Necesario, consolidar la ley en la materia, coinciden

Persiste la intolerancia religiosa en México: gobierno y credos

Entre menos se politice la Iglesia, mayor respeto: clérigo

JOSE ANTONIO ROMAN

Aun cuando en los recientes años se han registrado avances importantes en el respeto a la libertad religiosa, todavía se observan con frecuencia "brotes de intolerancia" en varias regiones del país, lamentó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán.

"Afianzar la cultura del respeto y la tolerancia" son tareas pendientes que tienen conjuntamente el gobierno y la sociedad, dijo el funcionario de la Secretaría de Gobernación, al participar en un foro de reflexión sobre la libertad religiosa en México, a 10 años de la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, convocada por la Sociedad Bíblica de México.

Sin duda alguna, dijo, la ley de hace 10 años significó avances considerables en materia de libertad religiosa, y posibilitó el reconocimiento de las diversas iglesias como asociaciones religiosas, pero también es cierto que a una década de su promulgación, la ley requiere consolidarse, dado que existen una serie de cuestiones que deben analizarse con seriedad, mesura y conocimiento, como podría ser el avanzar en la regularización de la situación jurídica de los inmuebles, propiedad de la nación que tienen en uso las iglesias.

Por su parte, el director de la Sociedad Bíblica de México, Abner López, afirmó que todavía hay mucho camino por recorrer para que los mexicanos vivamos en un país verdaderamente plural, democrático y tolerante. Los brotes de intolerancia religiosa en Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, sólo por citar algunos estados, están latentes y "falta mucho para que cantemos victoria", y se pueda decir que este derecho fundamental del hombre se respeta plenamente.

Tras hacer un breve recuento de estos primeros 10 años, en el que citó como uno de los puntos positivos el que los ministros de culto de las más diversas iglesias se tratan ahora con mayor frecuencia y respeto, el también pastor presbiteriano recordó que el movimiento evangélico también ha recibido un trato insultante de algunos jerarcas católicos.

De manera especial, recordó al ex nuncio apostólico Gerónimo Prigione, quien calificó a las iglesias protestantes como "moscas que debían aplastarse", "lobos rapaces" y "sectas extranjerizantes", términos que todavía utilizan indebidamente algunos medios de información.

Preferencia gubernamental a católicos

Y aunque con matices, señaló que aun cuando la instancia gubernamental tradicionalmente ha actuado con cierta inclinación y preferencia hacia la Iglesia católica y su jerarquía, este trato tiende cada vez más a ser igualitario. "Lo hemos mejorado, pero todavía no es un logro", subrayó.

Durante su intervención, el director de la Sociedad Bíblica -la principal elaboradora de las Sagradas Escrituras en el país- apuntó que otro aspecto loable de estos dos lustros es que el gobierno mismo conoce a las iglesias evangélicas y a sus líderes, no sólo en su legítima tarea proselitista, sino también en las áreas donde prestan un servicio, como es el de la salud, educación y el de las publicaciones.

Tras su recuento, Abner López concluyó que mientras menos se politice a la Iglesia, y el Estado intervenga menos en asuntos religiosos, en esa medida el país crecerá en tolerancia y respeto. "El Estado y los medios de comunicación deben dejar de promover religión alguna, y los religiosos debemos dedicarnos a fomentar en el pueblo los valores evangélicos", dijo.

En tanto, el presbítero católico Antonio Roqueñí Ornelas hizo una serie de cuestionamientos a las reformas de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales, tras las cuales concluyó que a 10 años de distancia se puede decir que tal reforma "no dejó satisfechos" los legítimos deseos de quienes aspiraban a un estado de derecho verdaderamente moderno, basado en el respeto irrestricto a todos los derechos humanos.

Señaló que en el artículo tercero se logró abrir un "modesto" espacio en el rígido monopolio educativo vigente en este país, al no prohibir expresamente, como en el texto anterior, que las iglesias y los ministros de culto puedan intervenir como cualquier otra persona en la educación privada y fuera de los programas oficiales.

Reforma "tacaña"

Respecto al artículo 24, consideró que con la reforma quedó garantizada "tacañamente" la libertad de creencias religiosas y de culto público, pues persiste una restricción reglamentaria incongruente con el rango constitucional que le corresponde a esta norma. Los conceptos consagrados en la nueva redacción son sólo parte del derecho humano a la libertad religiosa, no la agotan sino que lo acotan aquí.

Sobre el 27, señaló que aunque se reconoce a las iglesias su derecho a tener patrimonio propio para cumplir sus fines, que estaba prohibido antes de las reformas de 1992, la legislación constitucional y secundaria es "sumamente deficiente" y no se ha logrado superar la simulación que en esta materia se sigue produciendo. Aquí inciden también el aspecto fiscal y el complejo tema de la propiedad inmobiliaria, incluyendo a los templos todavía de propiedad federal.

Sin embargo, de manera especial se refirió al artículo 130, del cual, dijo, no existe más avance que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias, porque en él persisten todavía las "restricciones y prohibiciones" de ciertos derechos ciudadanos a los llamados "ministros de culto".

Incluso, Antonio Roqueñí propuso que dicho término desapareciera del texto constitucional, pues la Carta Magna se llega a ocupar de las profesiones políticas, tales como diputados, senadores, presidente, y de militares en diversos rangos o de profesiones que exige determinado cargo público (como la de abogado para ser Procurador General de la República), pero en el caso de los ministros de culto sólo tuvo el propósito de negar varios derechos ciudadanos y políticos a los clérigos. No más.

Acuerdos de cúpula entre
gobierno y jerarcas: sociólogo

También con una postura crítica, el sociólogo Carlos Martínez Assad, tras citar el clima de intolerancia religiosa que persiste en muchas zonas del país, consideró que la falta del reglamento a la Ley de Asociaciones Religiosas se debe a que continúan los acuerdos de cúpula entre el gobierno y la jerarquía católica, además de que la sociedad no ha jugado ningún papel en las decisiones sobre esta materia.