Detecta la Secodam otras entregas al STPRM por 480 millones de pesos
Amplían denuncia por desvíos en Pemex
El dinero fue otorgado como pago de supuestos incumplimientos contractuales
PATRICIA MUÑOZ RIOS
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una ampliación de la denuncia contra ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), después de detectar otros tres desvíos de recursos por 480 millones de pesos, que se suman a los mil 100 millones que se investigan desde diciembre pasado. Estas sumas fueron entregadas de "manera irregular" al STPRM como pago de "supuestos incumplimientos contractuales, pero los trabajadores petroleros no recibieron nada, sólo se beneficiaron los dirigentes".
Los implicados en estos ilícitos son Rogelio Montemayor Seguy, ex director general de Pemex; Juan José Domene Berlanga, ex director de Finanzas, y Carlos Juaristi Septién, ex director de Administración -contra quienes la dependencia ya inició procedimientos administrativos-, así como el secretario general y el tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana, respectivamente, informó ayer el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, Eduardo Romero Ramos.
Para este gobierno, explicó, "el combate a la corrupción va más allá de la simple captura de peces gordos o de actos espectaculares", pues el ejercicio del poder no puede implicar contubernio con la impunidad.
Adelantó que hay otros funcionarios de menor rango y jerarquía involucrados, que fueron quienes operaron los convenios y las salidas de fondos. Insistió en que todos ellos son sujetos a proceso de "responsabilidad administrativa", el cual se abrió ayer y es independiente de las pesquisas de la PGR.
Explicó que la ampliación de la denuncia ante la PGR "involucra un peculado y otros posibles tipos penales".
Las investigaciones por presunto desvío de recursos de Pemex comenzaron el 10 de diciembre de 2001, a partir de la denuncia que presentó la Secodam ante la PGR. Diez días después fueron arraigados tres ex colaboradores de la campaña de Francisco Labastida Ochoa, porque se presume que al menos 500 millones de pesos fueron transferidos al PRI "como apoyo" a las tareas proselitistas que en 2000 realizó ese partido en busca de la Presidencia de la República. Hasta el lunes se hablaba de mil 100 millones de pesos.
Se enjuiciará a responsables
En conferencia de prensa en el auditorio de la Secodam, Romero Ramos explicó cómo se detectó el desvío de otros 480 millones de pesos del presupuesto de Pemex. Dijo que no existe temor de que en este caso pese más la situación política que la legal -en alusión a los personajes implicados-, descartó que la denuncia quede sólo en el papel, y previó que sí se enjuiciará a los culpables. "Estamos haciendo todo lo posible para que este asunto llegue oportunamente a los tribunales y en éstos se proceda en los términos que el aparato de justicia y las leyes establecen".
La ampliación de la denuncia fue presentada el 26 de febrero pasado ante la PGR, y se documentan tres entregas irregulares de dinero, las cuales se ampararon bajo adeudos inexistentes y sin contar con justificación legal ni presupuesto aprobado, en clara violación a toda la normatividad, dijo. Aseguró que las nuevas irregularidades encontradas derivaron de las diversas líneas de investigación que se han seguido, las cuales revelaron que hubo más entregas ilícitas de recursos públicos a favor del STPRM, y se hicieron de la siguiente manera:
En la primera se entregaron al STPRM 95 millones de pesos para cubrir "gastos previos y posteriores a la revisión salarial" de 2000; en la segunda, 35 millones, sin mediar convenio, para cubrir gastos generados por el sindicato en "conceptos diversos", y la tercera, por 350 millones, comprometidos en el convenio 9356 del 8 de mayo del mismo año.
Este último convenio, suscrito por Rogelio Montemayor y otros funcionarios de Pemex con Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, establece la entrega de 350 millones de pesos por aportaciones de carácter social "tanto incluidas en el contrato colectivo, como otras que no lo están", supuestamente rezagadas de las negociaciones colectivas de 1997-1999 y 1999-2000 y salarial de 1998. Pero estos recursos, indicó, "beneficiaron exclusivamente a la dirigencia nacional -del STPRM- y no a la base trabajadora".
Aseguró que el pago, además, fue doble, ya que por medio del convenio 9442 Pemex entregó al STPRM 850 millones de pesos exactamente por los mismos conceptos y periodos, y los funcionarios de la empresa desatendieron la prohibición constitucional de saldar compromisos de años anteriores con recursos del presupuesto de 2000; la determinación de ejercer este compromiso monetario debió ser autorizada por el consejo de administración de Pemex; no había recursos presupuestales establecidos para enfrentar este pago, y pese a todo se hizo.
Las irregularidades no paran ahí, planteó el subsecretario. En los tres nuevos desvíos detectados no existió documentación justificatoria para efectuar los pagos; se liquidaron supuestos compromisos adquiridos de 1997 a 1999, sin precisar cuáles eran y a cuánto ascendía cada uno, y no existe ningún antecedente. También hubo irregularidades en la entrega de los 480 millones de pesos, pues en el convenio 9356 los directivos de Pemex reconocen que los pagos efectuados superan las prestaciones económicas contenidas en el contrato colectivo de trabajo, y lo fundamental: no llegaron a manos de los trabajadores petroleros.
