Guillermo Almeyra
Argentina: datos duros y proyectos opuestos (I)
š Después de la devaluación, la deuda pública y privada de 200 mil millones de dólares llega a 450 mil millones de pesos, o sea, representa 70 por ciento del producto interno bruto argentino. Es impagable y por consiguiente no se debe seguir pagando, para reservar los pocos fondos de que se dispone a la reconstrucción nacional. Los prestamistas sabían que arriesgaban al dar dinero a gobernantes dictatoriales y a ladrones que ellos corrompían para conseguir negocios.
2. En un país que por décadas conoció el pleno empleo, la desocupación afecta actualmente a 22 por ciento de la población económicamente activa, y la subocupación, a 20 por ciento. Hay 6 millones de desocupados y la mitad de los asalariados gana menos de 200 dólares mensuales al cambio actual. Lo esencial es crear trabajo, hacer obras públicas, crear industrias sociales, así como elevar el nivel de vida, con la eliminación de los impuestos a los bienes de primera necesidad, la reducción del costo de los servicios y subsidios especiales a la alimentación escolar. Todo eso se puede pagar con el dinero ahorrado del pago de la deuda y con impuestos extraordinarios al gran capital.
3. La pobreza es inherente a todo régimen clasista y, por lo tanto, también al capitalismo. Pero las políticas deliberadas de concentración de la riqueza y de reducción de los salarios reales propias de la actual mundialización dirigida por el capital financiero hicieron que la pobreza -la otra cara de la riqueza concentrada, expropiada- pasase de 5 por ciento en los años 70, a 12 por ciento en los 80, a 40 por ciento en los 90, y supere ahora, en algunas provincias, el 60 por ciento. Los autores de las políticas que multiplicaron la pobreza tienen nombre y apellido: son los ex dictadores y la gran oligarquía que los apoyó y apoya, Alfonsín y sus seguidores, y Menem y sus secuaces, entre éstos Duhalde. Sin ellos las políticas de sus amos imperialistas no se podían aplicar. šQue se vayan todos! Es necesaria una nueva dirección política, con un plan opuesto al del capital financiero, que construya un Estado democrático desde abajo hacia arriba y lo apoye en una política internacional de cooperación con los pueblos vecinos (no con las empresas multinacionales que los controlan), que incluya hasta el trueque, lo cual exige estatizar el comercio exterior y, antes que nada, cambiar el carácter del aparato estatal, para evitar el riesgo de la corrupción.
4. La devaluación aumentó brutalmente los precios de los insumos para la industria y el comercio y afectó duramente el consumo y los salarios. Al mismo tiempo, benefició a los bancos y las grandes empresas, licuando su deuda, que se redujo a menos de la mitad. El gobierno emite bonos para compensar a los bancos por la pesificación y los apoya financieramente. Eso es injusto. Las grandes empresas ganaron con la pesificación más de 20 mil millones de dólares, mientras los ahorristas perdieron 30 mil millones. Los bancos deben ser estatizados bajo control de sus empleados, que deberán asegurar la transparencia de sus operaciones. Deberán tener un fin de fomento del desarrollo y de la producción.
5. La recaudación impositiva cayó 30 por ciento en 2001, y seguirá cayendo, porque los grandes grupos evaden y la caída del consumo y del empleo reduce el cobro a los pobres. Es imperativa una reforma drástica del sistema fiscal, que haga que paguen, y asegure que lo hagan, los que pueden, no los que no pueden.
El gobierno de Duhalde-Alfonsín sigue sometido a la lógica y las instrucciones del capital financiero y de los órganos de poder estadunidense, como el FMI. Su proyecto de nación es el del capital financiero: ser el gestor de la crisis, trabajar para una Argentina jibarizada, redimensionada, de menos de 10 millones de personas, que aún pueden ser mercado.
El proyecto real de otra ala del capital financiero mundial -expresado por la idea que circula en el FMI de que los países, como las empresas, deben quebrar y ser embargados, por la idea de que la Argentina es una república bananera y por la propuesta de Rudiger Dornbush de imponerle al país comisionados que controlen su política fiscal, sus finanzas, su política monetaria y la recaudación de impuestos- implica la ocupación militar, como hicieron las potencias en el siglo XIX en el caso del puerto de Veracruz, en México, para cobrar su deuda, o en el del puerto de Maracaibo. Esa política es coherente con la guerra de Bush y con su ruptura total de la legalidad internacional y amenaza no sólo la soberanía argentina sino la de todos los países dependientes y deudores. Es un proyecto colonial e imperialista.
Queda el tercer proyecto, el popular, nacional, antimperialista y anticapitalista a la vez, que ni siquiera está esbozado, pero que está implícito en muchas de las movilizaciones y organizaciones deliberativas, como las asambleas populares. Sobre este proyecto y las dificultades que enfrenta retornaremos. 
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