La CEDH informó que
está analizando el documento y que ya requirió una
respuesta a la Sindicatura del ayuntamiento.
La alcaldía, a través de su Dirección de Comunicación
Social, manifestó que no dará respuesta al documento.
Empero, reiteró que las medidas contra la corrupción
promovidas por el munícipe Luis Paredes Moctezuma han
afectado intereses particulares en las corporaciones
policiacas, y que "los movimientos de supuesta
inconformidad en la SSPVM son producto de esas
afectaciones".
Añadieron las autoridades de la ciudad que están
abiertas al diálogo con los integrantes de los cuerpos
de seguridad "para resolver sus justas demandas de
mejoras laborales" y que respetan a los uniformados.
"Más allá de la discusión por los chalecos, la
intención fundamental del ayuntamiento es lograr la
dignificación de la SSPVM y sus integrantes, así como
mejorar los servicios a la ciudadanía", apuntaron. Presión, chantaje y amenazas
La queja entregada a este diario viene
acompañada con copias simples de más de 50
identificaciones oficiales de los agraviados y una
veintena de credenciales de elector, además de más de
80 firmas. El documento está fechado el 4 de marzo
pasado, pero según la CEDH fue recibido el jueves 7 de
marzo.
Los servidores públicos inician señalando que el
alcalde Luis Paredes Moctezuma, desde que asumió el
cargo, "realizó de manera drástica e irreflexiva
una serie de violaciones a la Constitución Política del
Estado de Puebla y a los reglamentos municipales que
venían regulando la vida jurídica de las acciones del
gobierno municipal y en especial de la Dirección a la
que pertenecemos"(sic).
Recuerdan los uniformados, en el texto que entregaron a
la CEDH: "Con la aparente intención de evitar la
corrupción (se) acordó en el cabildo extraordinario del
pasado 16 de febrero no cobrar las multas por
infracciones a los reglamentos de Tránsito y Vialidad
(el señor Paredes de manera peyorativa en abierta ofensa
a nuestra dignidad y a los derechos humanos que deben ser
tutelados por esa institución, llama 'mordidasÕ),
medida que ha tenido una serie de repercusiones negativas
en nuestra integridad física, emocional y principalmente
en la eficacia con la cual debemos desempeñar nuestras
labores, la que por supuesto se ha visto mermada, habida
cuenta que somos objeto de una serie de burlas y escarnio
por parte de la ciudadanía" (sic).
Y añaden: "Lo anterior obedece a una imposición
por parte del alcalde para portar chalecos fosforecentes
con la figura de un cocodrilo con un hocico grande y la
leyenda 'no a la mordidaÕ (... lo cual) atenta contra el
respeto mínimo que nos debe como servidores públicos y
que ha sido perdido por parte de los ciudadanos al ser
víctimas de mofas y burlas pues ahora se nos conoce como
'cocodrilos mordelonesÕ, 'los cocodrilos de ParedesÕ,
'los cocoles mordelonesÕ (por provenir de un gobierno
del PAN)...".
Expresan los quejosos que el martes 19 de febrero pasado
realizaron un paro de labores para protestar contra el
programa de exención de sanciones y "fuimos
víctimas de presiones, chantajes y amenazas de despido
por parte del comandante çngel Contreras Tapia y Jaime
Zurita, secretario de Gobernación municipal, en el
sentido de que de persistir con nuestra rebeldía 'afuera
había muchos que querían la chamba y que estaban
dispuestos a portar los chalecos, así que váyanle
pensando".
Indican que la orden de ponerse las prendas mencionadas
fue suspendida temporalmente. "Sin embargo, nos han
expresado de manera personal que esto es porque la
elaboración de uniformes costó mucho dinero y
finalmente los vamos a tener que usar, queramos o
no".
Los elementos de la SSPVM en dos partes del texto afirman
que la medida de condonar multas no ha sido bien recibida
por la ciudadanía. Además, resaltan que tal
disposición ha sido criticada por diversos partidos
políticos. Junto a la queja y las copias de sus
identificaciones anexaron recortes de diversos diarios
locales que dan cuenta del malestar en la corporación y
las críticas recibidas por Luis Paredes Moctezuma.
En el penúltimo párrafo reiteran: "Hacemos del
conocimiento de esta presidencia de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos que hemos sido amenazados por parte
del secretario de Gobernación municipal, Jaime Zurita,
en el sentido de que en caso de realizar alguna protesta
pública seremos despedidos inmediatamente, lo que
muestra la intolerancia de este nuevo gobierno municipal
que pretende imponer sus arbitrarias decisiones mediante
el chantaje".
"Las medidas se están viendo con
buenos ojos".
En su respuesta de ayer, la Dirección
de Comunicación Social de la Comuna aseguró que el
programa provisional de condonación de sanciones
económicas "ha cumplido con las expectativas y
hasta ahora los ciudadanos han visto con buenos ojos las
medidas".
Para fortalecer su aseveración, la dependencia comunal
recordó que en la sesión extraordinaria del cabildo
poblano, celebrada el pasado viernes, se decidió por
mayoría de votos ampliar el proyecto hasta el próximo
28 de abril.
En el acto referido, el presidente de la Comisión de
Transporte Público y Vialidad Municipal, Héctor Octavio
Montiel García, dijo que en casi tres semanas de
aplicación del programa "los ciudadanos han
comprendido la importancia de cumplir con los reglamentos
municipales, además de que se ha evitado la aplicación
de mordidas".
Para sostener sus argumentos el regidor dijo que los
ciudadanos realizaron mil 247 llamadas al servicio
telefónico de atención 060. Según su dicho, el 57 por
ciento manifestaron su apoyo al proyecto y el 38 por
ciento dijeron estar en contra. En el mismo acto, Luis
Paredes Moctezuma afirmó que una encuesta de la
consultoría "MŔller y Diez Mercadotecnia y
Desarrollo Organizacional", aplicada a 500 personas,
dio como resultado que el 68 por ciento de los varones
apoyan la medida y el 60 por ciento de las mujeres
también. Según el edil, el 68 por ciento de los
conductores particulares está de acuerdo, el 70 por
ciento de los taxistas también y el 60 por ciento de los
choferes del transporte público con ruta respaldan la
decisión de no pagar multas.
Cabe recordar que, además de la protesta del 19 de
febrero pasado, el martes 5 de marzo más de 200
policías municipales realizaron un paro de labores como
represalia a que dos de sus compañeros fueron
acuartelados, después de que se enfrentaron con
delincuentes e hirieron a uno. En esa ocasión, los
gendarmes también expresaron su malestar causado por las
medidas tomadas en la nueva administración. Las quejas
provocaron la destitución de Eduardo Aguilera Frías
como subdirector operativo de la corporación. También
se anunció la salida de Ulises Herrera Saldaña, quien
fungía como director jurídico de la secretaría.
Asimismo, el lunes 4 de marzo 200 trabajadores del
Departamento de Parques y Jardines, después de hacer una
suspensión de trabajos por cuatro horas, lograron el
cese de Liz Andrea Tamayo Spanopolus como titular del
organismo.
Además, desde que inició la presente administración
estatal, el secretario general del Sindicato ònico de
Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e
Instituciones Paramunicipales, Israel Pacheco, ha
declarado que la parte patronal se ha dedicado a hostigar
a sus representados para lograr que renuncien.
La denuncia del líder ha sido llevada a la tribuna de la
LV Legislatura local por el diputado priista, Carlos Meza
Viveros y su homólogo del Partido Convergencia por la
Democracia, José Rodolfo Herrera Charolet.
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