Cientos de chiapanecas exigen durante marcha que se ponga fin a actos violentos

Golpean policías a mujeres que pretendían hacer peticiones al gobernador Loyola Vera

DE LOS CORRESPONSALES

Mujeres que pretendían entrevistarse ayer con el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, para plantearle la creación del instituto estatal de la mujer y otras demandas, fueron golpeadas por policías que custodian la entrada del palacio de gobierno de esa entidad.

El hecho ocurrió en el Día Internacional de la Mujer, celebración a la que se unieron cientos de mujeres de Chiapas y otras entidades, quienes, mediante foros y debates, reiteraron su condición marginal respecto al género masculino, aunque hubo quienes, como la activista Rosario Ibarra de Piedra, sostuvieron que "también hay mujeres que oprimen a los pobres".

Alrededor de 20 integrantes de organizaciones feministas, encabezadas por María Antonia Pérez Sosa, pretendieron ingresar al palacio de gobierno para solicitar una audiencia con Loyola Vera, con el propósito de plantearle la creación del instituto estatal de la mujer y un albergue para mujeres maltratadas.

Además, para que investigue la recurrente violación a sus derechos humanos por parte de las industrias locales y algunas dependencias gubernamentales, las cuales piden como requisito el certificado de ingravidez.

La intención de las mujeres fue frustrada por dos policías y un civil, aparentemente un concertador de la Secretaría de Gobierno, quien les pidió que le platicaran sus demandas. Pérez Sosa dijo que en la casa de gobierno, a lo que el civil se negó argumentando órdenes estrictas del gobernador de no dejarlas pasar.

Su argumento se basó en que las mujeres llevaban pancartas; sin embargo, María Antonia no portaba ninguna y así se lo señaló, intentando dar un paso adelante para ingresar, pero fue rebotada por el cuerpo del civil, quien le dobló los brazos por la espalda. Varias de sus compañeras pretendieron intervenir para que la soltara, pero los policías arremetieron contra ellas a empujones.

A pesar de ello, las mujeres entraron y solicitaron, en el departamento de Atención Ciudadana, una audiencia con el mandatario, mientras el supuesto concertador salía apoyado por otros policías. Las agraviadas anunciaron que demandarán penalmente a los policías y al civil que las agredieron, además de que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Mientras tanto, Loyola Vera, su esposa, Maricarmen Arana, y la directora del programa nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Teresa Aranda Orozco, inauguraban la tercera feria estatal de la mujer, uno de cuyos actos consistió en un desfile de hombres y mujeres en ropa interior.

Exigen que se cumplan los acuerdos de San Andrés

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cientos de mujeres marcharon desde el barrio San Diego hasta las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia zona Altos, para exigir el cese de la violencia en su contra y que se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Luego de permanecer en plantón un rato y de entregar un documento con las demandas al subprocurador, Bulmaro Acuña Nuricumbo, se retiraron y por la tarde participaron en actos culturales realizados en el teatro Zebadúa.

En la comunidad Majomut, municipio de Chenalhó, decenas de indígenas de la organización civil Las Abejas, acompañadas por los llamados Equipos Cristianos por la Paz, hicieron una manifestación frente al campamento que el Ejército Mexicano mantiene en ese lugar desde 1998.

De manera simbólica, las indígenas que ingresaron a las instalaciones del puesto castrense entregaron "visas" a los soldados, para que "regresen a sus comunidades de origen y dejen de molestarnos".

En Tapachula, integrantes de la agrupación Lazos y Comunidades Autónomas del Soconusco marcharon y efectuaron un mitin frente a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde entregaron un documento mediante el cual denuncian el incumplimiento de las autoridades federales para crear fuentes de empleo para las mujeres.

Hilda Anchieta García, vocera de este grupo, indicó que en el documento se solicita también investigar al ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien no cumplió con la promesa gubernamental de crear 300 mil empleos fijos para las mujeres, pues de éstos no fueron creados ni 20 por ciento.

Por su parte, la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, sostuvo que también hay mujeres que oprimen a los pobres, y consideró que sólo con una lucha conjunta se podrá acabar con los actos de injusticia contra el llamado sexo débil.

En la lucha por la defensa de las garantías de la mujer, dijo, existen damas que aseguran que la búsqueda de la igualdad no tiene que ver con géneros; sin embargo, terminan su lucha con "una María de los Angeles Moreno, con una Dulce María Sauri Riancho o con una Marta Sahagún. ¡Caray! Que se defiendan ellas, porque están del lado de los explotadores que nos mal gobiernan".

En Acapulco, Guerrero, el Partido Acción Nacional exigió a las autoridades judiciales una investigación exhaustiva sobre la violación a la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, y castigo para el presunto militar que cometió el delito, así como que se indemnice a la víctima por daños y perjuicios.

Cabe recordar que Rosendo Cantú, originaria de la comunidad de Barranca de Bejuco, municipio de Ayutla, en la región de la Costa Chica, interpuso una queja contra presuntos militares el 26 de febrero de 2002, ante la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En Nuevo León, el Pacto Plural de Mujeres señaló que, no obstante los avances registrados, se continúa viendo a las mujeres como fuerza laboral pasiva y de resistencia, que puede contratarse por los salarios más bajos sin demandar seguridad laboral o respeto a sus derechos humanos.

La organización emitió un comunicado en el que asentó que a principios del tercer milenio, pese a los avances en el pasado siglo, "no existe un solo país en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres".

En tanto, el obispo del puerto de Veracruz, Luis Gabriel Cuara Méndez, pidió aplicar el derecho canónigo y excomulgar a los legisladores, federales y estatales, que impulsen leyes en favor de despenalizar el aborto.

En su mensaje, acusó a los legisladores de anteponer afanes populistas y electoreros a la defensa de la vida humana, considerando al feto como un apéndice de la mujer, no como un ser con vida y dignidad propias. (ALEJANDRO GONZALEZ, ELIO HENRIQUEZ, RODOLFO VILLALBA, RENE RAMON, MISAEL HABANA, DAVID CARRIZALES Y ANDRES T. MORALES.)