Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 21 de marzo de 2002
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También podría pedir más días para el alcalde Domínguez Zambrano

Solicitará la PGJE ampliar 15 días más el arraigo impuesto a tres involucrados en el caso Atizapán

En Tlalnepantla, Montiel Rojas asegura que con la ley no se negocia

ISRAEL DAVILA, SILVIA CHAVEZ Y RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSALES

Aunque existen elementos suficientes para consignar ante un juez a Daniel García Rodríguez, ex secretario particular del alcalde de Atizapán de Zaragoza, José Antonio Domínguez Zambrano, la Procuraduría General de Justicia del estado de México solicitará una ampliación de 15 días más de arraigo, al cual está sujeto desde el pasado 26 de febrero, confirmó el procurador Alfonso Navarrete Prida.

En el mismo caso, dijo, se encuentran Martín Moreno Rodríguez y Elvia Moreno Rodríguez -dueños de la casa de espionaje, en la que supuestamente el ayuntamiento intervenía las conversaciones telefónicas de sus regidores-, quienes fueron arraigados el 3 de marzo.

La ampliación del arraigo también podría solicitarse en el caso del edil panista José Antonio Domínguez Zambrano, quien se encuentra en la misma situación desde el 5 de marzo, para que así puedaN empatarse todas las fechas con los últimos arraigados: Martín Gachuz, subdirector de Seguridad Pública municipal; Rafael Pérez Bonilla, jefe de Supervisión de la corporación, y José Luis Lara, quienes apenas el 13 de marzo fueron arraigados.

Navarrete Prida señaló que el Ministerio Público podría consignar a los siete arraigados, ya que se tienen elementos de su responsabilidad en diversos delitos; sin embargo, con esta ampliación se podrían fortalecer las pruebas, indicó.

A Daniel García Rodríguez se le acusa de extorsión, corrupción -cuando fue servidor público, al inicio de la administración municipal-, intervención de conversaciones privadas, asociación delictuosa, por el homicidio de la regidora Tamez Pérez.

Navarrete Prida tampoco descartó que el contralor de Atizapán pudiera correr la misma suerte de ser arraigado, ya que en este momento se encuentran analizando sus declaraciones, toda vez que se le ha señalado como uno de los participantes en una red de corrupción.

En los casos de Antonio Vega de la Garza, ex director de Seguridad Pública municipal, y Gerardo Cortez Jiménez, secretario del ayuntamiento, prófugos de la justicia desde el 25 de febrero, señaló que la dependencia tiene indicios del lugar en el que se encuentran, aunque aún no tienen la certeza de su ubicación.

Estos dos funcionarios municipales cuentan con un amparo contra una orden de arraigo que vence hoy a las 24 horas, a lo que el procurador señaló que lo más probable es que se sobresea este recurso, lo que permitirá que no evadan la acción de la justicia una vez que se les capture.

El procurador mexiquense aseguró que son cuatro los regidores atizapenses quienes han sido amenazados de muerte tras el asesinato de Tamez Pérez, e indicó que ninguna persona ha recibido protección por parte de la dependencia, aunque señaló que él mismo ofreció protección a quien diera datos para esclarecer la ejecución de la regidora.

En Tlalnepantla, el gobernador Arturo Montiel Rojas sostuvo que "con la ley no se negocia; yo estoy para aplicar la ley tope donde tope", dijo al lamentar la situación que sucede actualmente en Atizapán de Zaragoza.

Por otra parte, regidores locales autorizaron la instalación de un sistema de acceso controlado al fraccionamiento Las Alamedas, colonia en donde habitó y fue ejecutada el pasado 5 de septiembre la regidora María de los Angeles Tamez Pérez, de tal forma que en esta comunidad serán instaladas barras de ingreso, casetas de vigilancia, señalamientos para entrada y salida, y los vecinos podrán acceder a esta comunidad mediante tarjetas electrónicas previamente codificadas.

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