Sobre el destino de los fondos, Romero Ramos dijo que corresponde a la PGR investigar esa parte del asunto, que él no podría responder si parte de estos recursos se usaron para apoyar la campaña de Labastida Ochoa a la Presidencia y que tampoco tiene posibilidades de saber si se llamará a declarar al ex presidente (Ernesto Zedillo).
También se refirió a las declaraciones de Montemayor, quien adujo que como director de Pemex tenía facultades para otorgar préstamos. Aclaró que esas facultades no eran ilimitadas, debido a que estaba condicionado a que existiera disponibilidad presupuestal -no la había cuando se realizaron esas operaciones-, y en el caso de los préstamos dirigidos al STPRM existe la limitante de que se deben otorgar con garantía de las cuotas sindicales, pero en ninguno de los convenios se estableció un cobro automático contra dichas cuotas, además de que no alcanzaban a cubrir el monto del dinero entregado.
Montemayor debió respetar las facultades del consejo de administración; los lineamientos y disposiciones normativas que rigen Pemex, las disposiciones que determinan y regulan el manejo y aplicación de recursos públicos y los presupuestos y sus "techos", debidamente autorizados, precisó.
Hizo suya la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática
El IFE, parte acusadora en el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña priísta
Presenta denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
MIREYA CUELLAR
El Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió ayer en parte acusadora en el proceso judicial que se sigue (contra quien resulte responsable) por el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida.
Ello, luego de que el IFE hizo suya la queja administrativa y ''solicitud de investigación'' que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entregó en enero pasado para que el órgano electoral investigara la Operación crudo, y que ayer presentó como ''denuncia de hechos'' ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La comparecencia de la autoridad electoral ante la fiscalía se sustenta en sus facultades para revisar todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos y a su obligación de ''vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley''.
En 71 cuartillas (además de diversos anexos y un video), el órgano presidido por José Woldenberg transcribe la denuncia perredista del 23 de enero y señala: ''Vengo a presentar formal denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, cometidos en agravio del Instituto Federal Electoral por quien o quienes resulten responsables''.
La denuncia se funda en los artículos 17, 21, 41 y 102 apartado A, párrafo segundo, de la Constitución. Los primeros se refieren a la equidad en los procesos electorales y el financiamiento de los partidos, y el último establece que ''incumbe al Ministerio Público Federal la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal; por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita...'' Hay que recordar que el IFE, ante quien el PRD presentó la denuncia, es una autoridad administrativa con escasas facultades de investigación.
Alude al artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) -donde se fijan las modalidades del financiamiento a los partidos políticos-, junto con una serie de artículos del Código Penal Federal, donde se establecen sanciones a quienes violen la legislación electoral.
Se recupera la denuncia formulada por el PRD
El documento del IFE -que recupera textualmente la denuncia del PRD- refiere las investigaciones que hacen la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de la República, ''de las que se desprenden un desvío y transferencias monetarias realizadas'' desde Pemex ''por la cantidad de un mil cien millones de pesos a favor del PRI, cantidad que (según las investigaciones) distribuyó en diversos distritos electorales y durante la campaña presidencial de su entonces candidato Francisco Labastida''.
También retoma la información proporcionada por el senador Eduardo Bours -quien fue enlace del labastidismo con los
empresarios- en el sentido de que él sólo consiguió 890 millones de pesos para el candidato, 394 millones más de lo que el partido tricolor reportó al IFE haber recibido como financiamiento privado.
Además, el tope de gastos para una campaña presidencial en 2000 fue de 473.1 millones de pesos. En su reporte elaborado por la Comisión Nacional de Financiamiento, y aprobado por el Consejo Político Nacional (CPN), el PRI refiere que en las actividades de Francisco Labastida se erogaron 486.5 millones.
La denuncia de Pablo Gómez Alvarez, representante del PRD ante el IFE, señala que el artículo 36 del Cofipe establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se debe sancionar administrativamente, ''con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos...''
El IFE entregó a la Fepade copias certificadas, no sólo del alegato del PRD para solicitar la investigación, sino de los periódicos donde se ha venido dando seguimiento a la Operación crudo, dada a conocer en exclusiva por La Jornada el 19 de enero pasado.
Solicitud formal para que se investigue
Fiel a lo solicitado por el perredista Gómez Alvarez, el Instituto Federal Electoral demanda una investigación y la debida integración del expediente para que de determine la responsabilidad y se aplique la sanción que en derecho proceda al Partido Revolucionario Institucional, por presuntamente haber incurrido en conductas prohibidas.
El abogado Juan Carlos Ruiz Espíndola firma la denuncia presentada ayer por la tarde, en su carácter de ''apoderado legal'' del IFE, personalidad que le confirió el secretario ejecutivo del instituto, Fernando Zertuche, quien por ley representa al órgano electoral en cualquier disputa o denuncia.
Y solicita ''tenerme por presentado formulando denuncia en los términos del presente escrito con la personalidad con la que me ostento, la cual acreditaré al momento de ratificar esta denuncia de hechos''.
