La fiscalía para desaparecidos presentó plan de trabajo; se instaló comité de apoyo

No juzgaremos instituciones, sino a personas: Creel

Señaló que no hay razón para eludir la obligación legal de esclarecer hechos del pasado

GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA

Al darse a conocer el plan de trabajo de la fiscalía para desaparecidos y la instalación del comité de apoyo a ese organismo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo que en México ya no hay intocables y que la investigación del pasado no representa un dilema frente a la preservación de la estabilidad política y la impartición de justicia.

Ante el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, Creel subrayó que no hay razón que pueda esgrimirse para "seguir eludiendo la obligación legal de esclarecer los hechos del pasado, acreditar las responsabilidades y, en su caso, hacer formal denuncia de los presuntos responsables".

Aseveró que en México ya no se vale esconder la verdad y negar la justicia "con el fantasma de que se provocará una supuesta inestabilidad política. En México ya no hay intocables y ustedes -dijo a los integrantes del comité- se encargarán de ello".

Por su parte, Ignacio Carrillo Prieto aseguró que su trabajo entregará, como lo exige la sociedad, "resultados concluyentes y apegados a la verdad de los hechos", tanto en lo sucedido el 2 de octubre de 1968 como durante la llamada guerra sucia de los años 70; para ello, indicó, se investigará con "determinación y perseverancia para que las atrocidades reprobables queden erradicadas de nuestro porvenir".

Tarea de regímenes democráticos

Durante su discurso, Creel Miranda esbozó los alcances que habrá de tener la fiscalía especial para desaparecidos, y dijo que la revisión del pasado es una tarea fundamental de los regímenes democráticos para construir un futuro sobre bases sólidas; es una parte del proceso de transición.

"Los episodios oscuros del pasado deben conocerse y procesarse en la conciencia nacional, no sólo para condenar lo ocurrido y lamentarnos, sino para evitar que se repitan y, sobre todo, para deslindar responsabilidades e impartir justicia, que son funciones esenciales de un estado de derecho democrático".

En su discurso mencionó cómo se ha abordado la investigación del pasado en otros países, y dijo que en México la única opción que fue rechazada de antemano fue la de la complicidad. El gobierno rechazó "cerrar los ojos y quedarse callado ante sucesos tan deplorables como la masacre de Tlatelolco en 1968, el Jueves de Corpus en 1971 o la llamada guerra sucia de los años 70".

Destacó que la única manera de construir la democracia es combatir la impunidad, pero en el caso mexicano se eligió la vía institucional de crear una fiscalía especial, toda vez que se consideró que las comisiones de la verdad son valiosos instrumentos para revelar historias ocultas, pero no para proponer sanciones y alcanzar la justicia.

Manifestó que en las investigaciones del pasado no habrá revanchismos políticos ni cacería de brujas. Tampoco se busca "saciar anhelos de venganza o realizar juicios universales. No juzgamos a las instituciones, sino a personas de carne y hueso que abusaron de su posición e investidura para cometer delitos".

Aludió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se instó a la PGR a investigar lo sucedido el 2 de octubre de 1968, sin prejuzgar la prescripción de los posibles delitos.

En este contexto señaló que el gobierno determinó ejercer a plenitud sus atribuciones constitucionales y optar por la creación de la fiscalía especial y de un comité ciudadano de apoyo, instancias que contarán con los recursos y las garantías para realizar su trabajo con autonomía e independencia, sin presión alguna.

Más adelante hizo énfasis en que los alcances de la investigación no tienen límites, pues "para la verdad y la justicia no debe haber barreras, se puede citar a cualquier persona a declarar, independientemente de sus investiduras pasadas. En México ya no se vale esconder la verdad y negar la justicia con el fantasma de que se provocará una supuesta inestabilidad política".

Posteriormente, en una entrevista realizada en la Secretaría de Gobernación se le preguntó si se esclarecerán los crímenes ocurridos durante la administración salinista, y dijo que también, no solamente los acontecimientos ocurridos en décadas pasadas, sino los más recientes.

Castigo a responsables

Ignacio Carrillo Prieto afirmó que logrará una reconstrucción histórica de lo sucedido en 1968 y en los años 70, además de resoluciones jurídicas que castiguen a los responsables de esos hechos que son demandas sociales "desde hace siete lustros".

Agregó que "el esclarecimiento histórico, que es exigencia social, no admite diferimiento ni encuentra contradicción con las medidas ministeriales que implementará el fiscal especial".

Dijo que asume su labor considerando que "los conceptos sociales sobre los hechos que se investigan no son verdades probadas sino probables", por lo que le corresponderá dar valor a los señalamientos de los ofendidos y acusados, para llegar a establecer las presuntas responsabilidades.

Pero, aclaró, como fiscal o Ministerio Público "no le corresponde nunca la función decisoria del juez", es decir, a los integrantes del Poder Judicial es a quienes tocará decidir si una persona es o no culpable de los delitos que se le imputan.

Ante más de 200 personas reunidas en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología e Historia, afirmó que los trabajos de la fiscalía a su cargo y la instalación del comité, representan la respuesta gubernamental a la exigencia ciudadana por que se esclarezcan los hechos en los que se encuentran involucradas personas vinculadas con movimientos sociales o políticos del pasado, y se hagan respetar los derechos humanos y libertades fundamentales de las víctimas, ofendidos e inculpados, reconocidos por instancias nacionales e internacionales.

Destacó que su plan de trabajo está dividido en cinco programas que responden a 64 acciones y que se desarrollará en tres ejes, que son: el jurídico ministerial, que permite investigar e integrar las averiguaciones previas, ejercer la facultad de atracción y sostener la acción penal ante los tribunales competentes; el de cooperación, participación ciudadana y vinculación institucional, mediante el cual se acreditará el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados; finalmente, el de investigación e información, que prevé la integración de equipos interdisciplinarios de investigación documental, bibliográfica y hemerográfica, para esclarecer los hechos y dejar constancia histórica de los ilícitos.

Respecto del Comité de Apoyo a la Fiscalía, Carrillo Prieto dio a conocer que éste estará integrado por Luis González de Alba, Juliana González Valenzuela, José Luis Izunza Espinosa, Salvador Martínez della Rocca y Mario Ramírez Salas, quienes, por sus conocimientos y experiencia, fueron elegidos para integrar ese grupo.

Al respecto, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, externó su compromiso de velar por el respeto a la ley y al combate a la impunidad, y reiteró que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto contará con todo el apoyo de la PGR para que "los mexicanos tengan una investigación seria, profesional y transparente".

Entrevistado al término del acto, Salvador Martínez della Rocca dijo que su incorporación al comité obedece al hecho de entender que es una oportunidad histórica para esclarecer y hacer justicia sobre los excesos del pasado.

Sin embargo, de entrada delineó una diferencia importante respecto de la posición oficial: a su juicio, la masacre de Tlatelolco y la guerra sucia obedecieron no a iniciativas personales sino a una política de Estado perfectamente instrumentada desde las más altas esferas del poder.