Jueves 21 de marzo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n El órgano de la UAP acordó fijar postura sobre la educación superior
En medio de críticas a la política presupuestaria federal, el CU aprobó el presupuesto para 2002

Ignacio Juárez Galindo n
El Consejo Universitario (CU) aprobó ayer el presupuesto de la Universidad Autónoma de Puebla para el ejercicio fiscal de 2002, que ascenderá a mil 726 millones 719 mil 248 pesos. No obstante, la institución pondrá en marcha políticas de austeridad, ahorro y de búsqueda de recursos extraordinarios. Sin embargo, varios integrantes de dicho órgano criticaron el reducido apoyo que el gobierno federal otorgó a las instituciones de educación superior regionales, la inequidad en la distribución de los recursos, la política presupuestal, así como la postura que han asumido los tres últimos sexenios de "acotar" la autonomía de las universidades, por la vía de la asignación y comprobación de los apoyos financieros que reciben.
Ante esta situación, el máximo órgano de gobierno de la UAP acordó fijar una postura pública respecto a las políticas de educación superior de los gobiernos federal y estatal, en la que se analice si dichas directrices y los presupuestos que las acompañan "son las que el país o las regiones realmente necesitan".
Durante la sesión extraordinaria, efectuada ayer en el salón Barroco del edificio Carolino, Jaime Vázquez, vicerrector de Planeación, Presupuesto e Investigación Institucional, presentó el proyecto de presupuesto para 2002. De entrada, el funcionario realizó una amplia descripción sobre la política presupuestaria y la forma en que se distribuyó los recursos a las instituciones. Informó que pese a haber un incremento de 15 mil 37 millones de pesos para el sector educativo, la educación superior sólo recibió 3 mil 850 millones de pesos, de los cuales, 2 mil 850 corresponden a las universidades estatales, 500 millones a la UNAM, 300 millones a la UAM y 200 millones al IPN, a lo que se agrega mil millones para el Conacyt.
A decir del funcionario, tales cifras confirman "la inequidad en la asignación de recursos", así como la diferenciación entre las universidades estatales y "federales", eso sin contar que éstas últimas reciben partidas presupuestales en más de 30 apartados, mientras que las locales obtienen sólo en cuatro. Pese a haber un incremento nominal de 11.9 por ciento respecto al año anterior en educación superior, indicó, esto no se refleja en la asignación del subsidio ordinario -aquel que aportan los gobiernos federal y estatal- para el grueso de las instituciones estatales, puesto que "se trata de apoyos no regularizables que llegan etiquetados, a los cuales sólo se podrá acceder a través de proyectos específicos, en su mayoría de competencia, además de estar sujetos a la recaudación del ejercicio fiscal".
Más adelante, Jaime Vázquez apuntó que ante la nula ampliación del subsidio público ordinario para gastos de operación -sólo recibió 4 por ciento para hacer frente a la inflación y los recursos para otorgar un incremento salarial del 5.25 por ciento-, la UAP inició reuniones de trabajo con la SEP federal, las cuales no tuvieron éxito. En su intervención, aseveró que "curiosamente cuando se tiene más claridad sobre el mejoramiento de la calidad y la rendición de cuentas, nos encontramos con que no existe una respuesta integral en la política presupuestal oficial".
De paso, abundó que también pudo comprobar que no existe ninguna congruencia entre "las mayores exigencias y metas" exigidas por el gobierno "con los recursos que en los últimos años han sido destinados" a este sector. "Se está poniendo en riesgo las mismas metas trazadas por el propio gobierno para 2006", agregó.
Empero, aclaró que sumado a la falta de incrementos a los subsidios existen "serias restricciones en el presupuesto para ciencia y tecnología". Como ejemplo, expuso que pese a que existe un aumento de mil millones de pesos, hay limitantes para la obtención de becas de repatriación, recursos para proyectos y posgrados de excelencia. Según estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 2002 para gasto en ciencia y tecnología hubo una disminución casi de 5 mil millones de pesos respecto al año anterior; mientras que en gasto de educación superior fue de 620 millones de pesos.
Al finalizar su intervención, Jaime Vázquez concluyó que el gobierno federal ha instaurado una política presupuestaria "con condiciones restrictivas en el gasto y políticas públicas que condicionan el desarrollo, que no comprenden la dimensión de las actividades de las universidad públicas". Sostuvo: "Nuestro quehacer demanda más recursos necesarios sin más condiciones que la transparencia y la aplicación de rendición de cuentas de sus estados; estamos comprometidos y mantenemos postura de discusión abierta sobre retos de la educación pública mexicana y un financiamiento justo, con reglas claras que reconozca el desempeño institucional. Indispensable tener acceso a alternativas de financiamiento de vinculación y fondos internacionales".

