Domínguez Zambrano también "solapó estructura interna de corrupción", indica

Pruebas suficientes contra el alcalde deAtizapán por ejecución de regidora: PGJE

Detecta la Contaduría General de Glosa desvío de $30 millones de la Hacienda municipal

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ, RENE RAMON Y GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSALES Y REPORTERO

Atizapan de Zaragoza, Mex, 12 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) identificó al alcalde Antonio Domínguez Zambrano como el presunto autor intelectual del homicidio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez.

Estableció que el panista habría solapado la existencia de una "estructura interna de corrupción" que operaba en su gobierno y que esta "organización criminal" actuó desde la administración del ahora senador Carlos Madrazo Limón.

Asimismo, una fuente de justicia que pidió no ser citada por su nombre indicó que Enrique González Fonseca, alcalde sustituto de Domínguez Zambrano, se presentará esta semana, por enésima ocasión, a ampliar su declaración, y no se descarta que también pudiera ser arraigado con relación al homicidio de la regidora y al espionaje y actos de corrupción en este municipio.

Alfonso Navarrete Prida, procurador de Justicia, aseguró que las investigaciones sobre la ejecución de Tamez Pérez están en su etapa final, y que existen elementos suficientes para consignar al edil y a varios de sus funcionarios.

Agregó que entre los soportes para ejercitar acción penal se ubican los resultados preliminares de la Contaduría General de Glosa del Congreso local, que detectó un desvío de 30 millones de pesos de recursos públicos de la Hacienda municipal, corrupción y actos de extorsión.

Dijo que de acuerdo con los testimoniales y evidencias circunstanciales de familiares, servidores públicos y regidores del gobierno atizapense se definió el móvil del crimen, se circunscribieron actos de corrupción y de extorsión en el gobierno, así como actos de espionaje y vínculos de distribución de droga en giros negros.

Indicó que existen evidencias e imputaciones directas que incriminan al alcalde arraigado desde hace ocho días en un hotel de Tlalnepantla.

El edil, precisó, incurrió además en "falsedad de declaraciones ante la autoridad judicial y tuteló" actos de corrupción cometidos por una red criminal que operaba en su gobierno, "que encajaría en nuestro Código Penal como delincuencia organizada".

Pretendió huir a España

Navarrate Prida puntualizó que el alcalde tuvo la oportunidad de "decir su verdad" y deslindarse de responsabilidades. Sin embargo, incurrió en encubrimiento y falsedad de declaración, que lejos de contribuir a identificar a los servidores públicos y personas involucradas con la red interna de corrupción de su gobierno, "obstaculizó las indagaciones e incurrió en falsedad de declaración".

Dijo que durante los siete meses de indagaciones del caso de la regidora ejecutada, el edil se opuso a proporcionar información y documentos oficiales que le fueron requeridos.

Indicó que un sábado antes de su arraigo, un grupo de diputados del PAN acudió a sus oficinas a abogar por el alcalde y pidió que no fuera arraigado, pero "para entonces ya mediaba una orden judicial de presentación", dijo el funcionario.

Agregó que en un "acto de buena fe", la PGJE le autorizó presentarse al lunes siguiente a rendir su declaración ministerial. Sin embargo, se agilizó ante un juez que liberara una orden de arraigo, debido a que el alcalde tenía reservaciones del vuelo de las 6:15 horas de Aeroméxico, con destino a España. "Por eso el Ministerio Público se vio obligado a actuar."

De acuerdo con las diligencias judiciales y de un informe preliminar de la Contaduría General de Glosa ?organismo que actuó a petición de la PGJE para identificar posibles actos de corrupción en el uso de recursos públicos?, se detectó un presunto desvío de 30 millones de pesos de la Hacienda municipal.

Navarrete Prida aseguró que hay evidencia en la averiguación previa de testimonios que establecen que algunos funcionarios y personas están involucradas con delitos del fuero federal, como la distribución de droga al menudeo en "algunos antros".

También se delimitó el delito de espionaje, y estableció que la dependencia estatal cuenta con un dictamen técnico acerca de cómo operaba la casa de espionaje localizada a unas cuadras del palacio municipal, la cual supuestamente rentaba José Luis Martínez Lara, empleado del gobierno local.

