Impulsan PRI, PAN y PRD iniciativas que ahorrarían $1,200 millones en 2003

Buscan senadores reducir el costo de la democracia

ANDREA BECERRIL

Las tres principales fuerzas políticas del país presentaron ayer conjuntamente dos iniciativas encaminadas a reformar la legislación electoral para disminuir de manera sustancial los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, transparentar su uso y evitar que agrupaciones sin representatividad real se beneficien del erario y se conviertan en negocios familiares.

Las medidas, que senadores de PRI, PAN y PRD calificaron de intento por ''reducir los costos de la democracia mexicana'', representarían tan sólo en las elecciones intermedias de 2003, un ahorro de mil 200 millones de pesos. La propuesta, que seguramente se aprobará en este periodo de sesiones, dado el acuerdo, incluye asimismo fortalecer las facultades del Instituto Federal Electoral (IFE) para fiscalizar a los partidos políticos.

La nueva reforma electoral incluye también medidas para restructurar las alianzas, de tal forma que los votos de los partidos coligados se contabilicen por separado y los cómputos en las casillas sean de manera diferenciada, para que sólo los partidos con al menos 2 por ciento de la votación conserven su registro.

En tribuna, el senador del PAN Jorge Zermeño subrayó que el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) omitió diferenciar los procesos intermedios, en los que sólo se renueva la Cámara de Diputados, con la elección presidencial y de Congreso, lo que ha significado ''un financiamiento desproporcionado para los partidos políticos''.

Esa distribución de recursos ha provocado una situación anómala, pues ''entre menos votos obtiene un partido, mayor es el financiamiento que recibe'', agregó Zermeño, y detalló los cambios propuestos mediante las iniciativas para reformar la Constitución, el Cofipe, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.

Actualmente, del total de recursos públicos destinados a los partidos políticos, 30 por ciento se distribuye de manera igualitaria y el 70 por ciento restante de manera proporcional al número de votos. La reforma de PRI, PAN y PRD propone que se reparta sólo 20 por ciento entre todas las fuerzas políticas y 80 por ciento con base en la fuerza de cada uno.

Otra modificación toral va encaminada a reducir el financiamiento público a los partidos y las agrupaciones de nuevo ingreso en 50 por cierto. Es decir, de 2 por ciento que ahora indica el Cofipe a uno por ciento. Tanto el panista Zermeño como el senador del PRI José Antonio García Torres y el perredista Demetrio Sodi aseguraron que la reforma no va dirigida contra algún partido en especial.

''Con el uno por ciento se garantizan recursos suficientes para que los partidos de nueva creación acrediten su presencia y respaldo ciudadano, y que con esta medida deje de ser la solicitud de registro una especie de botín para quienes no tienen presencia ciudadana".

Con la restructuración del sistema de coaliciones, precisó García Torres, no se pretende cerrar el registro a nuevos partidos, sino cumplir cabalmente con la ley.

Sodi de la Tijera, a su vez, destacó que muchos de los partidos mantuvieron el registro por la vía de un acuerdo político y en adelante tendrán que ir directamente a las urnas para conseguir el voto del electorado.

Sodi advirtió que de no hacer esta reforma electoral, el costo del financiamiento a los partidos políticos se irá elevando cada vez más. En 2000, durante la elección presidencial, el financiamiento público a los partidos fue de 2 mil 500 millones de pesos y el próximo año será de unos 4 mil 800 millones de pesos. ''Es decir, el doble, lo cual será justificadamente criticado por la población de un país en crisis, que requiere ese dinero para salud, educación y otras áreas prioritarias".

Expuso también que el costo de las elecciones se multiplica por el número de partidos reconocidos. En 2000 eran cinco, ahora son ocho, y de darse otros registros ?hay diez que lo están solicitando? "habría un aumento escandaloso en el porcentaje de financiamiento".

Las modificaciones, precisaron los legisladores, entrarían en vigor después de las elecciones de 2003, por lo que todos los partidos se someterán al escrutinio ciudadano y el resultado determinará los montos de financiamiento público que se habrá de recibir.

Además se propone fortalecer las facultades del IFE a fin de de que, en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, verifique operaciones mercantiles realizadas por partidos y agrupaciones políticas nacionales.