El presupuesto

En cuanto al presupuesto para la UAP en 2002, Jaime Vázquez dio a conocer que está conformado por mil 408 millones 134 mil 170 pesos de subsidio ordinario, 236 mil 759 mil 434 de subsidios extraordinarios y 81 millones 825 mil 644 peso de ingresos propios. En total, el 65 por ciento de los recursos son de gobierno federal, el 17 por ciento del gobierno estatal, 14 por ciento de "fondos específicos" y sólo el 5 por ciento de ingresos propios. Con base en datos recabados, este año hubo un incremento global de 263 millones 197 pesos al presupuesto de la institución respecto al año pasado.
Sostuvo que los lineamientos generales consisten en pasar de "un presupuesto inercial a uno con objetivos estratégicos". Existen cuatro programas prioritarios: fortalecimiento a recursos humanos, que recibirá mil 124 millones 902 mil 696 pesos; apoyo al desarrollo académico y administrativo, con 163 millones 160 mil 395; fortalecimiento de la infraestructura, con 261 millones 823 mil 288; así como fondos de apoyo al desarrollo institucional, con 176 millones 832 mil 868.
En lo que se refiere a estrategias de ahorro -principalmente en luz eléctrica y teléfono-, comentó que se pretende recaudar por este concepto unos 9.5 millones de pesos anuales. De paso, anunció que este año no habrá creación de nuevas plazas -académicas o administrativas- y el personal que sea contratado deberá estar plenamente justificado, será por sólo tiempo determinado y con cargo a las unidades académicas que los requieran.
Ante la ausencia de presupuestos especiales o extraordinarios, mencionó, la UAP hará reasignaciones de recursos, siendo el Hospital Universitario y el Bachillerato Universitario algunas de las áreas beneficiadas.

La discusión

Una vez concluido el desglose del presupuesto, el CU se centró en su discusión. En un principio, hubo reclamos de varios consejeros de que la información se les había entregado un día antes de la sesión extraordinaria y era necesario posponer su aprobación, propuesta que fue rechazada. Sin embargo, el debate sobre la necesidad de fijar una postura sobre la política en educación superior impulsada por el gobierno federal y hacer una revisión a los modelos presupuestales, lo inició el presidente de la Comisión Gran Visión 2020, Alfonso Velez Pliego.
Entre otras cosas, afirmó que en los últimos tres sexenios el Estado mexicano acotó los márgenes de autonomía de las universidades públicas e impulsó comités de evaluación externa que restringen la discusión y decisión de las instituciones de educación superior para acordar la forma en que mejor se debe distribuir los ingresos.
"En la actualidad, dijo, se propone la creación de una Instituto Nacional de Evaluación, hará lo que exactamente hicieron los comités de evaluación, muchos de éstos se quejaron porque los utilizaron para justificar la austeridad y la asignación de recursos. La presupuestación por programa limita el subsidio ordinario al gasto de nómina y todo lo demás viene etiquetado, en realidad no tenemos mucho que discutir porque los márgenes de modificación de lo que se nos presenta están extremadamente limitados porque están sujetos al modelo externo".
Por su parte, el rector Enrique Doger Guerrero calificó como "inequitativo" el presupuesto federal para educación superior y su asignación, ya que las universidades de provincia no reciben el mismo trato que otras instituciones. Señaló que pese a que la Constitución señala que no hay "mexicanos de primera ni segunda", en los presupuestos destinados a las instituciones de educación superior existen disparidades, situación que incluso es reconocida por las mismas autoridades federales.
Otro punto de inequidad, agregó, es que las entidades federativas aportan recursos para su educación superior, como es el caso de Puebla que destina el 20 por ciento con relación a la aportación federal; en Jalisco es del 50 por ciento, en Veracruz del 47 por ciento; mientras que el Distrito Federal no aporta un solo centavo, por lo que el resto del país financia a las instituciones que allí radican.
En una larga intervención, Doger Guerrero se sumó a la propuesta de Alfonso Vélez de que la UAP fije una postura respecto a las políticas de educación superior que tienen los gobiernos federal y estatal, con la finalidad de determinar si son realmente las que necesita el país o las regiones geográficas. En tono más conciliador, mencionó la necesidad de que se discuta y encuentre una propuesta que evite poner en riesgo la viabilidad de la educación superior en el país y el desarrollo socioeconómico de las regiones.
Comentó que las instituciones deben trabajar en una política común para fortalecer la educación superior pública, en la que también se considere el apoyo de la sociedad.