Sobre este hecho, dijo que se identificó a otro funcionario que fungió como "enlace técnico" para conectar las cámaras y micrófonos e intervenir las líneas telefónicas.

Trascendió que sería Narciso Urbina, secretario particular de la presidencia, quien fue acusado hace 15 días de extracción de documentos del inmueble público durante una amenaza de bomba.

Dijo que en el palacio municipal se detectaron "cámaras ocultas" en las oficinas de los servidores públicos, y mediante éstas eran vigilados desde presidencia municipal. Anotó que existe sistema de seguridad de video para edificios, pero que éste no fue el caso de Atizapán.

Destacó que se agotarán todas las líneas de investigación, y que antes de que se cumplan los 30 días de arraigo, la investigación será presentada ante el juzgado para que se liberen las consignaciones correspondientes.

Dijo el procurador que el alcalde incurrió en franco "encubrimiento", debido a que teniendo presente que el director de Seguridad Pública y el secretario del ayuntamiento, Gerardo Cortés Jiménez y Antonio Vega de la Garza, respectivamente, tenían orden judicial de presentación, dijo desconocer su ubicación una vez que se ausentaron de sus funciones. Más adelante se hizo oficial que él les autorizó por escrito vacaciones "retroactivas".

Indicó que ambos funcionarios están oficialmente prófugos de la justicia y que al menos 40 agentes judiciales, en coordinación con sus similares de otras entidades, los buscan en territorio nacional, pues se estableció que son piezas claves en las indagaciones de los delitos que surgieron con la ejecución de Tamez Pérez. Se esperaba que acudieran a la Subprocuraduría a ampliar su declaración.

En cambio, agentes judiciales detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público al subdirector de Seguridad Pública municipal, Martín Gachuz Santiago, con el fin de que rinda su declaración ministerial, y al jefe de Supervisión de la corporación, Raúl Bonilla Pérez, así como al policía municipal José Luis Lara Martínez.

Una fuente de la dependencia dijo que Lara Martínez es la pieza clave, debido a que arrendó el cuarto de la casa número 6, de la calle Calacoaya, en la colonia Francisco Villa, y además supervisó el equipo de telefonía y cámaras de video que fueron instalados en ese domicilio con conexión a la presidencia municipal.

La fuente, que no quiso ser citada por los medios de comunicación, indicó que este miércoles serán arraigados los tres, de acuerdo con una orden del juez primero del penal de Barrientos.

En tanto, se busca a los ex servidores públicos Raúl Yáñez y Armando González Fernández, ex administrador del aeropuerto municipal y ex director de Desarrollo Urbano, respectivamente, para que rindan su declaración en torno a presuntos actos de corrupción en ambas dependencias.

Pide la PGJE "organigramas" del gobierno de Madrazo Limón

El procurador, por otra parte, estableció que "cuando se investiga el crimen de la regidora se advierte que la estructura de corrupción tiene mucho de su origen en la administración anterior", cuando Madrazo Limón fue presidente municipal. Por ello, el Ministerio Público solicitó los "organigramas" de las administraciones de Domínguez Zambrano y de la gestión del ahora senador mexiquense.

Con el listado de servidores públicos de ambos gobiernos se identificará la participación en ascensos y posiciones de quienes asumieron distintos cargos públicos y que están identificados en diversos delitos.

Solicitarían revocación de mandato

El gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, dejó abierta la posibilidad de solicitar al Congreso local la revocación de mandato del alcalde de Atizapán, José Antonio Rodríguez Zambrano, aunque para ello aseguró que se conducirá "conforme a lo que marca la ley".

Durante una gira de trabajo por Chalco, el mandatario insistió en que su gobierno actuará después de los procedimientos que lleve a cabo la PGJE.

En tanto, el diputado local Emilio Serrano Jiménez solicitó a la Procuraduría General de la República que atraiga las investigaciones relacionadas con el asesinato de la sexta regidora del municipio de Atizapán, María de los Angeles Tamez.

El legislador perredista aseguró que las autoridades federales deben ser las encargadas de conducir las indagatorias, pues la PGJE "ha recabado información que presume el involucramiento del presidente municipal Antonio Domínguez Zambrano en actividades de narcotráfico".

Además, dijo que presumiblemente el aeropuerto Jorge Jiménez Cantú era "utilizado para descargar avionetas" con droga.