fundamental: no llegaron a manos de los trabajadores petroleros.

Sobre el destino de los fondos, Romero Ramos dijo que corresponde a la PGR investigar esa parte del asunto, que él no podría responder si parte de estos recursos se usaron para apoyar la campaña de Labastida Ochoa a la Presidencia y que tampoco tiene posibilidades de saber si se llamará a declarar al ex presidente (Ernesto Zedillo).

También se refirió a las declaraciones de Montemayor, quien adujo que como director de Pemex tenía facultades para otorgar préstamos. Aclaró que esas facultades no eran ilimitadas, debido a que estaba condicionado a que existiera disponibilidad presupuestal -no la había cuando se realizaron esas operaciones-, y en el caso de los préstamos dirigidos al STPRM existe la limitante de que se deben otorgar con garantía de las cuotas sindicales, pero en ninguno de los convenios se estableció un cobro automático contra dichas cuotas, además de que no alcanzaban a cubrir el monto del dinero entregado.

Montemayor debió respetar las facultades del consejo de administración; los lineamientos y disposiciones normativas que rigen Pemex, las disposiciones que determinan y regulan el manejo y aplicación de recursos públicos y los presupuestos y sus "techos", debidamente autorizados, precisó.