Se están cediendo plazas a criminales, advierte

Amaga Coparmex con exhibir a titulares de seguridad ineptos

HUMBERTO ORTIZ MORENO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia que no cumplan con los compromisos para abatir el delito en plazos perentorios, seis meses a lo mucho, sean depuestas para fincarles responsabilidad por incompetencia, pues en algunos estados se "están cediendo la plaza a los criminales".

Jorge Espina Reyes, presidente del organismo, denunció ayer una campaña de presión e intimidación en contra de su gremio, a raíz de las declaraciones por el índice creciente de secuestros, y responsabilizó a los gobernadores, en especial al de Chihuahua, por daños que pudieran sufrir los patrones afiliados.

De acuerdo con datos de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex, existen 300 mil órdenes de aprehensión pendientes en el país, que equivalen a favorecer la comisión de delitos, además de que no se esclarece ni 10 por ciento de delitos denunciados ni se investiga 80 por ciento.

Espina Reyes condenó la insensatez de algunos procuradores de justicia por su falta de compromiso político, desconocimiento del delito de secuestro y ''poca y deficiente atención a las víctimas", mientras los plagios son un gravísimo problema que "sigue presente en el país".

El organismo patronal presentó sus estadísticas actualizadas sobre secuestros durante el periodo enero-diciembre de 2001 y en ellas precisa que en primer lugar quedó el Distrito Federal, con 149 casos; luego el estado de México, con 47; Sinaloa, con 26; Guerrero, con 22; Morelos, con 17, y Puebla, con 12.

Tlaxcala, otrora entidad de parsimonia, registró ocho privaciones ilegales de la libertad y en dos asesinaron a las víctimas, aunque en uno la procuraduría estatal afirma que la causa de la muerte no provino del rapto.

Quieren acallar denuncias

Los 52 miembros de la Comisión Ejecutiva de la Coparmex repudiaron la propuesta de algunos procuradores estatales para penalizar a las familias que paguen un rescate para liberar a los secuestrados o no denuncien el hecho, porque pretende ocultar la incapacidad de los funcionarios en la persecución y castigo de los delincuentes, así como la incompetencia de las autoridades para prevenir y atacar el ilícito.

A la vez, advirtieron, es sencillamente una condena a muerte contra las víctimas, distrae a la población ante la falta de investigación oficial y confirma la falta de decisión política para indagar y sancionar a las corporaciones policiacas que están protegiendo a los secuestradores.

Así, Espina sostuvo en rueda de prensa que esa propuesta no busca abatir el plagio, sino acallar la queja sobre su creciente número. "No es el pago de rescates lo que fomenta el secuestro. Es la impunidad y la protección de que disfruta la mayoría de los delincuentes".

Acusó a los procuradores estatales de permitir "la migración" al plagio de delincuentes dedicados a otros giros criminales, al no esclarecer ni 10 por ciento de los ilícitos denunciados ni investigar 80 por ciento de los mismos.

Por si fuera poco, Espina deploró que haya algunas autoridades que traten con desprecio, prepotencia y autoritarismo a las víctimas de secuestro. Por tanto, demandó la participación de los tres poderes de la Unión para combatir ese ilícito, en especial que los legisladores cubran las lagunas jurídicas por las que agentes del Ministerio Público y jueces sueltan a los delincuentres, y que los códigos penales de todo el país sean homologados.

En suma, José Antonio Ortega, asesor de la Coparmex, aclaró que si en dos meses después de las recomendaciones que emita el organismo no hay respuesta, será publicada la foto del servidor público que ayude al criminal. Y si pasan seis, se exigirá investigar hasta girar orden de aprehensión contra las instancias gubernamentales que fomenten el secuestro.