El Centro Pro rechazó la hipótesis de suicidio desde la sesión de la CIDH del 7 de marzo

Impugna Amnistía "contradicción" de Bátiz sobre la muerte de Ochoa

El procurador habló primero de crimen político y de terrorismo de derecha: Christian Rojas

VICTOR BALLINAS Y ANGELES CRUZ

El director de Amnistía Internacional (AI) sección México, Christian Rojas, criticó "la contradicción" del procurador capitalino, Bernardo Bátiz, quien primero dijo que el homicidio de la defensora Digna Ochoa era político, días más tarde manifestó que era un signo de terrorismo de la extrema derecha y ahora se filtran informes de que fue suicidio.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que desde el pasado 7 de marzo, en una de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se analizó el caso Digna Ochoa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Pro rechazaron, con base en los elementos existentes en el expediente, que Digna se hubiera suicidado.

"Con sorpresa y preocupación conocimos la información filtrada, al parecer por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en el sentido de que la defensora de derechos humanos se suicidó y no se trató de un crimen", señaló el director del Centro Pro, Edgar Cortez.

Explicó el porqué de su asombro: "Desde principios de febrero el procurador dijo que estaban abiertas todas las líneas de investigación, desde el suicidio hasta el crimen de Estado. Desde que se conoció esa información la rechazamos, y el 7 de marzo se le pidió en Washington a la PGJDF que profundizara en la investigación dirigida a verificar si en los hechos existió participación de agentes del Estado o de cualquier otra persona".

Cortez reivindicó la memoria de la abogada: "Fue nuestra colega y compañera, una defensora de los derechos humanos que luchó hasta el último momento contra la impunidad y por la vigencia de los derechos de todas las personas". Reafirmó su compromiso con la verdad y exigió el esclarecimiento de los hechos con base en pruebas sólidas y consistentes. "Las conclusiones definitivas deberán cumplir estrictamente con los siguientes

criterios: que estén basadas en la existencia de pruebas contundentes, que la prueba técnica sea verificada por expertos independientes y que dichas conclusiones sean explicables dentro del contexto en el cual se dieron los hechos".

La abogada Carmen Herrera, del área jurídica del Centro Pro y quien asistió a Washington a las audiencias de la CIDH, dijo: "Se le pidió a la procuraduría capitalina, en concreto al subprocurador Renato Sales Heredia, que antes de dar a conocer resultados de la investigación se agotaran todas las líneas de investigación, por ejemplo la última visita de Digna a Guerrero ?de la que se sabe poco?; se investigaran las amenazas que recibió y que no fueron indagadas, y su actividad de defensora de los derechos humanos. Incluso se le pidió que se esperara el informe del asesor técnico de la CIDH, experto que entregará un informe en breve sobre el homicidio".

Cortez y Herrera destacaron: "Queremos saber si del 7 de este mes a la fecha la PGJDF reforzó su investigación en el homicidio; si está en posibilidad de cumplir con el compromiso que junto con toda la delegación representante del gobierno mexicano asumió ante la CIDH, los familiares y peticionarios".

El director del Centro Pro solicitó que la PGJDF se pronuncie expresa y públicamente para aclarar lo siguiente:

"Si la información que aparece publicada fue emitida oficialmente por la propia procuraduría, informe a los familiares de Ochoa, al Centro Pro, a Cejil y a la CIDH, así como a la comunidad nacional e internacional, si entre el 7 de marzo y ayer fue verificada y confirmada la pruebe técnica que obra en su poder, de tal modo que deba tomarse como una conclusión.

"Si no fue una información oficial, se informe sobre las acciones que está llevando a cabo para investigar y sancionar la fuga de información y las consecuencias de la desinformación que se lleguen a provocar. Si nos encontramos frente a una desacertada falla (sic) dentro del proceso de investigación, ésta debe ser corregida de inmediato, identificando a los responsables para su sanción de acuerdo con las leyes.

"Si está en posibilidad de cumplir con el compromiso que junto con toda la delegación representante del gobierno mexicano asumió ante la CIDH."

Cortez abundó que en espera de la información que la PGJDF les haga llegar, el Centro Pro afirma lo siguiente: "Reivindicamos la memoria de quien fuera nuestra colega y esperamos que el gobierno mexicano, incluyendo a la PGJDF, cumpla con los compromisos asumidos; exigimos que durante la investigación se tengan en cuenta los antecedentes de amenazas y hechos de hostigamiento que precedieron la privación de la vida de Digna Ochoa".

Contra informes parciales

Christian Rojas, de AI, aseveró por su parte que si la PGJDF tiene elementos contundentes del suicidio, que los muestre, pues la información parcial en diarios no es la mejor forma de resolver el crimen de la abogada.

Se habla en la información proporcionada por la PGJDF de que se trata de una sola línea de investigación: "nos llama la atención la contradicción del procurador, quien hace cinco meses dijo que fue crimen político y ahora dice lo contrario".

Esta situación, señaló, "nos lleva a pensar si hubo precipitación al principio de parte del procurador, o como siempre, se duda de la procuración de justicia, pues no hay una investigación totalmente acabada".

Nos gustaría, destacó Rojas, que el procurador confirme o explique esa información. "Nos habría gustado conocer el informe completo, y señalamos que la forma como se dio a conocer no es la mejor", agregó.

Por otra parte, Adriana Carmona, directora del área jurídica de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que es posible que existan elementos técnicos para pensar que Digna pudiera haberse suicidado, pero es claro que los responsables montaron una escena en el lugar del crimen para desviar las investigaciones.

De antemano descartó que esa línea de investigación prospere y mencionó que la semana pasada, el suprocurador Renato Sales asistió a una audiencia privada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual trascendió que el funcionario se comprometió a continuar las indagatorias y aceptar la vigilancia y asesoría técnica de ese organismo internacional.

Hasta donde se sabe, dijo Carmona, la PGJDF sigue tres líneas de investigación. Ninguna se ha agotado, por lo que es obvio que las autoridades judiciales están trabajando y no tienen ninguna intención de cerrar el caso.

Además, comentó que en el crimen de Ochoa existe una ventaja que lo diferencia de casos como los de Abraham Polo Uscanga o Luis Donaldo Colosio, en los que el tiempo demeritó la prueba: la oficina donde la defensora de los derechos humanos fue encontrada sin vida no ha sido alterada.