Las autoridades no le han dado indemnización
Llevan ONG el caso de niña violada en Baja California a la CIDH
ANGELES CRUZ
Las organizaciones civiles mexicanas Alaide Foppa y Epikeia presentaron ayer, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso aún no resuelto de la violación de esas garantías contra la menor de edad Paulina Ramírez, a quien se le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo producto de una violación, a pesar de que en las leyes la práctica está permitida.
A casi tres años de ocurridos los hechos, no sólo no ha habido una indemnización para la joven, ahora madre de un niño de dos años de edad, sino que el gobierno mexicano ni siquiera ha reconocido el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, aun cuando sean contrarios a la moral católica.
En conferencia de prensa, Isabel Vericat, presidenta de Epikeia, explicó que Paulina fue víctima no sólo de violación física, sino también de sus derechos a la integridad personal, a la libertad de decisión con consentimiento informado, a la intimidad, a la salud y a la libertad de conciencia.
Y es que no existen los recursos que aseguren el ejercicio del derecho al aborto cuando es producto de una violación. Lo anterior, a pesar de que es una causal incluida en todas las leyes del país desde los años 30.
La petición de las organizaciones civiles, que desde un principio han apoyado a Paulina Ramírez, se presentó ayer en una audiencia con los integrantes de la CIDH. El acusado es el gobierno mexicano. De admitir la petición el organismo internacional, empezará la negociación con las autoridades del país. De fracasar el esfuerzo, el caso podría presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló Vericat.
El caso de Paulina alcanzó resonancia internacional. Tenía 13 años de edad cuando un par de drogadictos se metieron a robar a su casa, en Baja California. La violaron y aun cuando ella y su madre denunciaron los hechos ante las instancias judiciales e incluso obtuvieron una autorización del Ministerio Público para interrumpir el embarazo, diversos funcionarios públicos y médicos de aquella entidad se lo impidieron.
De acuerdo con el Código Penal, el aborto en estas condiciones es posible hasta los tres meses de gestación. Paulina fue coaccionada durante este tiempo para que desistiera del aborto.
