No vamos a permitir la impunidad: Salazar Mendiguchía

Detenidos, 54 indígenas y enviados a Cerro Hueco por actos vandálicos

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 8 de marzo. El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía aseguró que los "actos vandálicos" ocurridos la noche del jueves en esta ciudad "no quedarán impunes" y los responsables serán castigados independientemente de su filiación política y religiosa.

"Por mucho que haya molestado a los vendedores una acción policiaca para combatir el comercio ilegal nos parece que la reacción fue desproporcionada", declaró el mandatario al recorrer, la madrugada de este viernes, la zona del enfrentamiento. "Mi presencia aquí es para decirle a la sociedad coleta (sancristobalense) y chiapaneca que no vamos a permitir la impunidad", insistió.

Al tiempo, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, quien por instrucciones del mandatario encabeza a las autoridades encargadas de controlar la situación, solicitó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que autorice el envío de un contingente de la Policía Federal Preventiva para que contribuya a resguardar el orden.

Zebadúa informó que hasta el momento han sido detenidos 54 indígenas, entre ellos Manuel Collazo Gómez, líder de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas, quien ha sido señalado como uno de los instigadores a la violencia.

Originario de San Juan Chamula, Collazo Gómez ya estuvo preso al menos dos veces, tiene varias averiguaciones en su contra por privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio, pero no había sido detenido.

Los 54 detenidos fueron trasladados al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez y se les acusa de daños por incendio, atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado de derecho, y los que resulten.

Ante la gravedad de la situación, provocada por un operativo para decomisar discos y casetes piratas, que arrojó un saldo de al menos 10 lesionados, cuatro vehículos destruidos y varios almacenes y comercios saqueados, el gobernador, el secretario de gobierno y el procurador de justicia estatal, Mariano Herrán Salvatti, hicieron acto de presencia esta madrugada en las afueras del mercado público, donde ocurrieron los hechos.

La situación comenzó a normalizarse a la medianoche, pero esta tarde la zona aún permanecía acordonada por más de 300 policías estatales quienes, dijo Zebadúa, "están listos para repeler cualquier reacción de los indígenas, porque con los actos de anoche demostraron una capacidad de movilización muy grande, lo que anticipa que pudiera llevarse a cabo una acción concertada en las próximas horas o días".

En conferencia de prensa señaló que las autoridades realizan monitoreos en las colonias aledañas "para prevenir cualquier acto que pretenda romper con el control establecido". Los 500 o 600 indígenas que cometieron los "actos vandálicos" son en su mayoría evangélicos que hace años fueron expulsados de San Juan Chamula y viven en las colonias situadas en la parte norte de la ciudad, donde se ubica el mercado público.

El funcionario dijo que la policía estatal tardó más de tres horas en auxiliar a la municipal de San Cristóbal porque "no había elementos suficientes, ya que la reacción de los indígenas fue desproporcionada y sorprendió a todos; era una turba sin control, por lo que fue necesario traer policías de otros municipios".

Descartó que haya elementos de responsabilidad penal contra los policías judiciales federales que hicieron el operativo que originó los "actos vandálicos".

Hasta el mediodía, la dirección de limpia había recogido al menos 24 toneladas de desechos que los indígenas dejaron en las calles donde se ubica el mercado público. Las dos negociaciones más afectadas fueron la tienda Piticó, que fue incendiada, y los almacenes Granda. El gerente de esta última, Juan Carlos Granda, calculó en tres millones de pesos los daños en mercancía, aparte de la estructura del edificio.

Llama al diálogo el obispo Arizmendi

En tanto, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel hizo un llamado a que se busquen caminos de diálogo para solucionar el conflicto, pero "primero que se deslinden responsabilidades, y se investigue el trasfondo".

Señaló que los hechos mencionados "son preocupantes porque significa que en el fondo puede hay una serie de confrontaciones entre indígenas y mestizos, y eso traería consecuencia muy graves".

Francisco Zepeda, regidor panista en el ayuntamiento local, consideró que ante esta situación es necesario "atacar la desigualdad económica y social en los Altos de Chiapas, con programas de desarrollo".