Viernes 22 de marzo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Asegura el gobernador Sánchez Anaya
La solución del conflicto en el TSJ, en manos de la SCJN

Juan L. Cruz, Víctor Varela y Fabián Robles n
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) agilizará las investigaciones para esclarecer el supuesto ejercicio indebido de funciones en el que incurre el magistrado Rufino Mendieta Cuapio al ostentarse como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), reveló el procurador Eduardo Medel Quiroz. En tanto, Alfonso Sánchez Anaya consideró que la solución de ese conflicto depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Eduardo Medel Quiroz abundó que para avanzar en las investigaciones sobre la denuncia que presentaron siete magistrados en contra de Mendieta Cuapio por el supuesto ejercicio indebido de funciones ha solicitado la respectiva información a la LVII Legislatura local y al Tribunal a fin de conocer del caso, sobre todo en torno a su designación y desempeño como presidente de ese órgano.
Luego de que este miércoles integrantes del Tribunal ratificaron ante el Legislativo su solicitud de juicio político en contra de Mendieta Cuapio, a fin de que se ejerza acción penal en su contra por incurrir en ejercicio indebido de funciones, Eduardo Medel Quiroz sostuvo que por parte de la PGJE no existe ningún interés político para proceder en contra del magistrado, por lo que "sólo si existe responsabilidad solicitaremos el desafuero ante el Congreso del estado para cumplir con la ley".
Sin embargo, destacó que cualquier determinación por parte de esta instancia sólo significaría una solución parcial a las diferencias jurídicas que persisten en el Tribunal, pues "nosotros vamos determinar en función de la probable responsabilidad del magistrado Rufino Mendieta Cuapio, pero sólo será una determinación paralela a la resolución que en el fondo el problema requiere".
Por su parte, el gobernador Alfonso Sánchez Anaya reiteró que en virtud de lo "empantanado" que se encuentra el conflicto, en el que el Ejecutivo estatal no puede intervenir, "la solución está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será hasta que esta instancia emita su dictamen cuando los magistrados sabrán a qué atenerse".
Fiel a su postura de que el Ejecutivo cumplió con los lineamientos que marca la Constitución respecto a su intervención para integrar las ternas de donde emanarían los magistrados, Sánchez Anaya enfatizó que no existe un individuo al que pueda señalársele como responsable de ese conflicto, pues "hay diferencias de opinión y una división entre los magistrados respecto de quién debe ser su presidente, y esto ha ocasionado el problema".
En tanto, el presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura local, Noé Rodríguez Roldán, adelantó la posibilidad de que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial ante las deficiencias y vacíos que presenta esa normatividad, mismos que han generado una polémica en torno a los mecanismos de elección del presidente del Tribunal.
Empero, reconoció que a más de 30 días de suscitado el conflicto, los legisladores no han revisado la Ley Orgánica de este poder, pero "no cabe duda que vamos a entrar a su revisión y análisis. Vamos a tomar cartas en el asunto, en nuestro ámbito está la revisión y el análisis de la ley y su consecuente reforma, adición o abrogación, en su caso, y expedición de una nueva ley, que de ser necesario se tendría que hacer".
Tras ratificar que la fracción priista reconoce a Rufino Mendieta Cuapio como presidente del TSJE, el también coordinador de la bancada del PRI adelantó que planteará a la Gran Comisión la modificación de esa ley y buscará definir el proceso con el consenso de las diferentes fracciones en este periodo ordinario, el cual concluye en junio próximo.
No obstante, Rodríguez Roldán reconoció que la modificación de dicha ley no resolverá el problema que vive el TSJE, "lo que lo va a resolver será la controversia que ya se ha planteado ante la Suprema Corte la reforma legal, no puede arreglar situaciones jurídicas que se dieron con base en la ley en vigor y otras de la ley pasada, por eso no es la solución y no vamos a evadir nuestra responsabilidad".
Acotó que en caso de que los integrantes de la LVII Legislatura resolvieran los vacíos legales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ésta "no tendrá efectos sobre las decisiones que fueron tomadas por la pasada legislatura local, por lo que la solución de este problema va más allá de una modificación de dicho precepto".
En cuanto a los juicios políticos que existen en contra de los magistrados, Ricardo Pérez y Rufino Mendieta, Rodríguez Roldán sostuvo que no habrá carpetazo en estos.